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Lunes, 21 de septiembre de 2009

Las continuas agresiones a profesores y médicos están provocando que las instituciones estudien una modificación en el Derecho Penal como la mejor manera de defenderles. Por eso, la Fiscalía General del Estado insta a que estos ataques sean considerados como un atentado contra la autoridad, con el agravante que eso lleva aparejado.

Tanto los médicos como los profesores serían calificados como funcionarios públicos y por tanto un ataque contra ello se equipararía a, por ejemplo, una agresión a un policía, siempre y cuando se encuentren en ese momento en el servicio de sus funciones.

Según recoge la Fiscalía General de Estado en su Memoria de 2008, tanto el derecho a la educación como a la salud se han ido configurando progresivamente como derechos básicos, habiendo asumido el Estado su provisión como servicios públicos esenciales. Por tanto, son materias “que afectan a principios básicos de la convivencia en una sociedad democrática”. De todas maneras, el Ministerio Público recuerda en esta consulta que la agresión será calificada de atentado siempre y cuando se produzca un acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave.

Sin embargo, sólo adquirirían esta calificación los profesores o médicos que trabajen en instituciones públicas. “No quedan amparados los profesionales de la salud y educación que aun prestando servicios públicos o esenciales, los realicen como empleados de empresas o instituciones privadas relacionadas con la Administración en régimen de concierto o mediante cualquier otra fórmula de relación jurídica similar”.

Aún así, la Fiscalía tiene sus dudas de poder introducir estos cambios del marco legal ya que entiende que podría ‘chocar’ con la doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, sobre el principio de intervención mínima o de “última ratio” del Derecho Penal. Es decir, para ambos órganos judiciales hay que reducir al máximo posible las personas con una protección jurídica superior al resto de los ciudadanos porque podría afectar a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática.

4.  maquiavelos»21/09/2009, 18:15 h.

¿Dar más autoridad a los profesores? Por supuesto que sí, pero antes, eliminar la fatídica Ley del Menor, autentico parapeto en el que se escudan los niñatos para hacer todo tipo de tropelias.

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3.  gata»21/09/2009, 16:22 h.

Yo no tengo la vision necesaria para saber si esta medida es o no efectiva, pero creo que hay que hacer algo YA. Para mi lo mas util seria que se les tocara el bolsillo a los que molestan en clase y no dejan estudiar a los demas. Deberian de pagar sus estudios, por lo menos hasta que demostraran que cambian de postura y aprovechan lo que les pagamos entre todos. Y a los padres gallitos y violentos, caña.

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2.  boderal»21/09/2009, 15:21 h.

Me parece una medida propagandística y con poco efectos prácticos. No son tantas las agresiones dentro del recinto escolar por parte de padres [los alumnos son menores, luego poco les va a importar] y, normalmente, las más graves tienen lugar fuera del recinto escolar. Pregunten a cuantos profesores les han causado destrozos en sus vehículos, verían que esas son las principales agresiones.

La caja debajo de la cama

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1.  jartodeto»21/09/2009, 14:26 h.

No necesitamos mas leyes.
que las que hay, se cumplan con rigor.

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