La Fiscalía sospecha que el Hércules compró partidos para ascender a Primera División

La investigación judicial sobre el caso Brugal, una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en la comarca alicantina de la Vega Baja que ha salpicado al líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, ha dado un giro inesperado. Las escuchas telefónicas a los supuestos implicados en la red corrupta, entre ellos el constructor y máximo accionista del Hércules C. F., Enrique Ortiz, han puesto al descubierto la presunta compra de varios partidos por el club alicantino, que el pasado 19 de junio logró el ascenso a Primera División tras vencer a domicilio al Real Unión de Irún, dejando en la cuneta a un Betis que también aspiraba a jugar la próxima temporada en la liga de las estrellas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, ha dado carpetazo al caso sin llegar a entrar siquiera en el fondo del asunto, por entender que el pago de primas a un equipo rival para que éste se deje ganar no constituye delito. Al menos por ahora. Porque cuando entre en vigor la última reforma del Código Penal, el próximo mes de diciembre, esa práctica fraudulenta y antideportiva podrá ser castigada con penas de hasta cuatro años de cárcel. La Fiscalía Anticorrupción, pese al archivo de la causa, ha pedido al juez que traslade los hechos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Consejo Superior de Deportes para que tomen cartas en el asunto.

La Fiscalía, según las fuentes consultadas por El Confidencial, entiende que, aunque no se haya cometido una infracción penal, las autoridades deportivas deben intervenir para determinar si el Hércules C. F. ha violado la Ley del Deporte o el Código Disciplinario de la RFEF. Este último considera como falta muy grave los "acuerdos conducentes a la obtención de un resultado irregular en un encuentro", y prevé sanciones que incluyen la pérdida de categoría para el club que amañó el partido o la incautación del dinero pagado para alterar el resultado del encuentro.

Del 'caso Gürtel' al 'caso Brugal'

Las escuchas telefónicas del caso Brugal, ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, no sólo han dado pie a la imputación de 15 personas por su presunta implicación en la adjudicación irregular de una planta de basuras en la Vega Baja, entre ellos Ripoll y Ortiz. También han sacado a la luz, colateralmente, el supuesto amaño de partidos por la directiva del Hércules C. F., propiedad de Ortiz, que aparece mencionado en varios informes policiales sobre el caso Gürtel como adjudicatario de numerosos contratos de la Generalitat valenciana.

Las fuentes consultadas por El Confidencial aseguran que los pinchazos telefónicos ordenados por el juez recogen conversaciones grabadas a los directivos del Hércules José León y José Candel -implicados también en el caso Brugal- en las que ambos aluden al supuesto pago de 300.000 euros al guardameta del Córdoba C. F. Raúl Navas para facilitar la derrota de su equipo frente al Hércules C. F. en la jornada 36 de Segunda División celebrada el pasado 10 de mayo, que se saldó con una contundente victoria del conjunto alicantino por 4-0. Pero, según las mismas fuentes, no fue ése el único encuentro amañado esta temporada por la directiva herculana.

El juez de Orihuela decidió el pasado día 12 declararse incompetente para investigar las supuestas irregularidades deportivas cometidas por el Hércules C.F y remitió esa parte del sumario al Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que acaba de archivar las diligencias por considerar que los hechos no son constitutivos de delito. Pero el fiscal anticorrupción ha pedido al juzgado que traslade las actuaciones a las autoridades deportivas para que estudien la posibilidad de ejercer la vía disciplinaria.

Confesión grabada

Los antecedentes más recientes de supuestos amaños de partidos no invitan, sin embargo, a pensar que la RFEF se decida ahora a cortar por lo sano estas prácticas fraudulentas. No lo hizo en junio de 2008, cuando el entonces presidente de la Real Sociedad, Iñaki Badiola, culpó a su homólogo del Málaga, Fernando Sanz, de haber sobornado a varios jugadores del Tenerife por dejarse ganar.

El Málaga, finalmente, ascendió a Primera División ese año, mientras que el conjunto vasco ha tenido que esperar hasta esta temporada para dar el salto a la División de Honor. Pero la denuncia de Badiola no sirvió de nada. La RFEF no movió un dedo para esclarecer los hechos, y ni siquiera tuvo en cuenta la sólida prueba aportada por el presidente del club donostiarra: una confesión grabada al jugador Jesuli, entonces en la plantilla del Tenerife, en la que éste admitía el soborno.

La reforma del Código Penal, que entrará en vigor en diciembre, tipifica como delito el fraude deportivo, que prevé penas de entre seis meses y cuatro años de prisión, además de inhabilitación y multa, para los "directivos, administradores, empleados y colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como los deportistas, jueces o árbitros, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva".