La deslocalización de la principal autopista gallega enfrenta a Feijóo con Ana Pastor

La antigua empresa pública Autoestradas del Atlántico (Audasa) está a punto de pasar a un fondo extranjero. Será la deslocalización definitiva de una sociedad que gestiona una infraestructura clave en Galicia, la AP-P, que conecta toda la fachada atlántica de la Comunidad. Es también el enésimo movimiento accionarial de una autopista muy rentable, aunque de calidad tan dudosa como elevados son sus peajes, objeto de constantes críticas de los usuarios pero afectada por sucesivas decisiones de la Administración que han beneficiado la posición negociadora de sus propietarios.

Globalvía, una compañía integrada por tres fondos de pensiones de Canadá, Países Bajos y Reino Unido –OPTrust, PGGM y USS–, negocia hacerse con el 45% de las acciones de los socios minoritarios de Itínere (Abanca, Sacyr y Liberbank) a cambio de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. La operación ha sembrado el nerviosismo en Galicia, donde existe la demanda histórica de transferir la autopista a la Comunidad Autónoma. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha puesto a la cabeza de esa reclamación. “Es un error que el Gobierno no nos transfiera la AP-9”, lamentó este jueves. Se abre así un nuevo frente entre Feijóo y la ministra de Fomento, la gallega Ana Pastor, con la que ya rivalizó por cuestiones como la política aeroportuaria.

Pastor se reunirá en las próximas semanas con los representantes de Audasa, según fuentes de su departamento para garantizar que el cambio de titularidad no afectará a la gestión de los servicios ni a los proyectos que ya están en marcha, entre ellos la ampliación del puente de Rande, en Vigo, y los accesos a Santiago. Pero ha sido precisamente el acuerdo para la ejecución de estas obras una de las razones que han hecho a la compañía especialmente atractiva para los compradores, ya que conlleva el compromiso de incrementar el peaje un 1% adicional durante 20 años.

El vial, privatizado en 2003 por Aznar tras una prórroga de 25 años de la concesión, genera la mitad de la facturación del grupo de autopistas

La ahora titular de Fomento era diputada del PP por Pontevedra cuando en 2000 el Gobierno de José María Aznar, con Mariano Rajoy de vicepresidente primero, amplió el período de concesión en 25 años, de 2023 a 2048, para privatizarla tres años más tarde. Fue en 2003, cuando la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), a la que pertenecía Audasa, fue vendida por 1.586 millones a un consorcio formado por el SCH y tres cajas de ahorros: Caixanova, Caixa Galicia y la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. En esa época fue nombrado comisario de una emisión de obligaciones convertibles por valor de 180 millones de euros el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ahora Pastor reniega de aquella privatización. “Yo no soy la que hice una concesión hasta 2048, y por lo tanto, lo que estoy haciendo es intentando mejorar en la medida que puedo y de las posibilidades”, afirmó en 2014, en medio de la crisis provocada por un colapso de varias horas en las cabinas de peaje de la AP-9, una escena que se repite todos los veranos.

La AP-9 es la autopista que más aporta a la cifra de negocio del grupo Itínere, ahora controlado por el fondo de inversión Citi. La facturación en 2014 de Audasa –que gestiona la gran autopista gallega y otras dos de menor tamaño– alcanzó los 127,8 millones de euros, un 2% más que el ejercicio anterior, lo que significa casi la mitad del total de Itínere, con un total de siete autopistas en España. Las negociaciones con Globalvía se producen pocos meses después de que Itínere recuperara su estabilidad financiera, al llegar a un acuerdo con sus entidades acreedoras para acomodar en tres préstamos hasta 2026 sus obligaciones. La nueva estructura se consolidó tras la entrada del fondo de pensiones AustralianSuper.

Este complejo entramado societario se veía compensado con la presencia de Abanca, heredera de las antiguas cajas de ahorros gallegas, que con su 23,8% le da aún un aire de galleguidad que la AP-9 está próxima a perder definitivamente. Vuelve así un debate de la nacionalización de la infraestructura que se abrió tras otra serie de colapsos en 2008, en una época en la que pertenecía íntegramente a Sacyr.

Feijóo se ha implicado de lleno en demandar la transferencia de la autopista que une Ferrol con la frontera portuguesa, cuyo traspaso a Galicia ha pedido el Parlamento gallego por unanimidad en reiteradas ocasiones; la última, el pasado marzo. “Es un error del Gobierno de España que no atienda una propuesta razonada, pero mientras yo siga en el cargo seguiré pidiéndola”, declaró con rotundidad este jueves el titular de la Xunta. El vial "puede y debería ser gestionado" por Galicia, de ahí que considere “un error” la negativa de Fomento a transferir la infraestructura a la comunidad. “Es una propuesta razonada y razonable de Galicia”, añadió.

Pero las palabras de Feijóo, que era 'conselleiro' de Política Territorial cuando Aznar privatizó Audasa, no van a mover a Fomento de su rechazo a la nacionalización de la autopista. La ministra ya adelantó en junio que no accederá a las reclamaciones que le llegan de Galicia, según afirmó por razones técnicas. “Mi voluntad y la del presidente Rajoy es la de transferir todo aquello que se pueda mejorar su gestión cuando es próxima a los ciudadanos”, apuntó, aunque en el caso de la AP-9 “sigue habiendo informes jurídicos” que lo desaconsejan. Así, recordó que se trata de una vía de alta capacidad que vertebra puertos y aeropuertos de una comunidad, pero que a su vez une esta Comunidad con el resto de España y con infraestructuras que dan “servicio universal”.

Desde el Ministerio de Fomento se dan explicaciones similares. Según señaló Ana Pontón, portavoz nacional del BNG –la formación que presentó la última propuesta de transferencia aprobada por el Parlamento gallego–, la jefa de gabinete de Pastor le transmitió personalmente que el rechazo al traspaso se debe a su carácter de autopista de interés general, por formar parte de un trayecto internacional de unión de Galicia con Portugal. El BNG no tardó en recordar que tanto Cataluña como el País Vasco cuentan entre sus competencias con la titularidad de carreteras de pago y gratuitas de carácter fronterizo. “Es un expolio a los gallegos”, criticó Pontón.

En su nuevo enfrentamiento con Ana Pastor, y a apenas tres meses de las autonómicas, Feijóo ha abrazado el discurso de los nacionalistas. “Es evidente” que la autopista “no termina en Portugal, sino en la autovía de Vigo-O Porrino”. “Nace en Galicia y finaliza en territorio gallego y antes de Portugal”, replicó a las explicaciones transmitidas a través de la diputada del Bloque Nacionalista Galego.