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El juez Antonio Pedreira va a poner entre la espada y la pared a los cargos y ex cargos del PP implicados en el 'caso Gürtel'. El magistrado ha cambiado de estrategia y en vez de ir levantando poco a poco el secreto del sumario ha decidido hacerlo de golpe. Pedreira ha acordado prorrogar hasta principios del próximo mes de marzo el secreto de las actuaciones aunque su intención es declarar en fechas próximas la apertura total de las diligencias.

En febrero, las partes, es decir abogados defensores, acusaciones y Fiscalía, tendrán la documentación de la causa al completo, aunque la investigación no se dé por concluida. Esto quiere decir que los ex alcaldes de municipios madrileños y dirigentes de la formación de la Comunidad tienen menos de un mes para cambiar su plan de acción. Hasta ahora, se han negado a declarar ante Baltasar Garzón primero y Antonio Pedreira después alegando su indefensión por no conocer de qué se les acusaba.

Uno por uno, han ido desfilando por el despacho del instructor, y cada uno de ellos se ha negado a declarar hasta que no se levantara el secreto de sumario. Una estrategia común que ahora se ha visto alterada antes de tiempo. Se trata de los diputados autonómicos Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, además de los ahora ex alcaldes de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; de Arganda del Rey, Ginés López, y de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.

Una vez se levante, y se hagan públicos todos los indicios y pruebas que existen contra ellos, deberán replantearse si contestar a las preguntas del juez. Entonces se verá si efectivamente querían conocer primero qué existe realmente contra ellos o si era una mera táctica. En el segundo de los casos, será difícilmente explicable a la opinión pública por qué no han querido colaborar en el caso.

Cuando el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) levante la totalidad del secreto del sumario, todavía no habrá concluido con los interrogatorios de los imputados y podría volver a llamar a quienes se han negado a declarar por si quieren cambiar de parecer.

De los 65 implicados que hay en la causa, Pedreira sólo ha interrogado a 29 después de diez meses de investigación. El pasado 31 de marzo, el TSJM asumió la causa al ver indicios de delito contra varios aforados madrileños. Garzón se inhibió en favor de este tribunal y del TSJ valenciano al haber implicados cargos autonómicos.