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La Justicia tumba una planta de gas a la Xunta y obliga a la Marea a tirar un edificio
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el inmueble era herencia del socialista vázquez

La Justicia tumba una planta de gas a la Xunta y obliga a la Marea a tirar un edificio

El Supremo paraliza la planta de Reganosa, tras aumentar el Gobierno de Feijóo su participación al 25%, y ordena derribar un inmueble en el centro de A Coruña

Foto: Foto: Reganosa.
Foto: Reganosa.

En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo ha asestado dos duros golpes a sendas herencias del pasado en Galicia. Una, la polémica planta regasificadora de Mugardos, que se arrastra desde los tiempos de Manuel Fraga y, lejos renunciar al proyecto, el Gobierno de Feijóo acaba de incrementar en nueve millones de euros su participación en ella. La otra viene del mandato de Paco Vázquez como alcalde de A Coruña: una ampliación que cambió por completo la fisonomía del edificio Conde de Fenosa, uno de los más grandes del centro urbano. Tras un largo proceso judicial, el TS obliga al regidor de la Marea Atlántica Xulio Ferreiro a devolver el inmueble a su estado original, y afea además al Superior de Xustiza de Galicia que “no cumpla la ley” al amparar una solución menor.

El primer buque gasero que entró en la ría de Ferrol con destino a Reganosa, en 2007, necesitó cinco intentos. La oposición vecinal y de los mariscadores de la zona provocó el apoyo de unidades antidisturbios de la Policía Nacional, un helicóptero, tres patrulleras y cinco zodiacs de la Guardia Civil del Mar, que tomaron el puerto ferrolano para que el barco pudiese descargar sus 135.000 metros cúbicos de gas licuado. Aquella larga lucha de los vecinos contra la planta de gas, que se había iniciado cinco años antes, acaba de recibir el aval del Tribunal Supremo, que les ha dado la razón al anular la autorización previa de la instalación. Lo hace un mes después de que la Xunta aportara nueve millones de euros para aumentar su participación hasta el 25% del capital.

El proyecto de la planta de Ferrol se inició en los tiempos de Fraga, que impulsó una sociedad de capital mixto en que la Administración autonómica se aliaba con el Grupo Tojeiro y con Unión Fenosa. En los últimos tiempos, Gas Natural Fenosa decidió desinvertir, y ahí apareció la Xunta para poner encima de la mesa otros 8,9 millones para incrementar su participación del 17,5% al 24,31%, a través de una suscripción preferente de acciones. Gas Natural Fenosa y Unión Fenosa Gas poseían el 21% a través de Gasifica, lo que provocó que tanto la Xunta como Tojeiro, dueño de Gadis, compraran sus participaciones. Gadisa y Forestal do Atlántico, ambas en Tojeiro, adquirieron el resto de acciones, hasta controlar el 51,13% del accionariado.

Esa inversión se ve ahora ensombrecida por la decisión del Supremo, que ha estimado el recurso de una plataforma vecinal y ha anulado la resolución aprobada por el Gobierno de Aznar en 2002, por la que se otorgó autorización administrativa previa a la planta. El alto tribunal revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que se vulneró la Ley del Sector de Hidrocarburos, ya que cuando se otorgó la autorización “no existía una ordenación urbanística” en la que pudiera considerarse el proyecto acomodado.

El Supremo anula el plan de Mugardos

El Ayuntamiento de Mugardos, donde se ubica una instalación polémica por su supuesta peligrosidad y por su extrema cercanía a las viviendas de los vecinos, intentó resolver la situación en 2003 con una modificación puntual de su plan general, declarada nula en 2012 por el propio Tribunal Supremo. Con posterioridad, la Xunta aprobó otra modificación del planeamiento para adecuar a usos de regasificación el suelo industrial donde se levanta Reganosa, una decisión que el TS considera irrelevante. Los vecinos que impugnaron la autorización alegaron tanto razones técnicas y de seguridad de la planta como de impacto ambiental. Ambas fueron desestimadas, pero no así el argumento de que parte del suelo era industrial pero no apto para hidrocarburos.

