Aprender a vivir sin la amenaza de ETA

“Mamá, no sabes lo que nos estás haciendo. Tú eres viuda… eres una irresponsable”. La frase pertenece al hijo de una ex concejala popular en un pequeño pueblo burgalés reclamado por la izquierda radical abertzale. Viene a sintetizar su miedo, su hartazgo ante el aislamiento social al que le someten sus vecinos. Con estas palabras le pide a su madre que elija: su familia o su carrera política. No mucho después, ella abandonó la primera línea tras toparse “con un terrorista de ETA (identificado posteriormente por la Guardia Civil)” en el bar en el que desayunaba todos los días. Fuera le esperaban otros dos. Su escolta hizo ver que iba armado para disuadir al primero, salir del bar y alcanzar el coche que habían aparcado a cinco metros de la taberna. 

Ese escolta es uno de los centenares de guardaespaldas privados que desde mañana dejarán de proteger a ex concejales del PP y PSE, empresarios y periodistas en activo, debido a la reorganización en el servicio de protección a personas amenazadas por ETA que el jueves anunció el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares. Un reajuste decretado este verano durante una reunión entre los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza y representantes del Ministerio y la consejería vasca de Interior. En el encuentro, se analizaron los expedientes de cada uno de los amenazados y el nivel de riesgo que corren, cuenta a El Confidencial el presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz.

Se desconoce a cuántos ex cargos públicos afecta el plan de reajuste. De la Cruz, que achaca la medida a criterios económicos, cifra en 90 las personas a las que se retira la escolta, entre las que incluye a “cuatro o cinco empresarios de la Y vasca”. Otras fuentes consultadas por este diario discrepan: “en primer lugar, a ningún empresario se le va a quitar la escolta. Segundo, no hay ningún concejal en activo al que se le vaya a retirar la protección. Tampoco se les ha quitado a todos los ex cargos, ya que a algunos de significación pública no se les retirará. Se les quita, por ejemplo, a aquellos que han dejado el País Vasco. En total, 46 ex cargos públicos del Partido Popular van a perder la protección permanente, que incumbía a Interior, aunque se crearán una especie de equipos de contra vigilancia, una decisión que obedece a criterios de revisión del riesgo”, aseguran a este diario fuentes solventes del PP. En cuanto a las reacciones, “muchos de ellos están encantados, hace años que se apartaron de la política y detestan tener escolta, pero otros están preocupados”.

“Si eres del PSOE o del PP estás marcado”

La ex concejala popular que habló con este diario se enmarca en este último grupo. Asegura que muchos ex concejales de pueblos pequeños perderán su escolta y que, en su opinión, el plan de reajuste de los servicios de seguridad supone “una degradación de la democracia” en el País Vasco, porque en muchas poblaciones la opción política del PSE o del PP dejará de existir. “En una reunión de empresas de seguridad privadas se comentó que retirarán a más de mil guardaespaldas. Y aquí solo puedes arriesgarte con un mínimo de seguridad, si no eres un kamikaze. No sabes lo que es vivir en un pueblo de 350 habitantes donde la mitad son de HB, las miradas, el desprecio, el miedo que tienen tus amigos a que les vean contigo, el aislamiento que sufren tus hijos. Mi hija pequeña nunca supo lo que es salir con amigas. En un lugar así serás del PSOE o del PP para toda la vida, quedas marcado para siempre, tú y tu familia. No te imaginas las consecuencias psicológicas”.

El escolta que fue su sombra durante siete años sostiene que más de 1.000 miembros de la seguridad privada que realizaban servicios de cortesía (protección a ex cargos públicos o políticos que ya no están en activo) perderán su trabajo. A quienes siguen en el circuito se les rebaja la protección de dos guardaespaldas a uno y sin vehículo. “En una reunión de Interior con las compañías de seguridad privada se habló de una evaluación de riesgos, pero también de un reajuste económico. Ya en julio nos comentaron que el recorte era para reducir la partida, porque el porcentaje de seguridad privada frente a la pública es de más de un 70%. La protección pública es minoritaria”, señala a este diario.

Los últimos datos sobre la cifra real de amenazados por ETA indican que en Euskadi y Navarra hay más de 1.490 personas que necesitan servicio de seguridad. El coste, que se ha disparado en los últimos años, corre a cuenta del Ministerio y de la consejería de Interior, que dedicó 65 millones de euros en 2009 al pago de estos escoltas. Para el presente año, la previsión es de 144 millones de euros, partida que incluye a las víctimas de la violencia machista.    

“Los escoltas están negros porque cada vez cobran menos, tienen menos dietas y sus condiciones de trabajo van a peor. Nosotros (el PP) tenemos aproximadamente 250 protegidos y el PSE otro tanto o incluso más. Aunque hemos ido trasladando nuestra disconformidad con la retirada de los guardaespaldas, la decisión se ha acordado con el partido. Porque si ésto significa que hay una falta de fondos y se pretende dejar desprotegidos a los cargos públicos, nos pondría en una situación muy preocupante. Pero hasta hoy no tenemos ningún concejal en activo que quiera tener protección y no la tenga”, zanjan fuentes del partido.

"El 90% de los protegidos no corre peligro"

En las comisarías tampoco hay consenso: los dos principales sindicatos policiales discrepan ante la reduccción de escoltas aprobada por el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) considera que "el 90% de los protegidos no corre peligro". "Es el tercer recorte en los últimos 18 meses; el tema de los escoltas en este país es un escándalo, ya está bien de utilizarlos como elemento de poder y distinción", señala su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, quien esta semana se mostró "completamente de acuerdo" con la retirada de guardaespaldas a "un montón de concejales en Madrid, Sevilla, Valencia, entre otros lugares, lo que supone un coste inaceptable". Mientras, la Confederación Española de la Policía (CEP) denuncian que se retirará la protección a personas "que sí pueden tener peligro, cuando hoy estamos en la misma situación que hace un mes, una semana o dos años".

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