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El Gobierno no sólo cerrará las páginas que ganan dinero con las descargas, sino que perseguirá también a aquellas que, aunque no tengan ánimo de lucro, considere que actúan de mala fe para “causar un daño patrimonial”. Así lo recoge la redacción de la Ley de Economía Sostenible que se dio a conocer ayer, y que no despeja la gran cantidad de dudas prácticas y legales que ha suscitado la nueva norma contra la piratería. La novedad más significativa es la facultad que se otorga a la temida Comisión de Propiedad Intelectual para valorar si un sitio en Internet  “pretende” perjudicar al propietario o gestor de los derechos de una obra.

Hasta ahora, la justicia española había establecido que el intercambio de archivos, películas o discos a través de la Red no era ilegal, como tampoco publicar enlaces a estas páginas que los alojan. De hecho, en todas las ocasiones, los jueces han denegado el cierre de conocidas páginas de enlaces porque no cumplen los dos requisitos de ilegalidad: el alojamiento de archivos protegidos y el ánimo de lucro. Una protección con la que acaba la nueva ley, puesto que la Comisión gubernamental podrá reclamar a la Audiencia Nacional su cierre cautelar en un máximo de cuatro días y sin que un magistrado valore el fondo del asunto.

Por ello, la medida ha generado una nueva ola de incertidumbre entre los empresarios y usuarios que mantienen páginas en la Red, ya que, aunque no contengan publicidad, es decir, no se lucren con ellas, enlazar a los archivos podría acarrearles una sanción de la Comisión. Ésta tendrá finalmente la potestad para pedir autorización judicial y que la página 'señalada' elimine todo contenido considerado ilegal o en caso contrario, sea bloqueada de forma cautelar.

La cruzada del Ejecutivo tampoco ha caído bien en el colectivo de jueces. Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, señaló a este diario que la nueva legislación “es menos garantista”, ya que pretende que sea el responsable de la web quien vaya al juzgado a pelear por sus derechos, una vez cerrado su sitio, en lugar de ser el autor o la entidad de gestión quien demuestre en los tribunales que se ha cometido un delito. “Ninguna restricción de derechos y libertades fundamentales es bienvenida”, zanjó Sexmero, quien recordó que actualmente los jueces ya se ocupan de esta materia, aunque sus decisiones no sean suficientes para el Gobierno o las gestoras de propiedad intelectual.

La iniciativa también siembra dudas en la Asociación Profesional de la Magistratura. Su portavoz, Antonio García, expresó su escepticismo por que se pretenda abordar este problema de una forma tan urgente, y dejando tantas zonas oscuras. “Se debería haber consultado a más gente especializada en la materia, en lugar de dar tanto peso a las razones de naturaleza política, o a la influencia de un lobby específico”, indicó. Asimismo, García recordó que tras la decisión cautelar de la Audiencia Nacional se iniciará un pleito principal, en el que de esclarecerá realmente la pertinencia del cierre. Y todavía no está claro cómo se indemnizará a quien haya visto censurada su página durante meses, si finalmente la justicia le da la razón. 

Varias de las personas que en su día redactaron y firmaron el famoso manifiesto de internautas contra la Ley Sinde se han apresurado a responder ante el texto ya aprobado en el Consejo de Ministros el viernes pasado y que finalmente se hizo público este lunes por la mañana. En su carta abierta, titulada "Diez razones por las que la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible es una estupidez", sostienen que "la propiedad intelectual no es en modo alguno un derecho fundamental, y en ningún caso puede ser puesta por encima de éstos". Señalan además, que "montar un enorme aparataje legislativo y judicial para intentar combatir el declive de un modelo de negocio determinado es una auténtica barbaridad", en alusión a la supuesta complicidad entre la cartera de Cultura y el lobby de autores.

Finalmente, el decálogo intenta evidenciar la "inutilidad" de la ley, ya que "las páginas que sean cerradas reaparecerán con otros nombres, se clonarán cien mil veces, y se reubicarán constantemente", ya que -según sostienen- esas páginas ni siquiera son necesarias para localizar contenidos para su descarga