El otro castigo del Supremo incide en una amarga herencia para Xulio Ferreiro, obligado a hacer frente a un polémico acuerdo entre su antecesor Paco Vázquez y la inmobiliaria Fadesa cuando estaba al mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove. Al igual que otros alcaldes que lo precedieron, Ferreiro trataba de solucionar con un derribo parcial la sentencia que obliga a una demolición radical de la ampliación del Conde de Fenosa, aprobada en 1997 y declarada ilegal cuatro años más tarde.

El alcalde de la Marea buscaba una salida intermedia valorada en apenas 1,5 millones de euros, pero deberá prepararse para una operación mucho mayor. El TS anula dos autos del Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que pretendían desestimar la ejecución de la sentencia de 2001, y decreta “la demolición de las obras de rehabilitación ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada”, para que el edificio “quede en la situación en que se encontraba antes del otorgamiento de aquella”.

Una sentencia muy dura por el edificio de Vázquez

En unos términos especialmente duros, la Sala III del Supremo -la misma que anula la autorización de Reganosa- acusa a los distintos gobiernos municipales de A Coruña de tratar de eludir el cumplimiento de la sentencia original con el amparo del TSXG, y precisa que ya en 2006 confirmó el fallo original al rechazar un recurso de Fadesa. El tribunal cree que, con sus distintos autos, el tribunal gallego “ha podido encubrir una decidida voluntad de no cumplir” la sentencia.
El Superior de Galicia promovió varios incidentes con el objetivo de encontrar una solución menos radical. Así, en abril de 2013 declaró la imposibilidad material de ejecución de la sentencia, en un auto revocado posteriormente por el Supremo. Frente a la pretensión de los demandantes de establecer un plazo improrrogable de seis meses para iniciar la demolición, el tribunal gallego lo concedió para “redactar y aprobar el proyecto técnico” de demolición, pero sin indicar que esas obras tuviesen que dar como resultado su derribo.

Como constata ahora el TS, la sentencia original sigue sin cumplirse 14 años después. El tribunal señala que el TSXG “no cumple la ley” cuando declara que la demolición no debe tener como resultado la restitución del edificio al estado anterior a su rehabilitación, “a pesar de que la licencia de rehabilitación fue anulada por aquella vieja sentencia firme de fecha 20 de diciembre de 2001”, en la que “además se ordenó expresamente la demolición de las obras amparadas en ella”.

El conflicto del Conde de Fenosa se originó en la época dorada del vazquismo y de la burbuja inmobiliaria, cuando Fadesa compró a Fenosa el solar y su sede eléctrica por 13,5 millones de euros. Cinco meses después, obtenía del ayuntamiento la licencia para cambiar el uso del edificio y aumentar su superficie construida en 2.500 metros cuadrados, pese a que el plan general en vigor impedía aumentar el volumen de un inmueble al rehabilitarlo. El caso puede acarrear responsabilidades penales y económicas para los responsables y funcionarios municipales que concedieron la licencia, ya que existen indicios de que tanto el ayuntamiento como la inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad de una licencia contraria al planeamiento.

En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo ha asestado dos duros golpes a sendas herencias del pasado en Galicia. Una, la polémica planta regasificadora de Mugardos, que se arrastra desde los tiempos de Manuel Fraga y, lejos renunciar al proyecto, el Gobierno de Feijóo acaba de incrementar en nueve millones de euros su participación en ella. La otra viene del mandato de Paco Vázquez como alcalde de A Coruña: una ampliación que cambió por completo la fisonomía del edificio Conde de Fenosa, uno de los más grandes del centro urbano. Tras un largo proceso judicial, el TS obliga al regidor de la Marea Atlántica Xulio Ferreiro a devolver el inmueble a su estado original, y afea además al Superior de Xustiza de Galicia que “no cumpla la ley” al amparar una solución menor.

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