Mil marineros gallegos cumplen mes y medio de paro y protestas por las cuotas del cerco

Las tiendas de campaña de los marineros del cerco gallego forman parte desde hace mes y medio del paisaje que rodea la sede de la Xunta, en Santiago de Compostela. Es una de sus formas de protestar por un sistema de reparto de cuotas que acaba de renovar el Gobierno, y que lesiona gravemente los intereses de una mayoría de los barcos que trabajan la sardina, la caballa y el jurel en Galicia. “Nos aboca a la ruina”, se lamenta Andrés García, portavoz de los más de 1.500 afectados por el sistema de distribución de capturas.

Con el campamento como fotografía de sus protestas, un total de 120 barcos del cerco secundan también un paro iniciado en octubre, cuando constataron la finalización de la cuota de jurel de acuerdo con el reparto establecido para los años 2014 y 2015. Los armadores acometieron un EREque afectó a un millar de marineros, autónomos que no tienen derecho a coberturas de desempleo. Y el BOE les asestó el golpe definitivo el pasado 30 de noviembre, al publicar la orden que renueva un año más un sistema de cuotas que se basa en el reparto individual por barco de acuerdo con sus respectivos históricos de capturas. El mismo que rechazan.

Mientrasturnos de 30 patrones mantienen día y noche el campamento de protesta frente al edificio de la Xunta, el paro hace mella en la economía de las familias afectadas. “Seguimos sin ingresos, pero los gastos son prácticamente los mismos: los seguros, seguridad social, los amarres, las letras de los buques…”, narra García, que subraya el escaso tamaño de las empresas armadoras, muy sensibles a cualquier eventualidad, incluidos los criterios de reparto. Por eso están decididas a mantener la protesta, ante lo que consideran un intento de acabar con la histórica flota del cerco en Galicia.

En total son 1.500 empleos directos los que están en juego, a los que habría que añadir otros 6.500 indirectos. Puertos de prácticamente todas las rías gallegas cuentan con barcos del cerco, que en Galicia emprendieron una autorregulación a principios de la década de los ochenta. “Se establecieron unos límites por barco y año para proteger la pesca que no se impusieron en otras comunidades como el País Vasco. Por eso, a la hora de valorar el histórico en las asignaciones de cuota, la flota gallega fue la gran perjudicada”, afirma un portavoz de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga), mayoritaria en Galicia. No la única, porque Cerqueiros Galegos, de nueva creación, defiende los criterios aplicados por el Gobierno. Eso sí, con una representación del 20% de los armadores, frente a casi el 80% de Acerga.

“Queremos que se aplique un modelo lineal por buque y número de tripulantes”, resume Andrés García. Frente a este modelo, Cerqueiros Galegos propugna que cada buque gestione sus cuotas como hasta ahora, en consonancia con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con la Consellería de Mar. La titular de esta última, Rosa Quintana, no ha dudado en culpar a la directiva de Acerga de la finalización de las cuotas de gestión conjunta.

Tras una manifestación que reunió a más de 2.000 personas el 15 de noviembre, convocadas por la asociación mayoritaria, Quintana aseguró que los resultados económicos de esta campaña están mejorando notablemente respecto a 2014, y en algunos casos hasta multiplicando por 10 sus ventas. "Veo que algunos barcos de Acerga que facturaron 60.000 euros o 90.000 euros en 2012 hoy están facturando más de 600.000", afirmó la 'conselleira', para añadir: “El problema puede deberse a un reparto dentro de la propia directiva de esa organización o a cómo hacen las cosas”. Su velada acusación ha deteriorado unas relaciones que ya estaban marcadas por la tensión.

La 'conselleira' también ha puesto en duda que el reparto que defiende la mayoría de la flota del cerco favorezca Galicia. “Cuando hablamos de reparto por tripulante, ojito”, ha advertido a los armadores, a los que pidió “que echen bien las cuentas y miren cuántos otros tripulantes pueden venir del golfo de Cádiz a pedir ese porcentaje de jurel”. Desde Acerga acusan a la 'conselleira' de favorecer “distintos 'lobbies' muy poderosos, como los de la acuicultura nórdica y chilena”.

En ese clima de confrontación, la flota gallega del cerco, la más importante de Europa, se encontró el lunes de la pasada semana con la desagradable sorpresa de la aprobación del plan de gestión para 2016, que continúa con el mismo reparto de criterios históricos. Es la primera vez que el plan se aprueba antes del inicio de la campaña, ya que en años anteriores se hizo con retrasos de hasta cinco meses, con el agravante de que en esta ocasión se dicta en vísperas de unas elecciones generales.

Para García, se trata de una actitud de “acoso y derribo”. “El Gobierno y la Xunta tienen una estrategia para hacer desaparecer cuanto antes a los cerqueros de Acerga”, acusó el portavoz de esta asociación, que recordó que el secretario general de Pesca del ministerio, Andrés Hermida, se había comprometido a abordar con ellos un nuevo reparto.

En las siete semanas de protestas, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni la 'conselleira' de Mar se han entrevistado con los representantes del cerco a los que ven cada día acampados frente a sus despachos del edificio de la Xunta en San Caetano. A la Xunta atribuyen también el nacimiento de la asociación minoritaria, que vinculan con el exsenador y expresidente de la Diputación de A Coruña José Luis Torres Colomer, un histórico del PP gallego.

Los 120 barcos inscritos en Acerga suponen no solo el 75% del sector en Galicia, sino también el 51% del conjunto de la flota del Cantábrico noroeste, que comprende a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Durante los dos últimos años, sus barcos se acogieron al sistema de capturas conjuntas, lo que significa que los que tienen más cuota aportan a un fondo común sus capturas, para ser repartidas equitativamente entre los que disponen de menos. Gracias a esta fórmula solidaria, el sector ha podido sobrevivir durante 2014 y 2015, pero la prórroga de 2016 del sistema de reparto supondrá, asegura Acerga, “la progresiva desaparición de la mayoría del cerco gallego”.