­La Xunta juega con fuego en el décimo aniversario de la catástrofe forestal de 2006

Se cumplen 10 años del Prestige de fuego, la terrible oleada de incendios que asoló Galicia en 2006. Un total de 1.970 fuegos calcinaron decenas de miles de hectáreas de monte en apenas 12 días de agosto, pero aquel recuerdo se ha ido diluyendo en el tiempo, hasta el punto de que la Xunta ha retrasado al máximo la puesta en funcionamiento del operativo contraincendios. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, lo explicó por “razones climatológicas” el pasado jueves, justo la víspera de que el calor comenzase a apretar en Galicia y se registraran los primeros focos de importancia. La oposición acusa al Ejecutivo gallego de arriesgar para ahorrar fondos.

Los razonamientos de Feijóo se produjeron después de semanas de protestas de los trabajadores de la empresa pública Servizos Agrarios Galegos (Seaga), que denunciaron el retraso de las contrataciones. El presidente anunció que el inicio de la campaña se aplazaba al 13 de julio, a pesar de que la propia Dirección General de Protección Civil y Emergencias sitúa el inicio del período de alto riesgo el 1 de julio. En la misma fecha en que el presidente gallego daba sus explicaciones, su Gobierno aprobaba con retraso el encargo a Seaga de los trabajos de vigilancia y control, por el que se contrata a 500 personas agrupadas en 125 brigadas de cuatro miembros.

Pero no solo en la contratación de brigadistas ha tensado la cuerda el Gobierno gallego, que este verano se ha quedado por primera vez sin los cinco aviones de lucha contra el fuego de que disponía otros años, al declarar desierto el contrato. Galicia contará así únicamente con los hidroaviones que aporta el Gobierno central. Lejos de suponer un ahorro, esa circunstancia lo ha obligado a gastarse un 80% más en otros cuatro helicópteros que costarán 1,6 millones de euros, pero que no estarán operativos hasta mediados de agosto.

El Gobierno gallego se ha quedado este verano por primera vez sin los cinco aviones de lucha contra el fuego de que disponía otros años

La previsión de la Xunta pasaba por la contratación de cinco aviones para los próximos tres años, con un coste total de 2,8 millones de euros. El contrato de licitación de los helicópteros que los sustituirán tras quedar desierto el concurso se hizo público a finales de junio, y su valor asciende a 1,6 millones de euros solo en 2016, aunque lo que más preocupa a los brigadistas y a la oposición es el retraso en la entrega de los aparatos, que entrarán en funcionamiento cuando el verano enfile su recta final.

Ante las críticas recibidas, Feijóo se defiende con un resumen de los medios disponibles. Entre los equipos propios y los que aporta el Estado, Galicia contará con 24 aparatos, además de las 360 motobombas de la Administración gallega, los ayuntamientos y los parques de bomberos. Además, en caso de necesidad, Galicia podría disponer “en unas horas” de 16 helicópteros, “uno más que el año pasado en la misma época”. El presidente gallego defendió las ventajas de contar con helicópteros, como la accesibilidad a lugares de orografía compleja a los que los aviones no pueden llegar o que puedan transportar brigadas. Destacó también Feijóo que 260 agentes de la policía autonómica se desplegarán por los montes para controlar la actividad incendiaria y detener a los presuntos autores de los fuegos.

Pero consciente del temor a los incendios que aún cala en la población gallega 10 años después del desastre de 2006, Feijóo añadió: "Si llegado el momento fuese necesario reforzar, tenemos dos propuestas: una hablada con la ministra; y hasta que empiecen los nuevos, porque hay que seguir los trámites para su contratación, está prevista la posibilidad de contratar de forma urgente durante unos días más helicópteros... Así que tranquilidad”.

Pero el mismo día que Feijóo llamaba a la calma aparecieron los incendios. Lo hicieron en la península de O Morrazo (Pontevedra), donde se contabilizaron hasta seis incendios en tres días a cuya extinción se sumaron los medios de la Xunta con retraso, según el alcalde de Cangas, José Manuel Pazos. El regidor aseguró que tuvo que “alzar la voz” para lograr que la Consellería de Medio Rural enviara un helicóptero y que, de no ser por la intervención de Protección Civil, la Policía Local y la Guardia Civil, los fuegos hubieran provocado una desgracia.

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia censuraron a Medio Rural por el retraso de la contratación de los miembros de Seaga. El BNG, a través de su diputada Tereixa Paz; el Grupo Mixto, con Consuelo Martínez, y Alternativa Galega de Esquerdas, con Antón Sánchez, trasladaron el debate el pasado viernes a la Cámara autonómica, y acusaron a la 'conselleira' Ethel Vázquez de saltarse una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a la Xunta a contratar estas brigadas “cuando menos” en los “períodos en los cuales se encuentre vigente la orden de ejecución de las encomiendas administrativas (...) en relación con la prevención y extinción de incendios en los períodos de peligro alto de incendios”.

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia censuraron a Medio Rural por el retraso de la contratación de los miembros de Seaga

Vázquez replicó que el fallo no le obliga a contratar a los brigadistas desde el 1 de julio. Como hiciera Feijóo la víspera, la 'conselleira' hizo especial hincapié en los medios disponibles, y no en los que aún no han entrado en acción. Así, recordó que, en cualquier caso, hay otros 6.500 brigadistas movilizados, de los que 5.767 dependen directamente de la Xunta, entre ellos los 1.500 que corresponden a convenios firmados con ayuntamientos, mientras que el Estado aporta el resto.

Otra de las novedades de la campaña del décimo aniversario del desastre de 2006 que desagrada a la oposición consiste en la privatización de la limpieza de montes. La Consellería contratará a empresas privadas para que realicen tareas relacionadas con la prevención de incendios, y ha sacado a concurso 48 contratos de obra menor, lo que provocó el rechazo del resto de formaciones con representación parlamentaria, que recordaron que la Xunta ya cuenta con una empresa pública especializada en ese tipo de trabajos, en alusión a Seaga. El director general de Ordenación y Producción Forestal, Tomás Fernández-Couto, argumentó que privatizar estas labores antincendios resulta “más barato y más eficiente” que hacerlo con los medios públicos.

Aunque el calor aprieta y los incendios ya han comenzado a proliferar en Galicia, la situación está muy lejos de parecerse a la padecida en el terrible agosto de 2006. En aquellas fechas, y de forma ininterrumpida durante casi dos semanas, se cumplió la temida regla de los tres 30: temperatura ambiente superior a 30 grados, una humedad relativa por debajo del 30% y vientos con rachas superiores a los 30 kilómetros por hora. Prolongada en el tiempo, esa confluencia de factores provocó un desastre medioambiental sin precedentes que la Xunta espera que no se repita 10 años después, a pesar de que es este un verano preelectoral. Para la oposición es una arriesgada apuesta de un Feijóo que cruza los dedos en lo forestal y pone toda la carne presupuestaria en el asador de la política social.