Aguirre pide amparo a la Asociación de la Prensa por el artículo sobre su consejero Granados

Nuevo rifirrafe entre el grupo Prisa y la Comunidad de Madrid. En este caso, a raíz de un artículo de El País donde se hace eco de otro de The Economist, titulado The pain in Spain. La presidencia de la CAM, Esperanza Aguirre, ha pedido amparo a la Asociación de la Prensa al entender que las palabras de la revista británica han sido manipuladas por el diario de Prisa para atacar de nuevo al gobierno madrileño.  

Para El País, Francisco Granados, ese "conservador político español" -como le llama The Economist- , sería la viva imagen del despilfarro que soporta el sistema español. El citado consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid sería claro ejemplo del derroche de la clase política. Sin ir más lejos, el titular madrileño tendrá que aclarar ante el Pleno de la Asamblea los gastos referentes a la Ciudad de la Justicia, por los que el PSOE pidió explicaciones la pasada semana.

El artículo explica que Granados trabaja en un "palacio remodelado con gusto" y habla de los dispendios que se gasta en seguridad, con agentes, en este caso "con tricornio", que custodian la entrada de la Consejería, sede del Gobierno regional madrileño. The Economist le señala como ejemplo del ejercicio del poder político en Europa. "Una limusina le espera en la plaza de al lado", afirma el texto.

Para Esperanza Aguirre, el sentido del artículo de The Economist es todo lo contrario, ya que no pone a Granados como ejemplo de un "derrochador" sino como el de un político español con poder, en este caso consejero de Madrid, que se encuentra atado de pies y manos para acometer las medidas que necesita su comunidad. Esto es, no puede despedir a funcionarios, tampoco les puede pedir cuentas por su abstentismo (pueden estar tres días de baja sin justificante médico), ni puede ponerles salarios distintos por su productividad (todos los cirujanos deben cobrar lo mismo).  

El artículo de The Economist asegura que "casi la mitad de los madrileños depende de las administraciones públicas de alguna forma", ya que calcula que de los 6,5 millones de madrileños, medio millón son funcionarios. El resto, continúa, son un millón de jubilados, un millón de niños y más de medio millón de parados. Siguiendo la estela de otros países europeos, el Ejecutivo español ha anunciado medidas para recortar el gasto, pero continúa soportando otros muchos que le va a resultar casi imposible atajar. Llevar a cabo con rapidez dicho plan de austeridad no es tan sencillo -señala el artículo-. A los ojos de la opinión pública, "los gobiernos también deben abordar profundas reducciones en cuanto a sus privilegios".

Destaca también que "hombres poderosos como Granados pierden su poder y autoridad cuando se intenta un cambio de statu quo", puesto que los trabajadores públicos españoles no pueden ser despedidos. El texto hace referencia al anuncio del gobierno regional de reducir el número de coches oficiales de 125 a 48 y rebajar su gama. Pero el consejero Granados se queja: "La paradoja es que no puedo eliminar a ninguno de mis conductores oficiales". The Economist propone trasladarlos, pero señala que solo es posible hacerlo con su consentimiento.