CiU y PSC se enzarzan en una guerra de 'informes confidenciales' sobre los candidatos

Guerra total en Cataluña. La cercanía de las elecciones autonómicas ha disparado el instinto de los partidos políticos y las dos principales formaciones, Convergencia i Unió (CiU) y Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) están dispuestos a amargar la fiesta, de cualquier manera, a su rival. Desde los cuarteles generales de las calles Córcega y Nicaragua se blande una máxima: “Al enemigo, ni agua”. La gota que ha hecho desbordar el vaso fue la creación de la comisión de investigación sobre Fèlix Millet y sus tropelías en el Palau de la Música. Desde CiU se habla de “guerra sucia” y de “venganza”. Y la precampaña se ha enconado.

Hace unas semanas, viernes noche, en una celebración privada, un diputado de CiU comentaba a sus compañeros de mesa la preocupación de que en los próximos meses afloren escándalos en contra de los nacionalistas. El principal de ellos, que se reavive la investigación que lleva la Audiencia Nacional sobre españoles que han tenido cuentas corrientes en paraísos fiscales y, específicamente, en el banco LGT de Liechtenstein: uno de ellos es Artur Mas Barnet, padre del líder de CiU, Artur Mas. El patriarca de la familia ya dejó claro que hace años que tuvo una cuenta y que regularizó su situación, pero si el tema vuelve a la actualidad en plena campaña, el candidato convergente a presidir la Generalitat -aunque él no tuvo nada que ver con el asunto- vería su imagen tocada.

Mas Barnet, que actualmente es patrono de la Fundación del Hospital Plató, figura en un listado de españoles con cuentas en aquel paraíso fiscal, junto a otros nombres conocidos, como el del cantante Alejandro Sanz o el arquitecto Alfredo Arribas. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación, detectó un depósito del padre de Artur Mas de 500.000 euros, aunque investiga también entradas de 1,7 millones de euros de la pasada década y de ptincipios de la actual.

“Nos tememos que en esta campaña va a haber mucha guerra sucia. En realidad, ya la está habiendo: quieren hacer una comisión de investigación del caso Palau que en realidad lo que quieren única y exclusivamente es hablar de las relaciones de Millet y Convergència. Y en un tema judicial tan complejo y con un personaje tan complicado, extraer este tema exclusivamente de la investigación es sacarlo de contexto. Pero como saben que vamos a ganar, los rivales utilizarán todo lo que tengan a mano para desacreditarnos”, señaló a El Confidencial una fuente de CDC.

Pero éste es sólo uno más de los temas de escándalo que pueden surgir en los próximos meses. En círculos empresariales y políticos comienzan a circular informaciones e incluso informes primorosamente confeccionados sobre operaciones o sobre políticos concretos, como el secretario general adjunto de Convergència, Felip Puig. Según ha podido conocer este diario, un despacho de detectives ha estado hurgando desde hace meses en la vida y el entorno de Puig y se han confeccionado un par de dossieres informativos donde se recogen no sólo documentos oficiales de los registros, sino incluso rumores más o menos intencionados sobre la empresa que tiene domiciliada en su casa.

De la casa de Montilla a la de Carod

Los socialistas no se libran de este interés informativo. La casa del presidente de la Generalitat, José Montilla, ha sido foco de atención de sus rivales, que acudieron a los registros oficiales para conocer si había sido adquirida en tiempo y forma. En realidad, su casa, en el cinturón de Barcelona, fue comprada antes de llegar al Gobierno y pagada con los sueldos de él y de su esposa. Además, también es cierto que la zona donde se ubica ha sido muy revalorizada en los últimos años.

Los socialistas tienen otra patata caliente en su mano: el caso Pretoria, la trama dedicada a la revalorización de terrenos y a la urbanización, que aunque salpica a dos ex pesos pesados de Convergència -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta-, también se ha llevado por delante al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz. Además, el cerebro de la trama es Luis García, alias Luigi, ex diputado del PSC que abandonó su escaño hace casi 20 años.

Desde la calle Córcega, sin embargo, se estudian con lupa otros temas que puede hacer daño a sus princiaples rivales. El de los informes inútiles del Gobierno es uno de ellos. En realidad, este tema salpicaría a los tres socios que gobiernan la Generalitat, PSC, ERC e ICV. Y por ello, los convergentes piden que, además del caso Millet, la comisión de investigación parlamentaria que han aprobado extienda su interés tanto al caso Pretoria como a los informes. El caso es que en el Ayuntamiento de Barcelona (que gobiernan PSC e ICV) la situación es similar: se han encargado multitud de informes de dudosa utilidad. Y, además, CiU y PP han confeccionado extensos informes sobre operaciones municipales que arrojan dudas sobre la gestión del alcalde Jordi Hereu: desde uno donde se detalla un sobrecoste del edificio del Fòrum (que en vez de costar los 48 millones presupuestados disparó el gasto hasta los 140 millones y al que ni siquiera se le pudo sacar provecho porque incluso cerró el restaurante Klein que costó al erario público 3 millones de euros) hasta otro donde se recogen las pérdidas soportadas en el edificio Miramar de Montjuïc (en el que se invirtieron millones de euros sin sacarle ninguna contrapartida y en cuyos jardines se dejaron más de 2,2 millones).

Otra de las dianas de los dossieres informativos es el vicepresidente del Gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira. Según ha podido conocer este diario, alguno de sus rivales -y convecino- solicitó hace semanas documentación sobre la adquisición de un ático de alto standing. Los rumores que circulan en círculos políticos sitúan su valor en una cantidad de dinero que, a pesar de su elevado salario, sería difícil de costear. Aunque Carod no se presenta a las elecciones -fue descabalgado por su propia formación- la polémica que pueda suscitar este tema, afectaría a la campaña del candidato republicano, Joan Puigcercós