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La banda terrorista ETA lanzó a finales de febrero una nueva campaña de extorsión con el fin de recaudar fondos para su actividad terrorista. Sin embargo, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press, numerosos empresarios de los que han recibido las cartas no han podido contactar con los "canales habituales" de pago porque, o no existen ya, o las personas con las que contactan no quieren saber nada del asunto.

El envío de cartas por parte de la banda terrorista pidiendo el llamado impuesto revolucionario sigue "sin desaparecer" y se produce "con más o menos intensidad en el tiempo" tal y como reconocía recientemente el presidente de la asociación de empresarios de Guipúzcoa. La última remesa de cartas de la que los servicios antiterroristas tienen conocimiento ha llegado entre finales de febrero y principios de marzo.

Estos nuevos envíos no distan mucho en el tiempo de los que se produjeron en enero en el País Vasco y en Navarra y que, en esta última Comunidad fueron denunciados por el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa. La campaña recaudatoria que ETA comezó a principio de año fue apoyada, además, con llamadas telefónicas a empresarios de las dos CCAA con el fin de ejercer una mayor presión para el pago.

Las cartas de extorsión de enero supusieron la reactivación de la extorsión de la banda, que llevaba más de seis meses inactiva en este asunto, ya que la anterior remesa de misivas para reclamar el 'impuesto revolucionario' se produjo entre mayo y junio de 2009, fechas en las que ETA llegó a reclamar hasta 400.000 euros a los empresarios.

En esta ocasión, entre una y otra oleada de cartas ha transcurrido poco más de un mes. Sin embargo y a pesar de la urgencia que la banda terrorista ETA parece tener por lograr recursos para financiarse, su red de captación de fondos también se ha visto debilitada por los continuos buenos resultados que está dando el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En esta ocasión, los terroristas están exigiendo cantidades que van de los 150.000 a los casi 300.000 euros y piden a los empresarios que las hagan llegar a través de los "canales habituales", además de incluir la ya conocida parafernalia de amenazas si no pagan.

Sin embargo, los datos de los empresarios que está utilizando la banda son antiguos y no responden a la realidad actual, tanto familiar como financiera, en muchos de los casos, entre otras razones, por la crisis económica en la que está inmersa España. Las fuentes consultadas aseguran que, de los errores que han cometido en las cartas enviadas, se deduce que los registros de datos que utiliza la banda tienen una antigüedad de entre tres y cuatro años.

Pero estos no son los únicos factores que están distorsionando a ETA su captación de fondos. Otro de los problemas con los que se está encontrando es que sus "canales habituales" no funcionan o al menos, no todos están operativos.

Las fuentes consultadas explicaron que en algunos casos, los empresarios que han recibido las cartas han tratado de ponerse en contacto con eso que ETA llama "canales habituales" de pago y se han encontrado con que, o ya no existen o quien responde no quiere saber nada de este asunto.

Este es otro de los aparatos de la banda que se han visto afectados por la debilidad de todo el conjunto de la organización, precisamente en un momento en el que más lo necesitan por el daño que han causado a los terroristas las últimas operaciones policiales, en las que se han producido abundantes incautaciones de material y también de fondos que los terroristas utilizan para alquilar pisos, escondites y mantener la organización.