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La reforma laboral avanza, aunque sea por la vía lenta. El próximo 12 de abril el Gobierno entregará a los agentes sociales -sindicatos y patronal- un nuevo documento más perfilado en el que planteará sus propuestas de reforma. En palabras de un dirigente sindical, se trata de un documento “de síntesis” elaborado a partir de lo discutido las últimas semanas.

La gran novedad es que con toda seguridad -salvo novedades de última hora- dejará de lado dos de los temas más peliagudos de la reforma: la contratación laboral y la intermediación en el mercado de trabajo. Es decir, la legalización de las agencias privadas de colocación y la reforma de los servicios públicos de empleo. El documento, por el contrario, profundizará en la modificación del sistema de bonificaciones, en el plan de empleo juvenil y en los expedientes de reducción de jornada (el llamado ‘modelo alemán’), cuestiones sobre las que existe un consenso básico, al menos entre sindicatos y Gobierno.

Las tres partes han concluido en los últimos días las negociaciones previas para llevar adelante una reforma laboral, y lo único que queda claro por el momento es el compromiso del Gobierno de entregar ese documento, que al contrario que el presentado a primeros de febrero contiene ya propuestas concretas de reforma, aunque sólo en las tres materias citadas. Ese documento, en cualquier caso, no será cerrado y está sujeto todavía a discusión con los agentes sociales, por lo que sólo cuando haya un acuerdo sobre esos asuntos las tres partes abordarán la parte sustancial de la reforma: el sistema de contratación laboral. Esto quiere decir que al menos hasta mayo no comenzará a discutirse el grueso de la reforma.

Lo que está fuera de toda duda, según fuentes de negociación, es que habrá pactos. “La opinión pública no entendería que no somos capaces de llegar a un acuerdo en estos momentos”, se asegura. Pero dicho esto, fuentes sindicales destacan que los problemas internos en CEOE están contaminando los contactos. “CEOE no habla con una sola voz, y eso complica las negociaciones”, aseguran esas fuentes. Los sindicatos consideran que los intereses de cada una de las patronales están impidiendo que los empresarios se expresen de forma unitaria, lo que se explicaría tanto por la debilidad de Gerardo Díaz Ferrán como por los problemas internos en Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, cuyo presidente, Jesús Bárcenas, está siendo acosado por los afines a Díaz Ferrán.

Con todo y con eso, los contactos siguen adelante. Y lo que hoy está claro es que el Gobierno propondrá un nuevo sistema de bonificaciones sustancialmente distinto al actual, que no ha servido para crear empleo, tal como se demostró en un informe coordinado por el profesor Luis Toharia y elaborado a instancias del Ministerio de Trabajo.

Colectivos de difícil inserción laboral

Se trata de pasar de un modelo que generaliza y casi universaliza el pago de bonificaciones a las empresas por contratar a por otro basado en criterios más restrictivos y destinado a colectivos de difícil inserción laboral: jóvenes, mujeres o parados de larga duración. Lo que está en juego son 2.850 millones que es lo que gasta este país en subvencionar a las empresas. Lo que en realidad se esconde detrás del actual sistema de bonificaciones es una rebaja de las cotizaciones sociales por la puerta de atrás. La nueva propuesta del Gobierno incluirá una fecha a partir de la cual se bonificará la conversión de contratos de trabajo temporales en fijos, y que podría tener carácter retroactivo.

La segunda materia sobre la que hay un consenso básico tiene que ver con el llamado ‘modelo alemán’, que permite a las empresas acometer procesos de ajuste de plantilla que no desemboquen necesariamente en la extinción del contrato de trabajo. Para ello se  pretende facilitar la reducción de la jornada laboral como instrumento de ajuste ante una caída súbita de la demanda.

Este asunto lleva ya meses sobre la mesa de trabajo del Gobierno, pero no sale adelante, por lo que es probable que cuando se apruebe ya estará hecho todo el ajuste laboral. Es decir, que su alcance será muy limitado. El hecho de que el modelo Kurzarbeitergeld cueste dinero público puede explicar el retraso.

El tercer asunto que incluirá el Gobierno en su nueva propuesta tiene que ver con lo que se ha venido en denominar plan de empleo juvenil. En este punto, lo que está sobre la mesa es reorientar las políticas activas de empleo (cursos de formación) para que se beneficien especialmente los jóvenes. Los sindicatos, además, quieren mejorar la protección social de los becarios y reformar los contratos de formación y práctica para que sirvan realmente para lo que están diseñados. En una palabra, se trata de evitar las “malas prácticas” que han funcionado sistemáticamente en este tipo de contrataciones.