El Gobierno pone cerco al fraude en las subvenciones que cobran empresas ‘fantasma’

El proyecto de ley de presupuestos 2011 contiene una sorpresa. Los destinatarios son los beneficiarios de alguna subvención pública, quienes a partir del próximo 1 de enero van a tener mucho más difícil recibir dinero del Estado. El Gobierno, en concreto, ha incluido varias modificaciones de la Ley General de Subvenciones con un doble objetivo. Por un lado, para evitar fraudes, y, por otro, con el propósito de meter la tijera a una partida que se ha ido desbordando en los últimos años, y que tan sólo en 2009 ascendió a cerca de 11.000 millones de euros, alrededor del 1,1% del producto interior bruto.

El Ejecutivo, en concreto, ha introducido un párrafo que obliga a los beneficiarios de subvenciones públicas a comparecer ante los funcionarios públicos “en el marco de las actuaciones de control financiero”. Y matiza que estas comparecencias se harán “en su domicilio o en las oficinas públicas que se designen al efecto”.

De esta manera, el Gobierno quiere poner fin a la proliferación de empresas ‘fantasma’ nacidas únicamente para lograr alguna subvención pública. Y en este sentido se deja meridianamente claro que si durante el control a los beneficiarios éstos cambian de domicilio, “deberán comunicarlo a la Intervención General del Estado”. Si esta comunicación no se hace, se da por hecho que vale el domicilio anterior, por lo que si el afectado está ausente de esa residencia, el beneficiario podrá perder la subvención.

Empresas herederas

En esta misma línea, y para evitar fraudes, la ley General de Subvenciones incluirá un nuevo párrafo que prohíbe taxativamente percibir alguna cantidad pública a aquellas empresas que puedan ser herederas  de otras a las que se les haya retirado una ayuda del Estado por sentencia firme. En concreto, se dice que se  eliminará la subvención a las empresas cuando “pueda presumirse que son continuación o que se derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas” a las que se les haya quitado la ayuda.

La nueva ley, igualmente, incluye un nuevo párrafo que deja bien claro que únicamente son gastos subvencionables aquellos que “resulten estrictamente necesarios”.  Se completa, de esta manera, una norma que anteriormente era menos estricta a la hora de determinar si alguna ayuda pública entraba en los supuestos que marca la ley.   

Las subvenciones, como se ha dicho, tienen una importancia relevante en término económicos, y no solamente las destinadas a organismos públicos para financiar, por ejemplo, el transporte. Según el proyecto de ley de presupuestos, las transferencias de capital a empresas privadas ascenderán el año próximo a 716,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,3% respecto del año anterior. Pero además hay que añadir otros 890 millones de euros destinados a empresas privadas en transferencias corrientes, con un descenso del 3,3%.

Del dinero destinado a operaciones de capital, la tercera parte (237 millones) se destinará a primas y compensación de intereses en la construcción naval.  Otros 178 millones se los llevarán empresas localizadas en zonas de promoción y 131 millones se destinarán a programas de I+D-i.

Las transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro para 2011, igualmente, ascenderán a 1.298 millones de euros, lo que supone una disminución del 12,4% sobre el ejercicio anterior. Otros 4.262 millones se entregarán como transferencias corrientes a ese colectivo.

Las transferencias para favorecer el acceso a la vivienda son las de mayor cuantía dentro de este capítulo, por un importe de 833 millones de euros. Asimismo destaca la dotación de 320 millones de euros para transferencias encuadradas en la política de investigación, entre las que se incluyen las becas y ayudas de formación al profesorado e investigadores (129 millones de euros), y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica (125 millones de euros).