La Generalitat da por perdido el dinero robado del Fondo Social Europeo

La Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas catalán, que fiscaliza la Administración autonómica y empresas públicas, ha detectado 522 incidencias en 37 expedientes analizados en el marco de un informe solicitado por el Parlamento catalán sobre los recursos recibidos por distintas empresas y organismos del Fondo Social Europeo (FSE). Las incidencias detectadas, que se detallan en el documento 8/2010 fechado el pasado 13 de abril y que fiscaliza los recursos gestionados por entidades públicas del FSE entre los ejercicios 1999 y 2001, consisten principalmente en la falta de documentación de los expedientes e irregularidades en las facturas presentadas para optar a los fondos que se dieron con empresas como Movilma y el grupo Pallerols (vinculado al escándalo de desvío de fondos destinados a cursos de formación a parados durante los gobiernos de CiU), entre otras empresas y entidades.

La Sindicatura fue más allá y también analizó los procesos de recuperación de subvenciones, pero en este campo, el informe es demoledor. "Del análisis, se desprende que se han producido algunos ingresos por reintegro de las subvenciones revocadas, pero la mayor parte de los reintegros que han sido exigidos por la vía de la obligación han finalizado en baja por insolvencia". Es decir, que no existe ya ninguna posibilidad de recuperarlo.

Las incidencias detectadas motivaron en su día varios procesos judiciales que salpicaron al Ayuntamiento de Barcelona (caso Movilma) y a la Consejería de Trabajo en los últimos gobiernos de CiU, con Jordi Pujol como presidente de la Generalitat.

En el caso de la gestión de los fondos europeos para financiar cursos de formación para desempleados bajo la tutela del ex consejero nacionalista Ignasi Farreres, la Sindicatura hace constar que “en la revisión de los expedientes se ha detectado una falta de procedimientos de gestión y archivo de la documentación que debe integrarlos y recomienda que se definan procedimientos ágiles y eficaces para la gestión de toda la documentación generada, y sistematizar, también, su archivo”. Además, subraya que “existen rupturas en la pista de auditoría que impiden comparar los importes totales certificados a la Comisión Europea con la documentación justificativa de los gastos realizados (no coincidencia entre el detalle del curso y total de los costes justificados, no existencia de relación de facturas de los gastos o de las propias facturas)”, y recomienda la Sindicatura “crear una base de datos fiable que permita controlar las ayudas gestionadas”. Y añade el informe fiscalizador: “No hay relación entre los importes concedidos por la Comisión y las convocatorias de subvenciones del Departamento de Trabajo. No se da a conocer la financiación comunitaria en la notificación de la ayuda. Se recomienda que se incluyan estas referencias en estos documentos”.

Un empresario generoso con UDC

La relevancia del informe radica en que ha ampliado los datos de otro informe similar realizado en el 2007 con información específica sobre las empresas y entidades sometidas a algún proceso judicial o del Ministerio Fiscal. El texto hace referencia al caso Pallerols, cuyo protagonista era el empresario Fidel Pallerols, que pagó mobiliario y salarios de empleados de Unió Democràtica (UDC) con el dinero detraído de la Consejería de Trabajo. El pasado mes de febrero, el Gobierno de la Generalitat decidió no reclamar a Unió el dinero malversado. La Generalitat, que ejerce la acusación particular en el caso Pallerols, se desmarcó así de la Fiscalía, aunque pidió para el principal implicado ocho años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación provisional, el Gobierno respalda la tesis de la Fiscalía de que el conglomerado de empresas de Fidel Pallerols recibió entre 1994 y 1999  casi 9 millones de euros en subvenciones públicas con el compromiso de entregar luego un 10% de esos fondos para la financiación de UDC. Por ese motivo, el Ministerio Público considera en su calificación provisional que esta formación fue "partícipe a título lucrativo" de la trama, por lo que reclama que pague un total de 197.000 euros, correspondientes al dinero que recibió en material para sus sedes y en nóminas de algunos empleados. El sumario revela que Unió recibió del grupo Pallerols más de 660.000 euros entre 1994 y 1999.

De las 522 incidencias detectadas en el informe de la Sindicatura, 146 corresponden a los expedientes de la Confederació d'Empresaris del Baix Llobregat; 137 al Centre d'Estudis Informàtics i Formació (Ceifsa); 101 a Assessorament i Nous Desenvolupaments Ocupacionals (Andsa); 70 a Tècniques Empresarials i Ocupacionals (Teosa); 38 a Agrupació Jean Monnet; y 30 a Movilma. Ceifsa, Andsa y Teosa eran también propiedad de Fidel Pallerols.