El Supremo tumba el pelotazo de los Cotino en el refugio veraniego de Rajoy

No habrá pelotazo urbanístico de los Cotino en Sanxenxo. Una década después de firmar con un alcalde saliente el convenio para construir 2.800 chalés de lujo en la capital turística de las Rías Baixas, de apenas 17.000 habitantes, el Tribunal Supremo acaba de anular el plan parcial que daba cobertura a aquella promoción de Mirador de Sanxenxo SL, la empresa creada por el grupo Sedesa, de la familia del exvicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino. El controvertido convenio llevaba la firma del entonces alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, amigo personal del presidente Mariano Rajoy y el diputado más rico del Congreso hasta las elecciones del pasado diciembre, lo que no le impidió solicitar un subsidio a la Mesa de la Cámara por no encontrar trabajo.

Con Martín en la alcaldía, Sanxenxo aprobó en 2003 un plan general tan urgente como expansivo, que eludió por solo unos meses el exhaustivo control ambiental de la Ley del Suelo de Galicia. Se aceleró así la burbuja inmobiliaria en la considerada Marbella gallega, refugio veraniego de Rajoy. La conflictividad urbanística forzó la renuncia anticipada de Martín al cargo en diciembre de 2006, pero solo dos semanas antes de abandonar firmó con Mirador de Sanxenxo el acuerdo para la construcción de una gran operación urbanística en los terrenos forestales de Monte Faro, vinculada a un campo de golf de 65 hectáreas. Eran en total 336.000 metros cuadrados edificados que convertían la ladera de una montaña en un excepcional mirador a la ría de Pontevedra, pero con un impacto ambiental que motivó la denuncia de organizaciones ecologistas.

La huella paisajística es precisamente la causa del pronunciamiento del Supremo, que acaba de desestimar el recurso municipal contra la decisión del Tribunal de Xustiza de Galicia de anular el plan parcial. De acuerdo con la sentencia, dicho plan, aprobado por el pleno de Sanxenxo el 28 de julio de 2009 para facilitar el desarrollo del proyecto, no cumple las determinaciones vinculantes de la memoria ambiental en lo que se refiere a las medidas de integración en el paisaje. Para el TS, “no es aceptable” que el ayuntamiento califique sus propias soluciones ambientales -movidas por “el deseo de mantener a todo trance” el proyecto- como mejores que las ofrecidas en la memoria ambiental. Incide además en que la motivación suplementaria aportada por el consistorio para superar los reparos consiste en “negar el efecto adverso sobre el paisaje” advertido en la memoria ambiental.

La actuación contó desde su inicio con la simpatía de la Xunta del PP. El Gobierno de Manuel Fraga le dio su beneplácito, pese a informes que alertaban del impacto paisajístico, y el entendimiento entre Sedesa -empresa implicada en la Gürtel- y el Ejecutivo de Feijóo permitió que el artífice del convenio por parte de la compañía, su director de Relaciones Institucionales, José Luis Díez Yáñez, fuese nombrado en 2011 jefe territorial en Pontevedra de la Consellería de Infraestructuras de la Xunta. Por parte del ayuntamiento firmaron aquel convenio Telmo Martín y la que era su gerente municipal de Urbanismo, Encarnación Rivas, nombrada secretaria general de Urbanismo de la Xunta en 2009.

Al poco de ganar las autonómicas de 2008, la Xunta de Feijóo rectificó un informe del anterior Gobierno bipartito que alertaba de las deficiencias del proyecto en materia de sostenibilidad ambiental, al carecer de integración en una zona alta con gran pendiente, muy visible desde el litoral. El Ejecutivo de Feijóo también facilitó la promoción cuando, en 2010, aprobó un Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, pese a su vocación supuestamente proteccionista del paisaje, dejaba fuera de su protección el macroproyecto urbanístico de Monte Faro. El entorno de su ámbito de actuación y un pequeño perímetro a su alrededor fueron prácticamente las únicas zonas en la franja costera de Sanxenxo en las que el POL no estableció criterio alguno de protección.

Para entonces, la burbuja inmobiliaria ya había pinchado y Sedesa, en una delicadísima situación económica tras aparecer en el sumario de la Gürtel por presunta financiación ilegal del PP, había descartado iniciar las obras por falta de financiación. Pero el grupo de Vicente Cotino Ferrer y Vicente Cotino Escribá, hermano y sobrino del también exdirector general de la Policía, trataba de evitar el desplome del valor del suelo antes de vender Mirador de Sanxenxo SL.

Lo que iba a ser un ventajoso convenio urbanístico se convirtió en un activo tóxico a causa del desplome del sector y de la propia Gürtel. Sobre todo por culpa de una cláusula muy interesante para los promotores cuando se firmó en 2006, pero que después derivó en un auténtico lastre: la de sustituir la obligación de construir viviendas sociales en el entorno de la selecta urbanización -nunca llevada a cabo- por el pago de una cantidad económica al Ayuntamiento de Sanxenxo. Sedesa y sus socios -que sumaban un 30% de las participaciones- reclamaron la devolución de 8,6 millones de euros ingresados. Por parte de Sedesa, firmó el recurso el ahora jefe territorial de la Xunta en Pontevedra.

Una sentencia de 2012 dio la razón a los promotores y obligó al Ayuntamiento de Sanxenxo a abonarles 3,8 millones de euros. El fallo no fue recurrido por el Gobierno local de la localidad pontevedresa, entonces gobernado por la sucesora de Telmo Martín, Catalina González, también del PP, debido a “un error cometido, al parecer, por el procurador”, según declaró entonces.

Tras abandonar el Congreso de los Diputados el pasado diciembre, Telmo Martín es en la actualidad portavoz en Sanxenxo del PP, en la oposición, y aspirante a la secretaría general de los populares en dicha localidad. Su mandato como alcalde estuvo salpicado por numerosos escándalos urbanísticos; el principal, la recalificación aprobada de un humedal de su propia empresa, Construcuatro, por el que había pagado apenas 150.000 euros y que vendió poco después por 2,8 millones.

En 2012, la Xunta de Feijóo condonó a Construcuatro una multa de tres millones de euros por la construcción en Sanxenxo de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La multa que Construcuatro y Telmo Martín no pudieron evitar fue la que le impuso el Gobierno gallego por el cobro de 1,2 millones de euros en sobreprecios, exigidos a compradores de pisos de protección oficial de una promoción inmobiliaria en Vigo. También tuvo que pagar 1,13 millones de euros a una familia a la que usurpó terrenos para levantar un bloque de viviendas en Pontevedra a principios de la década pasada, según determinó el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra.

Al ser elegido diputado en 2011, Martín presentó una declaración de patrimonio que le confirmó como el más rico del Congreso. A pesar de haber entrado en política en 1987, cuando contaba con 30 años, este fontanero de profesión declaró 236.145 euros en cuentas corrientes y un largo catálogo de participaciones de empresas y posesiones inmobiliarias que elevaban su haber por encima de los 21 millones de euros.