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Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel, avaló ayer los polémicos ‘pinchazos’ que Baltasar Garzón había ordenado para intervenir las comunicaciones en prisión entre los principales imputados y sus abogados. Y lo hizo con un prolijo auto en el que llega a citar las escuchas a los presuntos asesinos de Marta del Castillo como precedente. Se trata de una decisión importante porque desactiva la ofensiva de los letrados que pretenden la anulación del sumario, y da un nuevo impulso a la investigación de esta trama corrupta que ha golpeado con fuerza al PP.

El juez asume las tesis de la Fiscalía frente a las reclamaciones de los abogados de José Luis Izquierdo, contable de Francisco Correa, y Javier Nombela, asesor popular del Ayuntamiento de Madrid. Según Pedreira, la intervención de las conversaciones entre Correa, sus colaboradores directos Pablo Crespo y Antoine Sánchez,  y sus respectivos abogados era una medida “objetivamente necesaria para la investigación de los hecho y proporcionada a la gravedad de éstos”.

El último levantamiento de secreto de sumario mostró cómo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia, había dado instrucciones desde la prisión de Soto del Real para ejecutar los fondos de la organización en Suiza. Los ‘pinchazos’ también sirvieron para descubrir como el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, coordinaba con su abogado los movimientos en las empresas patrimoniales de Correa. Otros detalles de las conversaciones exhibieron el talante de los imputados, como cuando Crespo ironizaba sobre su encarcelamiento: “Me dice Correa que por qué estamos aquí, si no hemos hecho nada, ji, ji, ji…”.

Sin embargo, más allá de su utilidad, los letrados, incluido el Colegio de Abogados de Madrid, consideran que se trata de escuchas ilegales que atentan contra un derecho fundamental: el de defensa. Para desmontar esta posición, Pedreira desgrana en 59 folios abundante jurisprudencia, entre la que destaca la apelación al caso de Marta del Castillo. El Ministerio Fiscal indica que en la investigación por la violación y asesinato de esta joven, el instructor del caso autorizó intervenir las comunicaciones de los imputados con sus abogados para esclarecer los hechos y conseguir hallar el cuerpo de la menor.

 “Es lícito aportar a la causa la grabación de las comunicaciones del imputado con su abogado si las mismas revelan dónde se puede localizar el cuerpo de la víctima”, señala el auto, que compara esta medida con la que padecieron Correa, Crespo y Sánchez. Pero los ‘pinchazos’ en el caso de Marta del Castillo también estuvieron marcados por la polémica. De hecho, el letrado de los padres de la joven asesinada apoyó la nulidad de las escuchas realizadas en la cárcel a los cuatro acusados, ya que consideró que estas medidas están restringidas para casos de terrorismo.

Supuestos de terrorismo

No obstante, Pedreira  rechaza que sólo se puedan llevar a cabo estas escuchas con terroristas. Para el instructor, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la intervención de las comunicaciones del procesado, prevalece sobre la Ley Orgánica General Penitenciaria, donde se recoge que se requiere “orden judicial” y “supuestos de terrorismo”. Este requisito, según el auto, se aplica sólo a la autoridad penitenciaria, no al juez que investiga un delito, que “nada tiene que ver con la aplicación de medidas de régimen penitenciario y es totalmente ajena a las limitaciones que se derivan de éste”.

Por otra parte, Pedreira recuerda a los letrados que  “algunos de los intervinientes han actuado simultáneamente como abogados y como imputados”, y que no se puede dar el absurdo de que el secreto profesional impida al Estado la persecución de delitos. Concretamente, el juez señala que los imputados continuaban cometiendo desde la cárcel blanqueo de capitales, y que las escuchas estaban encaminadas a su investigación, no a descubrir sus estrategias de defensa.

Pero este auto no supone el final de las demandas de los letrados. Luis Rodríguez Ramos, defensor del diputado autonómico del PP Martín Vasco, y vicedecano del Colegio de Abogados, destacó en que la decisión de Pedreira es recurrible, y que deberá ser la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien fije si se deben anular o no los ‘pinchazos’. Además, explicó que el Colegio madrileño mantiene su intención de querellarse contra Garzón por haber autorizado las grabaciones. Prueba de que el caso Gürtel puede enredarse todavía más.