El juez activa la investigación por el caso de las monjas de Santiago con un imputado

El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha activado la investigación por el caso de las tres monjas indias retenidas en un convento de la capital gallega, con un auto en el que cita a dos personas en calidad de testigos y a una tercera como imputada. Aunque el juez no ha dado a conocer ningún detalle que permita identificar a la persona imputada, fuentes próximas a la investigación dan por seguro que se trata de la madre superiora de las Mercedarias, a la que la autora de la denuncia que desató la operación acusa de hacer creer a las religiosas que serían deportadas a su país de abandonar el centro.

La citación de la imputada y los dos testigos, presumiblemente dos de las monjas que lograron abandonar el convento de clausura, se produce para “formar un mejor criterio sobre la existencia de indicios de responsabilidad penal” en el asunto, después de que la Fiscalía decidiese presentar denuncia. Las monjas que abandonaron el convento gracias a la intervención de una comitiva judicial y policial el pasado 23 de enero decidieron no presentar denuncia.

La causa recayó en reparto en el juez que ahora ha ordenado las citaciones después de que el juzgado de instrucción número 1 de Santiago, de guardia el día que se liberó a las monjas, apreciara indicios de los delitos de detención ilegal, contra la integridad moral, amenazas y coacciones. El caso se destapó cuando una cuarta monja, también india, contó la situación a una española que conoció en un viaje que realizó a su país, que fue quien contactó con la Policía y quien ha acogido en su casa a las monjas que han abandonado el convento.

Las tres mujeres liberadas llevaban más de 15 años en las Mercedarias de Santiago, convento en el que habían ingresado, presuntamente engañadas, cuando apenas contaban con 17 años. En los últimos años, las mujeres de origen indio habían manifestado su voluntad de abandonar el centro, donde según la denuncia permanecían en condiciones de “casi esclavitud”. Pero la madre superiora les impedía hacerlo, con la falsa advertencia de que su situación en España era irregular.

La jueza que ordenó la liberación de las monjas se presentó en el cenobio al día siguiente de recibir el atestado de Extranjería. Un dispositivo judicial, respaldado por agentes de la Policía Nacional, se presentó en el lugar para comprobar si las mujeres que allí vivían lo hacían por propia voluntad. Tres de las internas abandonaron el centro esa misma mañana, en tanto que otras dos también indias decidieron permanecer en él, junto a las otras cinco religiosas, españolas y mexicanas, que aún permanecen en el convento.

Las investigaciones judiciales no se reducen a la supuesta retención ilegal de estas monjas. También se está analizando la deportación de otras dos religiosas a la India en 2011, que según la denuncia se produjo por la ocultación de los papeles de residencia por parte de las autoridades del convento. El juez quiere saber también si las monjas que abandonaron el centro el 23 de enero tenían acceso a sus papeles para poder salir libremente del mismo.

La denunciante asegura que la superiora amenazaba con meter en un avión y devolver a la India a las que abandonaran el centro

El Arzobispado sostiene que en las Mercedarias no se ha retenido a nadie en contra de su voluntad. “Este es un proceso vocacional”, señala. Según explicó en un comunicado el pasado 26 de enero, cuando se conoció el caso, a las monjas se les concedió “un tiempo de reflexión” cuando manifestaron su intención de dejar el convento, y estaban a la espera de una dispensa papal para dejar los votos eclesiásticos cuando apareció en el centro la comitiva judicial y policial. La denunciante asegura que la superiora amenazaba con meter en un avión y devolver a la India a las que abandonaran el centro, de acogerse a la dispensa papal.

El auto de la jueza que dio origen a la operación no valora “la cuestión religiosa” relativa al acatamiento voluntario de las normas del convento, pero apela a Ley Orgánica de Libertad Religiosa para precisar que “toda persona tiene derecho a cambiar o abandonar su confesión religiosa”. Añade el mismo auto que la libertad religiosa y la de culto tienen como único límite “el derecho al ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales".

Según un informe elaborado por Extranjería, además de las duras condiciones de vida en las Mercedarias de las internas, estas padecieron reiteradas trabas a su libertad, con técnicas que se describen como muy próximas al maltrato psicológico. De acuerdo con la denuncia, las monjas solo podían comunicarse con sus familias dos veces al año, siempre bajo supervisión de la madre superiora, y viajar a su país cada ocho. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) revela además “amenazas veladas de ser deportadas si abandonaban la congregación, imposibilidad material y circunstancial de escapar del convento, al ser privadas de su documentación personal, y trabajos en el campo asimilados a la esclavitud”.