Garzón se queda en La Haya: el CGPJ prorroga su permiso otros seis meses

Baltasar Garzón seguirá por lo menos otros seis meses como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido prorrogarle el permiso que se le había concedido cuando fue suspendido de manera cautelar por sus imputaciones en el Tribunal Supremo.

El día 23 finalizaría dicho permiso y esta Fiscalía europea había solicitado su continuación en el cargo. La Comisión Permanente del órgano de los jueces no ha encontrado ningún inconveniente en que Garzón permanezca en este opuesto, que es únicamente consultivo, según informan fuentes jurídicas.

El pasado 14 de mayo, el Consejo decidió suspenderle de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional de manera cautelar tras ser imputado por un delito de prevaricación por el Alto Tribunal por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas, según el instructor, de que no era competente, que los delitos estaban prescritos y que los presuntos autores ya han fallecido.

Ante la inminente noticia, tres días antes, el todavía titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 había solicitado al mismo órgano que debía suspenderle su traslado a La Haya. Si el Consejo resolvía antes de su suspensión ya no podría apartarle de la judicatura porque previamente se habría apartado él al ir como consultor. Garzón quería evitar el escarnio público con el anuncio de su suspensión.

Sin embargo, el órgano de los jueces lo hizo al revés. Una vez que el juez que estaba investigando la causa de la Memoria Histórica en el Supremo, Luciano Varela, confirmó su imputación, el Consejo se reunió en un Pleno extraordinario para estudiar la suspensión de Garzón. Se acordó de manera automática porque así lo recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 383, que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se proceda contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Ese mismo día se podía ver a Garzón saliendo de una Audiencia Nacional a la que no volvería, por lo menos en una temporada. Una vez acordada su suspensión, el CGPJ no tuvo inconveniente, tan sólo cuatro días después, en aprobar su traslado a la ciudad europea. La Comisión Permanente no encontró ninguna “razón legal” para impedir la marcha del magistrado. Además, existían informes favorables a esta contratación por parte de la propia Fiscalía de la CPI, la Fiscalía General del Estado, la sala de lo penal del Tribunal Supremo -que será la encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Procesos lentos

Cuando hace siete meses el Consejo aceptó este traslado, parecía que siete meses iban a ser suficiente para que el Tribunal Supremo preparase por lo menos el primer juicio a Baltasar Garzón. En mayo, ya se acordó la apertura de juicio oral y, sin embargo, más de medio año después la Sala de lo Penal del Alto Tribunal sigue sin fijar fecha para la vista oral.

El propio presidente, Carlos Dívar, ya apuntaba recientemente que no se le juzgará por lo menos hasta el próximo año. Algunas fuentes jurídicas señalaban que el Supremo pretendía dejar la causa de la Memoria Histórica en un cajón para enjuiciarle primero por los cobros supuestamente ilegales de la Universidad de Nueva York y por las intervenciones telefónicas en el 'Caso Gürtel'.