Los empleados pagan la factura de décadas de derroche en la patronal gallega

La aristocracia económica de Galicia atraviesa momentos delicados. Décadas de despilfarro, mantenido incluso en tiempos de crisis, han llevado a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) al borde del abismo. El martes pasado lo eludió al aprobar 'in extremis' un plan de viabilidad que deja en la calle a más de la mitad de la plantilla y rebaja el sueldo al resto de los empleados. Es un balón de oxígeno solo provisional, el primer paso de los muchos que debe dar la patronal para solucionar un futuro empañado por su abultada deuda.

Estaba en riesgo hasta el pago de las nóminas de junio. Antonio Dieter Moure, que tomó las riendas de la entidad en enero, tuvo que pedir a los socios que adelantaran la cuota anual para abonar la última letra trimestral que estaba pendiente de la hipoteca, de unos 82.000 euros. Ha salvado una bola de partido, pero el siguiente punto se lo juega con los bancos, con los que quiere renegociar la hipoteca. Y sobre todo tiene pendiente una difícil negociación con la Xunta por una deuda de más de 600.000 euros por el intento de colar facturas no subvencionables a un programa de oficinas en el extranjero.

Esa deuda, que llegó a ascender a 833.000 euros, da una idea de la ligereza con que se ha afrontado desde la CEG la gestión de los fondos públicos. De acuerdo con el expediente abierto por la Consellería de Economía, la patronal incumplió de manera reiterada el Plan Pexga –las oficinas en el exterior para ayudar a la internacionalización de empresas gallegas–, al imputar gastos con cargo al proyecto que no se utilizaron para los fines estipulados en el convenio. Entre las facturas imputadas a la Xunta hay un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros.

La patronal imputó gastos que no se utilizaron para los fines estipulados como un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros

La víspera de la crucial asamblea del martes, Moure y su equipo se reunieron con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y con el 'conselleiro' de Economía, Francisco Conde, que se negaron a la condonación de la deuda, que la CEG se plantea impugnar por la vía judicial. No obstante, una vez aprobado el plan de viabilidad, Conde se mostró dispuesto a prorrogar el Pexga, un proyecto polémico firmado en 2010 y que supuso en la práctica la privatización de las oficinas comerciales que gestionaba la Xunta. Gracias a él, la CEG puede contratar el personal y gestionar los alquileres de los 13 locales que tenía el Gobierno gallego en 12 países, que pasaron a costarle a la Xunta 4,5 millones de euros al año.

El nuevo programa de ajuste conlleva el despido de ocho trabajadores, lo que reducirá la plantilla de 20 a 12 empleados, con un gasto en indemnizaciones por despido de unos 130.000 euros, más otros 135.000 ya consignados en previsión de reclamaciones judiciales. Si finalmente el Pexga no se renueva, otros cuatro trabajadores más abandonarán la CEG el 1 de enero. Además de los despidos, el plan incluye una reducción salarial de entre el 5% y el 30%, que supondrá un ahorro en nóminas de 22.000 euros mensuales.

El plan de viabilidad ha permitido conocer las enormes desigualdades de las retribuciones en el seno de la patronal gallega, una entidad en la que, como ahora ha trascendido, su secretario general, Fausto Santamaría, cobra 107.000 euros anuales, casi un 60% que el presidente de la Xunta. El dato provocó la indignación de algunas de las organizaciones que integran la CEG, como la Federación Gallega de Inmobiliarias, que tachó ese sueldo de “aberrante” y pidió el despido de Santamaría. De acuerdo con el plan aprobado, Santamaría rebajará su sueldo un 30%, con lo que mantendrá un salario anual de 75.000 euros, mientras que a los que ingresan más de 4.000 euros mensuales se les rebaja la retribución un 20% y a los de más de 3.000 euros, un 10%.

Buena parte de los asociados reclamaban rebajas salariales de hasta el 50%, sobre todo en el sueldo del secretario general. Sin embargo, el temor a la liquidación de la CEG pesó más que las distintas opiniones de los críticos, que no tardaron en mostrar su escepticismo. “Se tenían que haber trazado unas líneas de futuro y un plan estratégico de futuro y esto no ocurre con este plan de viabilidad”, denunció el secretario general de los empresarios de Lugo, Jaime López, que alertó del riesgo de gravar el principal activo de la organización, que es su sede central en Santiago.

Esa sede en la rúa Nova del casco histórico compostelano, adquirida en 1992, es toda una metáfora del despilfarro y de la extrema generosidad de la Xunta de Fraga con la confederación, presidida entonces por el excalcalde franquista de Vigo Antonio Ramilo. El dirigente empresarial, fallecido en 2006, dimitió en noviembre de 2000 tras admitir un “desfase contable” de 1.000 millones de pesetas, derivado en parte de la adquisición del inmueble que ahora se va a rehipotecar. El edificio había costado 400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga subvencionó el 40%, pero otras versiones apunta que se pagaron 250 millones y se anotó en la contabilidad con un valor de 600.

Fraude con subvenciones de la UE y el Ministerio de Trabajo, 1,2 millones en facturas incobrables, sobrevaloración de la sede en 2,7 millones...

Las deudas heredadas de la etapa de Ramilo se han ido liquidando anualmente hasta muy pocas fechas. Su principal infracción consistió en el fraude con las subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de Trabajo, principal fuente de financiación de la patronal. Una inspección hizo que afloraran 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones. El resto, casi dos millones de euros, desapareció de las cuentas sin dejar rastro.

Desde Ramilo hasta Antonio Dieter Moure, la CEG solo ha tenido dos presidentes. A la etapa de Antonio Fontenla corresponde la gestión de la mayor parte de las subvenciones del Plan Pexga cuyas irregularidades han puesto a la patronal en esta situación límite. Su sucesor fue José Manuel Fernández Alvariño, que abandonó a los tres años de tomar posesión del cargo entre acusaciones de hundir las cuentas de la confederación a base de externalizar servicios, muchos de ellos para entregarlos a compañías de su grupo empresarial.

Pero si la CEG ha logrado al menos aplazar el concurso de acreedores, peor suerte ha corrido la Asociación de Empresarios de la Construcción de Pontevedra (APEC), que esta misma semana ha solicitado en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra la declaración voluntaria de concurso de acreedores. La patronal pontevedresa achaca sus problemas económicos a la crisis del ladrillo, que redujo drásticamente el número de empresas asociadas y las subvenciones recibidas.