Los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona no están obligados a hablar en catalán

“La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma”. La frase es de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, es decir, aquélla que revisaba la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos del Estatuto de Autonomía.

Siguiendo esta estela, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de dictar un auto en el que anula cautelarmente varios artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado el 5 de febrero pasado. Todos los partidos votaron a favor excepto el Partito Popular, que llevó el tema a los tribunales.

El máximo órgano judicial catalán anula, así, los artículos 3.1; 3.2; 3.4; 5.2; 7; 12; y 18. El primero proponía que “las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona deben hacerse en catalán”. Los socialistas intentaron la aprobación con un ligero matiz: introducir la palabra “normalmente” antes de “catalán”. Pero tanto su socio (ICV) como los restantes grupos de la oposición (CiU y ERC) no aceptaron ese añadido.

El 3.2 también señala que las actas del Ayuntamiento han de redactarse en catalán, ya sea de comisiones o de organismos y entidades dependientes del consistorio. El 3.4 extiende la obligatoriedad de este idioma a rótulos indicativos de oficinas y despachos y a los impresos, sellos de goma, matasellos o elementos análogos. El 5.2 obliga a redactar en catalán todos los documentos. Del artículo 7, el TSJC sólo elimina un inciso que dice que “en sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Ayuntamiento de Barcelona ha de utilizar la lengua catalana, excepto que el administrado o la administrada pida ser atendido/a en castellano”.

El artículo 12 hace referencia a la rotulación de toda case que dependa del Ayuntamiento, pudiendo, por motivos justificados, utilizar el castellano. Aun en este caso, la versión catalana “figurará de forma preferente”. El 18 establece que “en los registros administrativos del Ayuntamiento, los asentamientos se han de hacer en catalán”.

El texto del auto señala que “los demás artículos, en cuanto no imponen el uso exclusivo de una de las lenguas oficiales, o contienen salvedades, remisiones a normativa y matizaciones, o deben ser estudiadas por vez primera al tratar el tema de fondo, deberá mantenerse su ejecutividad, sin perjuicio de las valoraciones que, sobre unas y otras, puedan hacerse al dictar sentencia una vez tramitado el procedimiento contra la resolución del TSJC cabe todavía recurso, para lo que da un plazo de cinco días a las partes.

Treinta años de ‘normalidad’ sin reglamento lingüístico

Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo popular del consistorio barcelonés, pidió ayer que el Ayuntamiento acate la resolución judicial y suspenda los artículos citados. Fernández subrayó que “con el pretexto de fortalecer el catalán, se aprobó un reglamento lingüístico que en la práctica excluye al castellano de la vida municipal”.

También recordó el líder popular que “han sido 30 años sin reglamento lingüístico en el Ayuntamiento de Barcelona y nunca había pasado nada, ningún obstáculo para la promoción de la lengua catalana, desde la naturalidad y el respeto por el sentimiento de los barceloneses y la convivencia del castellano y catalán en la administración municipal”. El dirigente del PP manifestó, asimismo, que “nosotros defenderemos un modelo lingüístico que abogue la defensa de la lengua catalana para fortalecer el uso del catalán también en el ámbito de la Administración, siempre que no suponga una discriminación del castellano”.

Por otra parte, el TSJC también se pronunció sobre un recurso de la asociación Convivencia Cívica Catalana contra un reglamento similar de la Diputación de Lérida, aprobado el 18 de junio de este año, que preservaba el catalán y el aranés. Según la asociación, 19 artículos  de este reglamento excluyen el castellano. El TSJC anula un total de 13 artículos. Este auto, sin embargo, contó con un voto particular del magistrado Alberto Andrés Pereira, que considera que debe reservarse la anulación de los preceptos a la sentencia definitiva.