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Las relaciones con Cuba han dejado al descubierto un flanco vulnerable en las filas socialistas que el PP está dispuesto a seguir utilizando para castigar al Gobierno. Los populares pretenden que el Ejecutivo se retrate en el Congreso de los Diputados y deje claro cuál es su prioridad: si el diálogo con el régimen de los hermanos Castro o con los disidentes. Para ello presentaron ayer en la Cámara una proposición que exige a las autoridades cubanas “la inmediata e incondicional liberación de todos los presos de conciencia” e insiste en la vigencia de la posición común de la Unión Europea con la isla.

La muerte de Orlando Zapata desencadenó una nueva oleada de condenas hacia la dictadura, encendió las protestas en Cuba y colocó al ministro Miguel Ángel Moratinos en una difícil posición para seguir defendiendo una nueva relación bilateral entre la UE y Cuba. La confusión entre los socialistas ha sido evidente, como evidenciaron los problemas de Ramón Járuegui para explicar el voto del PSOE en Bruselas a favor de mantener la posición común, mientras Moratinos insistía en modificar esa doctrina.

En el seno del PSOE, estas diferencias de criterio separan a figuras favorables a una postura más intransigente, como Trinidad Jiménez, ex secretaria de Estado para Iberoamérica y actual ministra de Sanidad, y Elena Valenciano, responsable del área Internacional del PSOE,  del titular de Asuntos Exteriores. Pero, pese a estas fisuras, Moratinos ha logrado imponer de forma oficial la apuesta por una nueva relación con Cuba, y así lo defendió en sede parlamentaria la pasada semana.

Ahora, la iniciativa del PP ha situado a los socialistas ante un dilema similar al que padecieron en el Parlamento Europeo. Por una parte, no pueden abandonar unilateralmente la posición común, especialmente ahora que España presidente la UE. Pero, por otro lado, la proposición no de ley popular cierra la puerta a nuevos gestos de España hacia el régimen, y establece nuevas obligaciones al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP recupera viejas demandas, como establecer “un diálogo estructurado con la sociedad civil cubana”, reanudar “la solidaridad con la oposición democrática al régimen”, y establecer “una política de puertas abiertas para los demócratas en las embajadas”. Pero también incluye nuevas medidas para apoyar la libertad de expresión de los blogueros críticos, como la famosa Yoani Sánchez: dotar a las legaciones de “sistemas abiertos de conexión inalámbrica a internet, a disposición de los ciudadanos vecinos”. Asimismo, la iniciativa condena la muerte de Zapata, y reclama al régimen cubano que permita a la Cruz Roja Internacional y al Relator de Derechos Humanos de la ONU visitar las cárceles donde están recluidos los presos de conciencia.

Cumbre de primeros ministros conservadores

Dado que esta proposición fue registrada ayer en el Congreso, los grupos parlamentarios todavía no han fijado su posición, y pese a que todos coinciden en la defensa de los derechos humanos, fuentes parlamentarias recordaron que la letra pequeña acaba siendo la clave para la aprobación o no de este tipo de iniciativas. Cabe recordar que todos los partidos suscribieron una declaración institucional tras la muerte de Zapata, pero su redacción dista de la habitual dureza exhibida por los populares. El Congreso expresaba su “consternación” y su “honda preocupación” por la situación de los presos de conciencia, pero no condenaba explícitamente la dictadura castrista.

Al margen del debate parlamentario, la ofensiva del PP para endurecer la posición española con Cuba continuará este mes en Europa. Los primeros ministros populares de la UE incluirán esta materia en la cumbre que tendrá lugar en Bruselas el 25 de marzo. Previsiblemente, Mariano Rajoy participará de la reunión y trasladará su “preocupación” a líderes como la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro francés, François Fillon; o el presidente europeo, Herman Van Rompuy.