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La fiebre del viento le estalla a Feijóo con un fallo que anula su concurso eólico
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LA XUNTA RECURRIRÁ LA SENTENCIA DEL tSXG

La fiebre del viento le estalla a Feijóo con un fallo que anula su concurso eólico

El Tribunal Superior de Galicia agrava el calvario judicial de un proceso polémico que aspiraba a movilizar 6.000 millones de euros

Foto: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

En juego hay miles de millones de euros, además de una cuenta pendiente entre Alberto Núñez Feijóo y sus antecesores en la Xunta. Desde que las ya desaparecidas primas a las renovables desataron una auténtica fiebre del viento en Galicia, el sector eólico ha sido objeto de constante batalla entre los partidos de izquierda y el PP, que cuando recuperó el Gobierno en 2009 no tardó en anular el reparto “clientelar” de megavatios que había realizado el bipartito de socialistas y nacionalistas y sustituirlo por un nuevo concurso “legal y transparente”. Para la justicia no lo es tanto. El Tribunal Superior de Galicia acaba de tumbar la puja impulsada por el Ejecutivo de Feijóo, con una sentencia amenazante para las arcas públicas gallegas.

No es la primera vez que el concurso eólico de Feijóo, por el que se distribuyeron 2.325 megavatios, choca con los tribunales. A instancias de las empresas que perdieron sus inversiones por la anulación del reparto inicial, el Supremo falló en junio pasado que esa decisión fue ilegal y que la Xunta incurrió en una “desviación de poder”. Pero el Gobierno gallego hizo caso omiso, porque consideró su puja avalada por una ley posterior. Ahora es el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que respalda la demanda de una de las empresas excluidas, con el agravante de la imposición expresa de retrotraer el proceso a sus inicios. En juego están unas inversiones por valor de 6.000 millones de euros.

La Xunta trata de mantener la calma. El 'conselleiro' de Industria, Francisco Conde, ha anunciado la presentación de un recurso de casación ante el Supremo y ha apelado a otro fallo del TSXG de noviembre de 2013 que, asegura, “valida los criterios e imparcialidad” del segundo concurso. Conde defiende la seguridad jurídica de los promotores, pero por ese frente se vislumbran nubarrones. Otra de las sentencias relacionadas con el caso -numerosas, debido a la cascada de recursos de las empresas a las que se les anularon sus proyectos- reconoció hace unos meses el derecho de indemnización de las adjudicatarias iniciales. Solo una de ellas, la división energética de la pizarrera Cupa, ha visto reconocido el pago de 222.300 euros por los gastos administrativos acometidos.

Ahora es Capital Energy la que fuerza esta nueva anulación. La empresa, que concurrió en 2010 de la mano de Amancio Ortega, ha logrado que se anulen las valoraciones de la comisión habilitada por la Xunta para analizar los proyectos. A su denuncia se sumaron otras compañías como Norvento, Estela Eólica, Puentengasa, Kaekias, Beltaine, Unión Fenosa, Aldea, Sigenera, Nieblagen, Galenova o Torre de Hércules, estas dos últimas participadas por las extintas cajas de ahorros antes de su fusión y posterior desaparición.

Según figura en la sentencia, adelantada por 'Faro de Vigo', la comisión mostró sus dudas sobre el significado de los conceptos de sector estratégico y sector emergente de las inversiones asociadas, que puntuaban en las valoraciones, por lo que acordó elevar una consulta al entonces 'conselleiro' de Industria, Javier Guerra. Pero Guerra “no respondió a este requerimiento”, y la comisión decidió no puntuarlos. Según el tribunal, dicha solución es “arbitraria” y “carente de motivación”, además de vulnerar “los principios de igualdad de trato y no discriminación”. La Xunta tendrá que valorar de nuevo todos los planes industriales que se presentaron.

La anulación de las primas, la crisis y la inseguridad jurídica ahogan a un sector que en 2005 representaba el 1,5% del PIB gallego para caer hasta el 0,5% en 2010

La sentencia del TSXG pone al sector en una situación de “gran gravedad”, según ha asegurado la patronal eólica de Galicia, Ega. El fallo cuestiona todo el trabajo de los últimos cinco años y “deja a Galicia muy perjudicada desde el punto de vista de la competencia si se convocan nuevas subastas de retribución a las renovables”, ha explicado su secretario general, Íñigo Muniozguren.

Los grupos de la oposición en el Parlamento también han arremetido contra la “irresponsabilidad” de la Xunta y reclamado la comparecencia de Feijóo para dar explicaciones. Los partidos que gobernaban Galicia cuando se realizó el primer reparto de megavatios fueron especialmente severos en sus críticas. El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Méndez Romeu, destacó que “siete años más tarde” se ratifica la “irresponsabilidad manifiesta” del Gobierno gallego. “Ni un megavatio instalado, ni un euro invertido y ni un puesto de trabajo”, criticó. El BNG, que gestionaba la Consellería de Industria en el bipartito, consideró que el fallo ha confirmado la “irresponsabilidad” de la Xunta. “Y ahora Galicia paga las consecuencias”, lamentó su portavoz, Francisco Jorquera.

Los ambiciosos proyectos de la Xunta para el sector eólico gallego encallaron mucho antes de que los tribunales incidiesen en sus debilidades jurídicas. A finales de la pasada década, las sustanciosas primas a las renovables y el ciclo todavía ascendente de la economía, cuando el dinero de los bancos aún fluía con rapidez, atrajeron a un amplio abanico de empresarios a un sector que les era completamente ajeno. Pero ni uno solo de los parques aprobados en el concurso de 2010 ha sido ejecutado, y solo se han completado trámites administrativos para desarrollar el 20% de la potencia repartida. La anulación de las primas, la crisis económica y la inseguridad jurídica ahogan a un sector que en 2005 representaba el 1,5% del PIB gallego para caer hasta el 0,5% en 2010, y que ha pasado de 5.600 empleos a apenas 1.000 en los últimos 10 años.

En juego hay miles de millones de euros, además de una cuenta pendiente entre Alberto Núñez Feijóo y sus antecesores en la Xunta. Desde que las ya desaparecidas primas a las renovables desataron una auténtica fiebre del viento en Galicia, el sector eólico ha sido objeto de constante batalla entre los partidos de izquierda y el PP, que cuando recuperó el Gobierno en 2009 no tardó en anular el reparto “clientelar” de megavatios que había realizado el bipartito de socialistas y nacionalistas y sustituirlo por un nuevo concurso “legal y transparente”. Para la justicia no lo es tanto. El Tribunal Superior de Galicia acaba de tumbar la puja impulsada por el Ejecutivo de Feijóo, con una sentencia amenazante para las arcas públicas gallegas.

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