Guerra abierta entre la vieja y la Nueva Pescanova

La vieja Pescanova contra la Nueva Pescanova. O lo que es lo mismo, los restos del naufragio pilotado por Manuel Fernández de Sousa contra los bancos, que asumieron el negocio tras el afloramiento del enorme agujero en 2013. La ampliación de capital emprendida por los nuevos propietarios y gestores, que diluirá notablemente la participación de sus antecesores —actualmente reducidos al 20% del capital—, es el último motivo de un enfrentamiento que ya se ventila en sede judicial, y que ahora se traslada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que ha acudido Pescanova S.A. para tratar de frenar la operación.

Ignacio González, que hace ocho meses dejó la dirección general de Campofrío para tomar las riendas de la nueva compañía, confirmó días atrás que la deuda de la sociedad, que cifró en 1.200 millones de euros, es “insostenible”, por lo que apostó claramente por emprender la ampliación de capital antes de que finalice el año. La reacción de los antiguos dueños no se hizo esperar. En un hecho relevante remitido a la CNMV, expresan que el repago de la deuda es “a muy largo plazo”, por lo que proponen reforzar los fondos propios de Nueva Pescanova sin necesidad de canje de deuda en capital, mediante conversión total o parcial en crédito participativo de alguno de los tramos de deuda.

Sousa no ha desistido de tomar las riendas de Pescanova S.A., y en la última junta, aliado con el fondo Broadbill, trató de favorecer la ampliación

La Pescanova antigua también ha denunciado que ni ha sido consultada sobre el proceso de ampliación de capital ni ha recibido documentación alguna sobre el plan estratégico de la nueva compañía. Dicho plan, anunciado a principios de octubre con el horizonte del año 2020, pretende incrementar la facturación en un 50%, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros, y mejorar el ebitda de 35 a 139 millones. La estrategia pasa por invertir 125 millones de euros, de los cuales más de 40 serán para la renovación de la flota y 4,5 para la construcción de un nuevo centro I+D+I de Acuicultura en O Grove.

Entre los antiguos dueños de la marca Pescanova que se oponen a la ampliación de capital no se encuentra Fernández de Sousa, investigado por la Audiencia Nacional por vender acciones de la compañía antes de la quiebra, falsear los datos económicos y beneficiarse de información privilegiada. Pero Sousa no ha desistido de tomar las riendas de Pescanova S.A., y en su última junta de accionistas, aliado con el fondo neoyorkino Broadbill, trató de favorecer la ampliación. Entre los compañeros de viaje de Sousa en esa vieja matriz se encuentran los accionistas minoritarios que tienen atrapado su dinero en la compañía gallega, tras sufrir el presunto engaño de Sousa e invertir en acciones antes de que aflorara su situación real.

El plan de negocio de Nueva Pescanova se presentó apenas un mes después de que la CNMV frustrara el regreso a Bolsa de la antigua compañía, una aspiración con la que esta pretende incrementar su peso en el capital total de la heredera del negocio y de las marcas. El supervisor bursátil reclamó mayor detalle sobre los planes de negocio y viabilidad y reclamó información detallada sobre las causas judiciales abiertas contra los antiguos administradores, así como los riesgos económicos que puedan derivarse de estos litigios.

Entre esos litigios se encuentra el que afecta a Fernández de Sousa y a una veintena de ex altos cargos de la compañía, a los que se acusa de acumular una deuda de más de 3.000 millones de euros que no figuraba en la contabilidad oficial. La causa se juzgará probablemente antes de que finalice el año en la Audiencia Nacional. Pero la guerra entre la vieja y la nueva Pescanova tiene otros frentes. La segunda ha denunciado a los antiguos administradores Fernández de Sousa, Carolina Masaveu y Demetrio Carceller (Damm) por supuestas ventajas en los acuerdos de fusión y doble segregación.

Según Nueva Pescanova, Sousa y el resto de los denunciados firmaron esos acuerdos sin consultar con los nuevos propietarios, que tuvieron que hacerles frente cuando tomaron las riendas de la empresa. Frente a esa versión, la de los antiguos administradores consiste en que Nueva Pescanova pretende estrangular financieramente a la empresa original, para que no pueda defenderse legalmente ante la ampliación de capital que pretende realizar la compañía, presumiblemente de 300 millones de euros. Todos contra todos.

En su argumentación ante la CNMV contra la ampliación de capital, la vieja Pescanova afirma que de los 1.200 millones de euros admitidos como deuda, 300 se corresponden con el crédito supersénior firmado en diciembre de 2015 por el entonces administrador único y hoy presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto. De los 900 millones restantes, y de acuerdo con los convenios de acreedores, 400 corresponderían a un tramo júnior de deuda concursal que no vence hasta 2024 y tiene un interés del 3% anual, y otros 300 millones que vence en 2029, con un 1% anual de interés que se paga solo en función de la disponibilidad de Nueva Pescanova, o alternativamente se acumula al principal del crédito.

Para que esa ampliación de capital se abra al viejo accionariado, es necesario que la Comisión Nacional del Mercado de Valores levante la suspensión que mantiene bloqueada la participación de más de 9.000 accionistas desde marzo de 2013.

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Precisamente ante la CNMV, la antigua Pescanova dio cuenta como hecho relevante hace apenas una semana de los nuevos procedimientos judiciales en curso, que atribuye a “una estrategia procesal” de Nueva Pescanova “con el propósito de enfrentar a las dos sociedades”. En mayo de 2016 cayó una primera demanda con un contenido similar a la que se presentó posteriormente, aunque con pretensiones distintas. “La demanda de Nueva Pescanova alega otras supuestas ventajas patrimoniales a favor de Pescanova. Sin embargo no ejerce la acción de impugnación de las mismas. Esto permite reiterar el carácter artificioso de la demanda”, zanjan los antiguos dueños.

Un año después de tomar las riendas, Banco Popular, Sabadell, Abanca, Bankia, BBVA, Caixabank y UBI mantienen sus esfuerzos por reflotar una empresa que se cayó cuando sus dueños presumían de estar en lo más alto. Aunque para ello se hayan enzarzado en una guerra entre el presente y el pasado de una marca histórica.