La patronal gallega se lanza hacia un nuevo fracaso

El constructor Antón Arias es desde este viernes el nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Será el cuarto en apenas tres años y medio, en una organización que solo había conocido dos en los 22 años anteriores. Es un dato que ilustra la convulsión que padece la patronal gallega, aunque la crisis es incluso más profunda que lo que indica esa inestabilidad. Asolada por las deudas, la CEG vive atrapada en una guerra de guerrillas entre asociaciones provinciales que vivió su último episodio el 20 de enero, cuando la de A Coruña rompió un pacto con Ourense, Lugo y Pontevedra y promovió a Arias como candidato sin consenso.

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La de Arias fue una elección polémica, que culminaba lo que sus opositores consideran una “traición”. El acuerdo, sellado por la comisión gestora –los cuatro presidentes provinciales–, consistía en dejar que venciera el plazo de presentación de candidaturas si no había un acuerdo generalizado. Era la mejor forma de visibilizar unidad en un momento más que delicado, con una amenaza de quiebra por la ausencia de recursos con que hacer frente a la deuda. Pero faltaban solo diez minutos para que se cumpliera ese plazo cuando el expresidente Antonio Fontenla, al frente de la asociación de A Coruña desde hace 18 años y presidente de la CEG entre 2001 y 2013, se desmarcó del resto y propuso a Arias por sorpresa.

“No sé si se le puede llamar kamikaze, valiente, osado..., no sé cómo definirlo”, declaró el presidente de los empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, tras conocer el movimiento de Arias, a quien vaticinó un mandato complicado. Ese mandato comenzó este viernes, en una asamblea que apoyó al nuevo presidente con el 60% de los votos, el porcentaje más bajo en los 36 años de historia de la organización. Además de los vocales de A Coruña, sumó los de los de Lugo y de algunas organizaciones sectoriales. Otros 64 votaron en su contra y hubo un voto nulo. Es un equilibrio demasiado delicado para pensar en un período de estabilidad, cuando sus antecesores se vieron forzados a dimitir al carecer de los apoyos necesarios para afrontar las medidas del plan de choque que evite la desaparición de la CEG.

Nadie ha resumido mejor el sistema de baronías provinciales que rige los destinos de la patronal gallega que su anterior presidente, el orensano Antonio Dieter Moure, que solo duró nueve meses en el cargo tras perder el apoyo de Fontenla y los suyos. “He sido reo de los presidentes provinciales”, lamentó el expresidente, que tachó el respaldo circunstancial de Fontenla de “no desinteresado”. Antes que él cayó el vigués José Manuel Fernández Alvariño, víctima también de la oposición de los empresarios de A Coruña y de decisiones polémicas que favorecieron a empresas de su grupo. Solo duró tres años como presidente.

Arias, que es también vicepresidente de los empresarios de la provincia de A Coruña, se estrenó con un discurso en el que llamó a la unión y al entendimiento, así como a “olvidar cuitas del pasado”. Aseguró que será “el presidente de todos”, un objetivo para el que pidió a las distintas organizaciones provinciales y sectoriales que acepten los resultados. Sus principales compromisos son, por un lado, dimitir y abrir paso a la renovación y a “una nueva CEG” si consigue superar la crisis económica de la entidad y reformar los estatutos para evitar futuros conflictos. Por otro, anunció también su renuncia a la vicepresidencia de la confederación de empresarios coruñeses.

Las organizaciones del sur de Galicia, mientras, llamaron a Arias a ganarse su apoyo tras su “mal comienzo”. El vigués Cebreiros, afín a Alvariño, consideró que el amplio rechazo al nuevo presidente se debió a que “no ha gustado el procedimiento”. “No la persona, no el candidato, sino la forma”, matizó. Y cuando las cosas empiezan mal, continuó, “uno tiene que correr mucho más para que acaben bien”.

La forma en que se fraguó la candidatura de Arias provocó fuertes tensiones en una reunión de la junta directiva del martes, previa a las elecciones

José Manuel Pérez Canal, de Ourense, urgió al nuevo presidente a “mover ficha” y presentar sus propuestas de modificación de estatutos. Esa reforma es una de las claves del desencuentro entre provincias, ya que los empresarios de Pontevedra consideran que les perjudica. Cebreiros lo explicó así: “Queremos que exista una forma objetiva de calcular la representatividad que le corresponde a cada provincia. No puede ser que provincias que no tengan el mismo número de empresas ni de trabajadores tengan más representantes que Pontevedra. Desde ya tiene que estar contemplado en los estatutos”.

La forma en que se fraguó la candidatura de Arias provocó fuertes tensiones en una reunión de la junta directiva del pasado martes, la última antes de las elecciones, en la que se enfrentaron entre otros Pérez Canal y Fontenla, al que se le reprocha la “traición” al pacto por escrito para renunciar a promover candidatos sin consenso. Ese acuerdo se rubricó el pasado 17 de enero, aunque inicialmente solo fue suscrito por Lugo, A Coruña y Pontevedra.

El orensano Pérez Canal tardó un día en sumarse, y lo hizo con la reclamación de una presidencia rotatoria en el periodo de transición hasta las próximas elecciones, por lo que Fontenla dejaría de ser el portavoz. Ourense pidió también que el secretario de la patronal de Lugo, Jaime López, dejara su cargo de secretario de la CEG por “conflicto de intereses”. Esas condiciones fueron aprovechadas por Fontenla para sentirse desvinculado del pacto, por lo que promovió a Antonio Arias ya sin tiempo para que el resto de organizaciones provinciales tuvieran tiempo de presentar candidatos alternativos.

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El clima de enfrentamiento que ha presidido el relevo en la CEG pone en peligro la viabilidad económica de la confederación, según una opinión extendida entre sus vocales, y que expusieron los empresarios de Ourense en un comunicado. “Fracturada la confianza, las consecuencias de esta decisión pueden poner en grave peligro la viabilidad económica de la CEG al proyectar, una vez más, una imagen de ruptura, ya que las entidades financieras solicitan a sus dirigentes un escenario de unidad como requisito imprescindible para conceder la ayuda financiera solicitada”, señala el escrito.

Ya el antecesor de Arias consideró que la CEG está “en manos de los bancos”. La situación es tan crítica que la organización carece de fondos incluso para hacer frente a los despidos del plan de viabilidad. En agosto del pasado año, Abanca concedió un crédito de 600.000 euros avalado por la Xunta con cargo a futuras subvenciones. Pero siguen las negociaciones para la devolución de facturas por más de 800.000 euros por gastos que el Gobierno gallego no considera subvencionables y las conversaciones con los bancos para esquivar la quiebra. Como sostiene el sector de los que se consideran traicionados, el golpe de mano de Fontenla es tan solo otro paso más en la imparable caída de una entidad histórica.