Feijóo rompe con Montoro y prepara un frente con las autonomías cumplidoras

Dispersión y envejecimiento de la población: son los dos grandes argumentos que se invocan en Galicia desde los tiempos de Manuel Fraga para incrementar su financiación autonómica. Son los mismos que empleó en 2009 un Alberto Núñez Feijóo recién llegado a la Xunta para mantener una feroz puja con Zapatero, finalmente perdida, y los que ahora comienza a exhibir con menor fiereza pero igual determinación frente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si bien con un elemento añadido: la condición de comunidad cumplidora con el déficit.

El Gobierno de Rajoy viene aplazando desde hace casi dos años la reforma del modelo de financiación en vigor, aprobado en 2009 y con un período de vigencia de cuatro años. Es, por tanto,– uno de los grandes retos que deberá afrontar el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26 de junio, y en previsión de que sea también del Partido Popular, el presidente ha empezado a enviar recados sobre sus intenciones de hacer frente a su partido. Hasta el punto de romper con la doctrina de Montoro y su partido y de hacer frente común con las autonomías menos deficitarias.

El primero de esos recados lo lanzó la semana pasada, cuando reclamó “discriminación positiva” para las autonomías que cumplen los objetivos de déficit. “Generosidad para las comunidades autónomas que no cumplen, sí, pero lógicamente también discriminación positiva para aquellas que estamos cumpliendo y que seguimos cumpliendo, y Galicia ha cumplido, está cumpliendo y seguirá cumpliendo”, advirtió. En España, solo Galicia, Canarias y País Vasco se ajustaron al tope del 0,7% del PIB el año pasado, aunque en el caso de Galicia haya sido a costa de unos severos recortes que la oposición no ha dejado de reprochar al presidente de la Xunta.

Pero los avisos de Feijóo no van tan encaminados a los objetivos de estabilidad fiscal como a la renovación del sistema de financiación autonómica, que deberá ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el cónclave donde se reúnen los representantes del Ministerio de Hacienda con los consejeros autonómicos. Sobre todo, después de que el responsable económico del PP, Álvaro Nadal, abogara por reducir la solidaridad entre territorios, una medida que resultaría muy perjudicial para los intereses de Galicia.

Nadal defendió el pasado martes un “pacto de hierro” entre los partidos para frenar a sus barones autonómicos y sacar adelante ese nuevo sistema con menor peso de la solidaridad regional. Y uno de los primeros barones en saltar ha sido de su propia formación política, el único líder del Partido Popular que gobierna con mayoría absoluta. Feijóo replicó el mismo jueves que luchará por un modelo que reconozca a las comunidades la financiación “real” de los servicios públicos. Es decir: compensaciones por la dispersión y el envejecimiento, que según los estudios encargados por sucesivos gobiernos de la Xunta, encarecen el gasto público en comunidades como Galicia. “Es evidente que necesitamos un nuevo sistema. Nos jugamos muchísimo en la próxima legislatura”, advirtió.

Las demandas de la Xunta pretenden un “sistema más justo, donde se pague en función del coste efectivo de los servicios públicos que se atienden”, reclamó Feijóo. Dicho esto, envió un mensaje al ministro de Hacienda: Galicia se opondrá a cualquier modelo que considere injusto, “con este Gobierno o con el que venga”. No quiso extenderse más el presidente de la Xunta, que eludió las preguntas concretas sobre la propuesta de “pacto de hierro” de Nadal.

"Generosidad para las comunidades que no cumplen, sí, pero lógicamente también discriminación positiva para aquellas que estamos cumpliendo"

Las demandas que comienza a exhibir Feijóo tienen un agrio precedente en 2009, aunque en ese momento el Gobierno de España era socialista. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero redujo incluso el peso de los factores de envejecimiento y dispersión en los criterios de reparto, lo que benefició a Madrid y Cataluña en detrimento de comunidades como Galicia, aunque sin que su financiación por habitante descendiera por debajo de la media estatal.

La Xunta estaba representada entonces en el CPFF por la 'exconselleira' de Facenda, Marta Fernández Currás, actual secretaria de Estado de Presupuestos. Currás, convertida ahora en mano derecha de Montoro y látigo de las autonomías incumplidoras, acusaba al Gobierno central de imponer un “recorte social” a través de las aportaciones a las comunidades. “Pero no lo vamos a consentir”, advertía en 2009. Pese a que Zapatero no rectificó, la Xunta evitó votar en contra y se abstuvo a cambio de un fondo extra de 64 millones de euros. La oposición en Galicia la acusó de plegarse a las directrices de su partido, que gobernaba en comunidades muy favorecidas por aquel modelo financiero.

Pero los criterios de envejecimiento y dispersión reivindicados por Feijóo y Currás, que pedían incluso contabilizar como población de Galicia a 400.000 emigrantes, arrancan de mucho antes. Fraga los exhibió desde el mismo inicio de su largo mandato, y estuvo a punto de lograr que se tuvieran en cuenta en 2001. A pocos meses de su última mayoría absoluta, en una reunión de la Interparlamentaria del PP celebrada en Santiago, consiguió el apoyo del ministro de Hacienda con José María Aznar, que no era otro que Cristóbal Montoro. Delante de Fraga y de la plana mayor del PP, Montoro se comprometió a reforzar los mecanismos de solidaridad que le solicitaba Galicia, e incluso puso a esa comunidad como ejemplo de la necesidad de que la dispersión y el envejecimiento fueran tenidos en cuenta. Quince años después, tiene la oportunidad de cumplir su palabra y Feijóo de recordársela.