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El Consejo General del Poder Judicial sólo suspenderá a Baltasar Garzón si el Tribunal Supremo decide sentarle en el banquillo. A pesar de que el juez estrella afronta tres querellas por delitos tan graves como prevaricación y cohecho, el CGPJ condiciona cualquier medida disciplinara a que finalmente se abra juico oral o, en su caso, a que la Fiscalía se posicione en contra del magistrado. Por ello, según fuentes judiciales, no se espera una pronta resolución del caso Garzón, que tiene pendientes varios recursos ante el Alto Tribunal.

No obstante, la Comisión Permanente del CGPJ hará este martes un primer análisis de  las alegaciones que apartó Garzón para no ser suspendido, así como de su petición para que tres vocales (Margarita Robles, Fernando de Rosa y Gemma Gallego) se abstengan al evaluar su caso. De acuerdo con las fuentes consultadas, la decisión final se trasladará al Pleno del CGPJ, cuya próxima reunión está prevista para el 24 de marzo. Si se aceptara la solicitud de Garzón, el órgano de gobierno de los jueces podría pasar a examinar el fondo del asunto, pero, de lo contrario, comenzaría un proceso de recusación contra Robles, De Rosa y Gallego, cuyo fundamento, según fuentes jurídicas, resulta bastante endeble.

Esta dilación no preocupa a los vocales del CGPJ, que prefieren esperar a que el Supremo mueva ficha sobre el enjuiciamiento de Garzón, antes de decidir sobre su suspensión de empleo y sueldo. Se trata de una interpretación cauta del artículo 383 de la Ley del Poder Judicial, que prevé que esta medida sólo tendrá lugar en los siguientes casos: “Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos en el ejercicio de sus funciones; cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento; cuando se decretare en expediente disciplinario o de incapacidad; por sentencia firme condenatoria en que se imponga como pena principal o accesoria la suspensión, cuando no procediere la separación”.

Quienes abogan por que Garzón sea suspendido sin demora se apoyan en el primer supuesto, mientras que los defensores acérrimos del magistrado quieren que no se actúe a menos que haya una sentencia condenatoria. Según fuentes del CGPJ, el proceder habitual es esperar a que se abra juicio oral, aunque existen conocidas excepciones como la del juez Fernando Ferrín Calamita, que fue suspendido tras ser admitida a trámite una querella por haber obstaculizado la adopción de una niña por una pareja de lesbianas.

Rajoy censura el apoyo de Zapatero al juez

El caso Garzón continúa complicándose también conforme aumenta la presión política, mediática y judicial. Mariano Rajoy lamentó ayer que José Luis Rodríguez Zapatero respaldara públicamente a Garzón y, en cambio, no hiciera lo mismo con Eloy Velasco, “insultado” por Hugo Chávez. El presidente del Gobierno había destacado el domingo la “valentía” del juez de la Audiencia Nacional en su lucha contra el terrorismo etarra: “Esta trayectoria está siempre presente en la inmensa mayoría de los españoles y, desde luego, en el Gobierno de España y en quien lo preside”.  Unas palabras que el líder popular censuró por ser un ejercicio de intimidación sobre el Tribunal Supremo.

Pero la presión no sólo afecta a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, donde deben dirimirse las querellas por la instrucción de los crímenes franquistas, por los cobros de  la Universidad de Nueva York, y por la autorización de escuchas en prisión durante la investigación del caso Gürtel. También ha hecho mella en el CGPJ, que ayer emitió un comunicado exigiendo a la clase política el máximo respeto a la función de los jueces.

Según fuentes judiciales, el presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Dívar, está muy preocupado por el ataque que, desde varios frentes, padece la Justicia a raíz del caso Garzón y del conflicto con Venezuela. Por ello, el CGPJ reclamó a través de su portavoz, Gabriela Bravo, “el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles”.

Asimismo, este órgano señaló que los tribunales necesitan de “un sereno clima” que “resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador”, y recordó que los jueces “cuentan y contarán siempre con todo el apoyo y defensa del CGPJ”. Sin embargo, la batalla por Garzón parece que no ha hecho sino empezar.