ElConfidencial.com

El Gobierno llevará a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General el espíritu del mensaje de "o bombas o votos" que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viene enviando a la izquierda abertzale, mediante una reforma que impone la condena expresa a ETA para mantenerse en las instituciones.

El informe estudiado este viernes por el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso el próximo mes de mayo, amplía los plazos para impugnar candidaturas -se podrá hacer con la campaña electoral ya en marcha- e incluye por primera vez la posibilidad de expulsar de sus cargos a personas elegidas en listas de partidos ilegalizados con posterioridad.

Se quieren solventar así las lagunas observadas en los ocho años de aplicación de la Ley de Partidos, que no ha impedido casos como el de Iniciativa Internacionalista -que recibió el apoyo del entorno de ETA después de que el Tribunal Constitucional avalara sus candidaturas- y, sobre todo, el de ANV, que mantiene concejales en decenas de municipios vascos y navarros pese a su ilegalización.

Ahora, los cambios legislativos permitirán impugnar una candidatura hasta 44 días después de convocadas las elecciones, es decir, incluso en plena campaña electoral, y no será hasta el día en el que ésta finalice cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si la formación puede o no concurrir a los comicios.

Para casos como el de ANV, la reforma contempla la introducción de una nueva causa de "incompatibilidad sobrevenida", que afectará a los cargos electos -incluso en el Parlamento Europeo- en candidaturas de partidos que posteriormente a su concurrencia en los comicios sean declarados ilegales. Los electos cesarán en sus cargos salvo que declaren "expresamente" su rechazo y repulsa de las causas que hayan motivado la ilegalización de su partido.

La entrada en vigor de la reforma puede dejar a los veintiséis municipios vascos y navarros gobernados por ANV sin nadie que los gestione, ya que los ediles actuales tendrán que abandonar sus cargos si no condenan a ETA, pero serán sustituidos por otros del mismo partido, que también podrían negarse a hacerlo.

En esos casos, la ley establece que la vacante se cubra "con cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad", pero el Gobierno ya prevé que "el clima de violencia y coacción" imperante en esas localidades hará que nadie quiera ocupar esos cargos. Por ello, la reforma encomienda la gestión ordinaria de los municipios "a los órganos que tengan atribuida la competencia sobre régimen local", que en el caso del País Vasco y Navarra son las Diputaciones Forales.

"La ley tiene que prever la trampa"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que ha presentado su informe, Pérez Rubalcaba insistió en su mensaje de "o bombas o votos" y ha subrayado que la izquierda abertzale sólo tiene hoy dos opciones: convencer a ETA de que deje las armas o romper con ella.

Además, el ministro ha reconocido que las medidas planteadas no son ajenas a la situación de la lucha antiterrorista y que nacen de la experiencia adquirida durante los ocho años de vigencia de la Ley de Partidos, durante los que se han sucedido los intentos de la banda por burlar la norma. "En este caso, quien hizo la ley tiene que prever la trampa, y créame que lo prevemos", ha expresado gráficamente Rubalcaba.

El titular de Interior, sin embargo, no se quiso pronunciar sobre cuál sería la reacción del Gobierno si un partido legal como Eusko Alkartasuna decide finalmente acoger en sus listas a personas vinculadas a formaciones ilegalizadas y ha dicho que no procede "mezclar hipótesis" en este momento.

De hecho, la propuesta de reforma conocida este viernes no contiene ninguna previsión en este sentido, aunque el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reveló en San Sebastián que propuso al Gobierno la modificación de la Ley Electoral para posibilitar la impugnación de una lista de un partido legal si incluye a candidatos vinculados a formaciones ilegalizadas.

"De esta manera se puede cerrar esa vía, depende de la decisión final que adopte el legislador", dijo Conde-Pumpido.