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Los servicios antiterroristas tienen identificados a un centenar de miembros de ETA con causas pendientes con la justicia que viven refugiados en Latinoamérica. Algunos se han desvinculado de la banda, pero otros se mantienen en una especie de retiro temporal, realizando labores logísticas y de acogidas para los que cruzan el Atlántico escapando de la justicia, según las fuentes consultadas por este diario. A esta cifra hay que añadir el de varios centenares más de simpatizantes o militantes de la izquierda abertzale, en muchos casos sin imputaciones o ya prescritas.

México, Venezuela y Cuba, por este orden, han sido los países que tradicionalmente han acogido a un mayor número de etarras, que comenzaron a llegar en la década de los ochenta como consecuencia de los acuerdos suscritos por el Gobierno de Felipe González con sus homólogos de dichos países y de otros como Panamá, Uruguay, Nicaragua, Cabo Verde, Santo Tomé o la República Dominicana. España pagaba su manutención y concedía Fondos de Ayuda al Desarrollo como contrapartida por tan incómodos residentes. El ‘pacto entre caballeros’ incluía el compromiso del Ejecutivo español de no reclamar nunca su entrega, a condición de que los ‘deportados’ no realizaran ninguna labor para la banda. La distancia con nuestro país, varios miles de kilómetros, los inhabilitaba como elementos peligrosos.

El tiempo ha demostrado que algunos se alejaron de ETA, rehicieron su vida e incluso consiguieron la nacionalidad del país de acogida, pero otros no, y desde entonces realizan labores de logística para la organización, por ejemplo ‘lavando’ dinero procedente de extorsiones con la creación de empresas de todo tipo, desde restaurantes a agencias de viajes, y labores de acogida a los que comenzaron a llegar huyendo de la justicia. Un ejemplo fue el ‘holding’ desmontado por la Policía hace diez años en torno a la empresa vizcaína Gadusmar, constituida para la importación y exportación de bacalao, que abrió delegaciones en Cuba y Panamá.

Algunos de los que no se desvincularon de la banda han regresado años después a Francia, como José Luis Eciolaza Galán ‘Dienteputo’ o Juan Cruz Maiztegui ‘Pastor’ por citar a dos de los más significados, en ambos casos para incorporarse a la dirección, en la que se les considera encuadrados.

Viaje a las Américas

Las declaraciones de muchos terroristas detenidos han demostrado que los ‘legales’ (no fichados por la Policía) que huyen a Francia buscando refugio tras detectarse su colaboración con algún comando o su implicación en actos de terrorismo son cuestionados sobre su decisión de ‘mantenerse en la lucha’ o retirarse al menos durante un tiempo. Éstos últimos son enviados a Latinoamérica, pero sin llegar a desvincularse de la organización, que puede reclamar su reincorporación si las circunstancias lo hacen necesario.

México fue durante muchos años el retiro ‘dorado’ de los miembros de ETA. Los servicios antiterroristas llegaron a contabilizar hasta un centenar y medio de militantes, colaboradores o simpatizantes de la banda ‘refugiados’ en dicho país. La paulatina implicación de las autoridades mexicanas en la lucha contra ETA hizo que muchos de ellos hayan buscado refugio en Venezuela, que se ha convertido en el principal país de acogida, lo que no significa que todos ellos estén de manera legal o conocida por sus autoridades. El etarra Andoni Zengotibengoa fue detenido el pasado 11 de marzo en Lisboa (Portugal) cuando intentaba viajar a Caracas con un pasaporte mexicano falso.

Las acusaciones del juez Velasco

El reciente auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el que además de procesar a seis miembros de ETA y otros tantos de las FARC da por demostrada “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración”, ha colocado al Gobierno en un brete y recuperado para la actualidad informativa un hecho conocido desde hace años: la presencia de etarras en Venezuela y la colaboración de ambas organizaciones terroristas. El auto del magistrado considera de gran relevancia el hecho de que el etarra Arturo Cubillas Fontán, considerado el responsable del colectivo en la zona, y como tal el coordinador de las relaciones con las FARC, ostenta un cargo público en el Ejecutivo de Hugo Chávez.

Los servicios antiterroristas consultados señalan que Venezuela mantiene una actitud muy hermética sobre las actividades de los etarras acogidos en su territorio, pero que eso no significa que conozca la cifra exacta de los que se esconden en él, ni que todos los residentes tengan vinculación con ETA.

Años atrás, un emisario del Ministerio del Interior viajó por Latinoamérica para contactar con los miembros del colectivo con causas pendientes de escasa relevancia o ya prescritas para que regresaran a España y alejarlas así de la disciplina de la  banda. Regresaron muy pocos. La banda no perdona a quien se atreve a dar un paso semejante sin su autorización.