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El Gobierno ha encontrado en la polémica gestión de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del ayuntamiento de Madrid la vía para deslegitimar el discurso económico del PP. Como si de una consigna se tratara, los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, y la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, arremetieron la semana pasada contra la deuda y el número de asesores del consistorio de la capital. Con las críticas a Gallardón, el Ejecutivo busca matar dos pájaros de un tiro: esquivar la exigencia de los populares para que se establezca un techo de gasto y un plan de austeridad que combata el déficit; y preparar el terreno para las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Los responsables económicos del PP han conseguido que la llamada Comisión Zurbano funcione como un altavoz para sus propuestas, aunque la posibilidad de un acuerdo global se haya diluido casi por completo. La oposición a la subida del IVA, la reducción selectiva de impuestos o el límite de gasto para las comunidades autónomas han chocado frontalmente con el abanico de medidas con que se sentó a la mesa la troika gubernamental. Además, los populares se han adelantado al resultado de las negociaciones presentando sendas iniciativas en el Congreso para bajar el IVA a las rehabilitaciones de vivienda, y para tomar medidas que" reduzcan de forma urgente el déficit público".

Esta última moción prevé, entre otras propuestas, establecer techos de gasto para todas las administraciones públicas, reforzar los límites y el control del endeudamiento, y cumplir el mandato del Congreso para reducir el número de ministerios y altos cargos del Gobierno. Ante esta ofensiva económica, el Ejecutivo, de la mano del PSOE, se ha servido de la gestión de Gallardón en Madrid para cuestionar la credibilidad de los populares y exigirles que den ejemplo de austeridad en las administraciones donde gobiernan.

El pasado jueves, Salgado, durante un cara a cara en el Congreso con Cristóbal Montoro, destacó la "incoherencia" del PP sobre los impuestos en ciudades como Madrid, donde, aseguró, se han elevado "a niveles insospechados". Asimismo, recordó que el ayuntamiento de la capital arrastra una deuda "bastante considerable". Una hora antes, también en sede parlamentaria, Chaves había recurrido a Gallardón para defender los fondos del Plan E, y que el alcalde había valorado como "un ejercicio de solidaridad de los madrileños con la generación de empleo".

Deuda y altos cargos

Ese mismo día, poco antes de comenzar la reunión con la delegación popular en el Palacio de Zurbano, Blanco recordó en Telecinco que el Ayuntamiento de Madrid "tiene miles de altos cargos y en muchos casos con retribuciones más altas" que la Administración General del Estado. El ministro de Fomento se refería así a la iniciativa que los socialistas han presentado en el consistorio madrileño "para que se reduzcan los 1.500 altos cargos de confianza, que cobran una media de 7.000 euros al mes". "No es posible que el señor Rajoy esté pidiendo la reducción de altos cargos en el Gobierno de España mientras hay un ayuntamiento que cuenta con 1.500 cargos de confianza", sostuvo el portavoz socialista David Lucas.

Con el mismo argumento, Pajín presumió el martes de que el Ejecutivo recortará el número de consejeros de Administración de las empresas públicas, mientras que el Ayuntamiento que dirige Gallardón es "el más endeudado de España y el que más número de asesores tiene por metro cuadrado". Un hecho que, sin embargo, rechaza de plano el equipo de gobierno del consistorio. Manuel Cobo, número dos del alcalde, tachó de "demagogia" las acusaciones de los socialistas y afirmó que "incluyen como 'cargos de libre designación' a los funcionarios que desempeñan funciones de jefe de servicio o de sección", algo "absolutamente absurdo" a su parecer, porque no son trabajadores "prescindibles, sino funcionarios".    

Pero lo cierto es que hasta Rajoy ha tenido que escuchar en sus debates con José Luis Rodríguez Zapatero que si busca austeridad y bajada de impuestos, comience por el consistorio madrileño. La deuda municipal se ha multiplicado desde que Gallardón llegó a la Alcaldía, y alcanzó al cierre de 2008 los 6.683 millones de euros. Una cifra que, según los socialistas, se situó a 30 de septiembre de 2009 en 7.364 millones. Unas cifras de infarto en plena crisis económica, que han impedido al consistorio abonar la factura de la luz. Como publicó este diario, Madrid debe 12 millones a Iberdrola, que en febrero cortó el suministro a varias dependencias municipales.

El PP pide un gran pacto

La deficitaria situación de las arcas municipales se combina con aumentos del IBI y la recuperación de la tasa de basuras, con la que el Ayuntamiento espera recaudar unos 169 millones. Este aumento de la presión fiscal ha generado la mayor contestación ciudadana contra Gallardón, que se ha traducido en diferentes campañas de protesta y manifestaciones. Sin embargo, desde el PP se valora que la tendencia ha cambiado, y que el equipo municipal ha regresado a la senda del equilibrio. Así, Gallardón anunció recientemente que el consistorio será "una de las poquísimas administraciones españolas" que presentará superávit en la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado.

Los populares también rechazan las críticas socialistas porque, aseguran, el Gobierno tiene la gran oportunidad de firmar un pacto con el principal partido de la oposición para controlar el gasto de todas las administraciones, ya que no tiene sentido que sólo se aprieten el cinturón las gobernadas por el PP. El partido de Rajoy apuesta incluso por un sistema de sanciones para aquellas comunidades autónomas que gasten más de lo permitido. Sin embargo, consideran que a Zapatero no le interesa este tipo de acuerdo porque perdería el apoyo de la izquierda y de los nacionalistas.