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La siempre convulsa arena política murciana -en estos momentos, hay cerca de una veintena de investigaciones abiertas por corrupción- vive estos días su penúltimo episodio turbulento. En esta ocasión, el revuelo se ha originado en torno a la piscina -dotada de un jacuzzi y con una cubierta acristalada- que la consejera de Sanidad del gobierno murciano, María de los Ángeles Palacios, del PP, se ha construido en unos terrenos destinados al cultivo agrícola. Más allá de las consideraciones éticas o estéticas, el capricho le puede traer más de un problema legal.

El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción de Murcia abrió una investigación para saber si la obra se hizo con los permisos pertinentes y, en ese caso, comprobar si el proceso de tramitación se ajustó a la legalidad. Uno de los primeros pasos ha sido hacerse con el expediente. Para ello, dos agentes de la Guardia Civil de Murcia se presentaron la semana pasada en el ayuntamiento de Cartagena -gobernado por la también diputada popular en el Congreso, Pilar Barreiro- para llevarse toda la documentación relacionada con la obra. Palacios, por su parte, ha salido al paso asegurando que la obra “cuenta con todos los permisos”, aunque ha preferido no hacer más comentarios “por respeto a la investigación judicial”.   

La responsable de la sanidad murciana -que fue concejal de Hacienda del consistorio cartagenero antes de dar el salto al gobierno regional- adquirió los terrenos, en los que también figura una vivienda de cerca de 300 metros cuadrados, en 1989. La finca -ubicada en un paraje del campo de Cartagena denominado El Albujón-, está calificada como terreno agrícola de cultivo tradicional en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena. Esto, en principio, limita los usos del suelo a fines estrictamente agrícolas.

En 2007, sin embargo, Palacios inició los trámites para levantar -en una construcción anexa a la vivienda- una piscina y un jacuzzi cubiertos por una estructura de acero y acristalada. Según la documentación entregada a la Guardia Civil, la licencia de obra menor se concedió el 14 de noviembre del año 2007. El permiso municipal, a pesar de reconocer que la obra se realiza sobre suelo rústico, matiza que es viable “debido a que existe una vivienda unifamiliar y a que ese tipo de construcción no se eleva sobre rasante”. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción trata de determinar si, efectivamente, la piscina es compatible con ese carácter agrícola de la finca o si el ayuntamiento de Cartagena vulneró su propia normativa urbanística para favorecer a la consejera de Sanidad.