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El inspector jefe Carlos G., responsable de la investigación del ‘chivatazo’ a ETA que en mayo de 2006 desbarató una operación policial contra la red de extorsión de la banda, comparecerá hoy ante el juez Baltasar Garzón para ser interrogado por las acusaciones populares, después de que la Sala Segunda de la Audiencia Nacional obligara el pasado lunes al magistrado a citarle. Quien no podrá tomarle declaración es el letrado del PP, cuya personación en la causa no se ha hecho aún efectiva porque el magistrado no ha resuelto si procede o no imponer una fianza a los populares.

El testimonio de Carlos G. es clave para avanzar en la trama del ‘chivatazo’, ya que un equipo a sus órdenes es el responsable de la investigación que acusa altos cargos del Ministerio del Interior de ser los autores de la filtración con un móvil político: no entorpecer la negociación con la banda terrorista y evitar la detención del dirigente nacionalista, ya fallecido, Gorka Aguirre.

Baltasar Garzón requirió al citado funcionario que le remitieran las conclusiones de su investigación, que éste plasmó en el informe 367/04 de fecha 27 de enero de 2007, incorporado a la causa. Junto a él comparecerán dos agentes destinados en la Brigada de Información de San Sebastián relacionados con la operación montada en torno al bar El Faisán de Irún, desde el que operaba la citada red de extorsión.

Personación conjunta

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional aceptó fechas atrás la personación conjunta del PP y la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil. Una decisión que causó sorpresa porque el fiscal ya había solicitado en ese momento el archivo de la causa al considerar inconsistentes las pruebas contra los responsables ministeriales, y estar ya personadas dos acciones populares: Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Además, los populares no habían mostrado su interés en incorporarse al procedimiento pese a que éste llevaba ya tres años de instrucción.

El PP se ha hecho cargo de la dirección letrada y la UO ha designado al procurador. Sin embargo, el principal partido de la oposición, que ha hecho de este caso uno de sus arietes contra el Gobierno, no podrá participar en el interrogatorio del principal testigo de la causa debido a una maniobra que ha retrasado su personación efectiva, al no haber resuelto juez y fiscal si procede o no imponer una fianza a la nueva acusación.

El PP ha quedado así excluido de la principal diligencia de prueba. “El retraso en resolver nuestra personación no tiene justificación –manifestó a este diario Guillermo Regalado, abogado del PP-porque no tiene que resolver sobre el fondo de nada, tan sólo decidir si tenemos que depositar una fianza o no. Están conculcando nuestros derechos”.

Suspensión provisional de funciones

La hipotética suspensión provisional de funciones de Baltasar Garzón, que ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le escuche antes de tomar una decisión al respecto, supondría un nuevo parón en la causa. Ésta sería asumida por alguno de los magistrados de la Audiencia Nacional o recaería en el sustituto de Garzón al frente de su juzgado.

El magistrado mantiene en una pieza separada secreta una parte sustancial de la investigación que podría demostrar la vinculación del ‘chivatazo’ con la negociación con ETA, a través de un teléfono móvil utilizado por el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados. El contenido de dicha pieza ha sido solicitado por las acusaciones, que están convencidas de que en la misma están las pruebas para demostrar las implicaciones políticas del caso.