Telefónica, BBVA, Santander, Endesa y Cepsa financiaron a Garzón sin "control del gasto"

El Tribunal Supremo ordenó ayer a la Guardia Civil, en un auto demoledor firmado por el magistrado Manuel Marchena, que investigue las cuentas bancarias de Baltasar Garzón entre 2005 y 2006 para conocer el "importe exacto" de las cantidades cobradas por el juez durante su estancia académica en la Universidad de Nueva York. Marchena justifica su decisión, entre otras razones, porque las grandes empresas que patrocinaron los cursos de Garzón lo hicieron sin aplicar "medidas de control, justificación o fiscalización del gasto".

Banco Santander, Telefónica, BBVA, Endesa y Cepsa financiaron con una cantidad probablemente superior al millón de euros los cursos que Garzón impartió en Estados Unidos aprovechando el permiso por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2005 y 2006. El juez, suspendido por investigar los crímenes del franquismo, también cobró íntegramente durante ese período su nómina de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ignora todavía la cuantía exacta de los pagos a Garzón debido a la opacidad de la Universidad de Nueva York, de las empresas patrocinadoras de los cursos y del propio juez, imputado por prevaricación y cohecho por pedir fondos al Banco Santander y archivar más tarde una querella contra el presidente de esa entidad, Emilio Botín. De ahí que Marchena haya ordenado ahora investigar las cuentas bancarias, los depósitos, las declaraciones fiscales y el patrimonio de Garzón para aclarar "cuánto, cuándo, cómo y quién" financió sus actividades académicas.

"Ausencia de control"

El magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, que instruye la causa contra Garzón por cohecho y prevaricación, justifica en su auto la "necesidad" de investigar el patrimonio del juez  por la "ausencia, por parte de las entidades que asumieron los patrocinios, de cualquier medida de control, justificación o fiscalización del gasto respecto de las cantidades finalmente ingresadas por la Universidad de Nueva York". Marchena admite que rastrear las cuentas bancarias de Garzón supone "sacrificar su derecho a la intimidad", que está constitucionalmente protegida. Pero añade a continuación que "los derechos fundamentales no son ilimitados".

Marchena recoge en su auto varios ejemplos de esa "ausencia de control del gasto" que atribuye a los patrocinadores de Garzón. El magistrado cita, entre otros, al responsable de Comunicación de Endesa, que aseguró durante su declaración como testigo: "No es frecuente que el beneficiario [del patrocinio] tenga que hacer una detallada relación de los gastos originados. Se supone que lo ha invertido en los costos de la actividad del patrocinio y que figuran en el contrato".

El magistrado del Supremo también cita como ejemplo el testimonio del director general del Banco Santander, que, al ser preguntado si la entidad presidida por Botín se aseguró de que los fondos concedidos para los cursos de Garzón de destinaron realmente a ese fin, respondió: "No he visto esas facturas, aunque la relación con la Universidad [de Nueva York] siempre ha estado basada en la confianza que me inspira una institución de esta naturaleza, con una contabilidad que, estoy seguro, se ajustará a la verdad".

Marchena se refiere también al testimonio judicial del responsable de Comunicación del BBVA. Cuando el magistrado le preguntó por qué el banco abonó 200.000 dólares para los cursos de Garzón sin que hubiera "un convenio suscrito y firmado por ambas partes" [BBVA y la Universidad de Nueva York] y "un detalle de gastos posterior", aquél respondió: "El hecho de que no hubiera convenio es un fallo, probablemente explicable por el exceso de trabajo que tenía mi departamento en aquellas fechas". Y añade: "El balance final tampoco fue remitido. Lo que la Universidad de Nueva York si envió fue un informe sobre las conclusiones del congreso, documento con el que me di por satisfecho".

"Silenciar" los pagos

El auto del Tribunal Supremo señala, asimismo, que las "inexactitudes y contradicciones" en las que incurrió Garzón durante su interrogatorio como imputado también "aconsejan" que se investigue su patrimonio. Marchena afirma que el juez estrella "impartió las instrucciones precisas [a la Universidad de Nueva York] para silenciar toda mención" a los pagos en especie que recibió: 21.650 dólares para cubrir los gastos de escolarización de su hija en la Escuela Internacional de la ONU en Nueva York y otros 22.150 dólares para gastos de viaje.

El magistrado se pregunta, además, "si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, ha formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas" por Garzón.