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Jueves, 17 de septiembre de 2009

Amnistía Internacional (AI) hizo público ayer un demoledor informe sobre la detención en régimen de incomunicación que se aplica en España, fundamentalmente a terroristas, en el que pide al Parlamento que derogue la legislación existente al respecto. El informe lleva por título “España: salir de las sombras. Es hora de poner fin a la detención en régimen de incomunicación”, y ha sido elaborado por Rachel Taylor, investigadora para nuestro país de la citada organización (ver entrevista)  .

El texto asegura que España tiene uno de los regímenes de detención más severos de la Unión Europea (UE), y acusa a los sucesivos gobiernos de PP y PSOE de no haber tomado para corregir esta situación ninguna de las medidas que desde hace más de una década le reclaman distintos órganos de la ONU, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y organizaciones de derechos humanos.

AI descalifica que el gobierno español justifique el mantenimiento del régimen de incomunicación por razones de seguridad nacional y pública porque, en su opinión, “viola derechos importantes  de las personas detenidas (como el acceso sin demora y efectiva a un abogado) y facilita la tortura y otros malos tratos”. Y recuerda que hace ya doce años, en 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU afirmó que “una detención prolongada en régimen de incomunicación (…) puede en sí misma constituir un trato cruel, inhumano o degradante”.

El documento repasa las resoluciones que desde entonces han hecho todo tipo de organizaciones internacionales para poner fin a la incomunicación de los detenidos, sin que hasta el momento haya surtido resultado, y pone de relieve que el año pasado el relator especial para la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo visitó España y recomendó la supresión de la detención incomunicada para “reforzar la credibilidad de la actuación antiterrorista de las fuerzas de seguridad”.

Luces y recomendaciones

A pesar de las muchas sombras del informe, también contiene algunas luces. Por ejemplo, la satisfacción de AI por el anuncio realizado el pasado año por el Gobierno de que instalará cámaras en dependencias policiales para grabar al detenido durante todo el periodo de incomunicación, aunque critica que la iniciativa no prevea la grabación en las salas de interrogatorio. Además, las grabaciones no son obligatorias y sólo se realizan cuando lo pide expresamente el juez encargado de la investigación, lo que tan sólo ocurre en la mitad  de los casos.

En sus recomendaciones, AI reclama al ministro de Justicia que derogue los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que autorizan y regulan la  detención incomunicada para que los detenidos puedan ser asistidos desde el primer momento por un abogado de su elección, tengan derecho a ser examinados por un médico de su elección y se les permita notificar su detención sin demora a su familia. Al ministro del Interior le pide que grabe en audio y vídeo todos los interrogatorios y que instale cámaras en todas las zonas de las comisarías donde permanezcan detenidos. Finalmente, reclama de los jueces que denieguen las detenciones incomunicadas, que ordenen la grabación de los detenidos y que garanticen que éstos comparezcan ante él con la mayor prontitud posible.   

1.  CASI QUE NO»16/09/2009, 19:09 h.

Pues será muy severo, pero podríamos montar unas oposiciones para tanto candidato/a para ser detenido como hay.

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