El fiscal solicita investigar a Convergència por el expolio del Palau de la Música

Hay muchas zonas oscuras todavía en la investigación sobre el expolio del Palau de la Música que protagonizaron sus máximos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull, durante años. Por ejemplo, los pagos a terceros de cuya existencia se ha ido sabiendo a trancas y barrancas. Por eso, el fiscal ha solicitado al juez que abra una pieza separada para delimitar responsabilidades sobre este asunto, independientemente del enriquecimiento ilícito de los máximos directivos, que conformarían la pieza principal.

Y ahí afecta de lleno a Convergència i Unió (CiU). Varios de sus dirigentes fueron, al parecer, receptores de diversas cantidades de dinero que Millet sacaba de las cuentas del Palau de la Música. En su exposición de motivos, el fiscal habla de “facturas mendaces” elaboradas por las compañías Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic para justificar la salida de fondos, y recuerda que la Fundación Trias Fargas (que pertenece a Convergència democràtica de Catalunya), “vinculada a un partido político”, fue receptora de cantidades de dinero desviado ilícitamente mediante pagos “que se vestían como convenios de colaboración cultural firmados con el Palau, cuando no se ha acreditado que dicha Fundación desarrollara ninguna actividad en tal sentido”.

También recuerda el Ministerio Público que, “de la documentación obrante en la causa, se desprende que àngel Colom Colom percibió con cargo a los fondos del Palau la suma de 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros), según documento obrante al folio 1.119 en el que afirma actuar en nombre de la Fundació Privada Espai Catalunya y recibir los fondos con destino a un supuesto Convenio de Pedagogía, a todas luces ajeno a los fines de la institución musical”. Y tan ajeno era que, por no existir, ni tan siquiera existía la Fundació Espai. Colom es, hoy por hoy, el responsable de inmigración de Convergència.

El fiscal detalla también que desde el 2002 al 2008, Millet y Montull detrajeron casi 19,5 millones de euros en efectivo de las cuentas del Palau. De ellos, más de 1,7 millones fueron a parar a las manos de un tal “Daniel”, cuyo nombre coincide con el tesorero de CDC y de la Fundación Ramón Trias Fargas: Daniel Osàcar, cuyas llamadas reiteradas a Montull quedan recogidas en la agenda de las secretarias. Carles Torrent, el antiguo tesorero (hasta su muerte, en el 2005), recibió también más de 570.000 euros en efectivo. Los investigadores buscan todavía el destino de más de 8,3 millones de euros que fueron retirados en billetes de 500 y de los que se ignora dónde han ido a parar.

Intermediarios entre Ferrovial y CDC

El escrito de la fiscalía explica también que “se han hallado evidencias documentales que apuntan a que parte de los caudales que salen del Palau de forma opaca se corresponden con fondos aportados por una empresa privada, Ferrovial-Agroman, los cuales habrían sido aplicados a realizar pagos que indiciariamente pueden ser puestos en relación con la adjudicación a dicha compañía de grandes obras públicas”. Y subraya que “pudiera tratarse de algún tipo de comisiones ilícitas que pudieran haberse satisfecho para o por la adjudicación de determinadas obras públicas de envergadura, habiendo actuado los imputados Millet y Montull como intermediarios entre Ferrovial y personas afines a la formación política en el gobierno en el momento de las adjudicaciones”.

En otras palabras, que lo que se ha descubierto hasta el momento lleva a concluir que Ferrovial conseguía obras públicas del Gobierno de la Generalitat, entonces presidido por Jordi Pujol, tras el pago de las comisiones correspondientes. En este sentido, hay evidencias de que la compañía constructora pagaba al Palau de la Música el 4% de las adjudicaciones públicas. Y de este dinero, el 3,5% iba destinado a la Fundación Trias Fargas, mientras que el 1,5% restante se quedaba en las arcas de la institución musical. Estas obras son la construcción de la Línea 9 del Metro, la de la Ciudad de la Justicia, la construcción de un pabellón en la localidad de Sant Cugat (la principal población catalana en manos de CiU) y otra obra adjudicada por Regs de Catalunya, empresa pública de la Generalitat.

La investigación, no obstante, puede extenderse más allá de àngel Colom y de Daniel Osàcar, ya que la fiscalía especifica que ésta ha de ser sobre “personas afines a la investigación”. En otro momento del relato, el texto dirigido al juzgado señala que “en lo tocante a las infracción es derivadas del empleo del entramado financiero del Palau de la Música como vehículo para convertir en clandestinas las entregas de dinero desde la empresa Ferrovial hacia terceros no relacionados con el Palau de la Música, es obvio que además de la participación de los citados Milet, Montull y Gemma Montull (directora financiera), han intervenido muchas otras personas cuya identidad no guarda relación con las concernidas por el procedimiento principal”. En este sentido, cobran especial importancia las reuniones que Millet mantenía con el ex diputado convergente Jaume Camps, a veces con la presencia del tesorero de CDC, Carles Torrent.

Según el fiscal, con la creación de una pieza separada y con apoyo pericial “podrá llegarse a determinar los posibles destinos de dichos movimientos (se refiere a las cantidades detraídas de las cuentas de la institución)”. Ahora, la pelota está en el tejado del titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona. A él le corresponde el siguiente movimiento.