Economía ve irregularidades en los concursos de Aena con Magdalena Álvarez

Los controladores son sólo la punta del iceberg. José Blanco tiene mucho trabajo por delante si quiere poner fin a las malas prácticas en Aena. También en la contratación. Según denuncia la Intervención General del Estado (IGAE) en su último informe, que supervisa las cuentas de 2007, el organismo dependiente de Fomento cometió bajo el mandato de Magdalena Álvarez numerosas irregularidades en la concesión de contratos, favoreciendo indebidamente procedimientos de adjudicación sin publicidad y limitando sin explicación la concurrencia de las empresas a las ofertas.

“Determinados expedientes adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad en el aeropuerto de Barajas no incluyen argumentación detallada de las razones técnicas que hubieran imposibilitado la concurrencia, sino que se exponen argumentos a favor de un contratista especializado por la complejidad o magnitud de las operaciones a realizar”, expone el informe. Es decir, el IGAE infiere que se eligió una empresa sin cotejar más opciones, cuando la ley insta a que la administración negocie los términos del contrato con al menos tres empresarios capacitados para su ejecución.

Según la Ley de Contratos del Sector Público, el procedimiento negociado sin publicidad es aplicable a contratos de suministros y servicios de hasta 60.000 euros -200.000 en el caso de obras-. Desde ese montante y hasta los 100.000 euros, el procedimiento debe ser negociado con publicidad y, a partir de ese umbral, debe irse a un modelo abierto. Las administraciones tienden a alegar razones de urgencia, seguridad o técnicas para refugiarse en el procedimiento negociado sin publicidad, sin duda más controlable. Un mecanismo que también fustiga el IGAE.

No es el único desempeño que pone en entredicho la gestión de Aena. La Intervención del Estado también denuncia que la decisión de alargar contratos de servicios hace que la cuantía de éstos se eleve por encima del umbral que permite el procedimiento de adjudicación sin publicidad. “A la vista de las prórrogas de contratos, que en el caso de los servicios son muy frecuentes, se llega a las conclusión de que en muchos casos el total del contrato excede de los límites establecidos para el procedimiento de adjudicación sin publicidad”, revela el documento.

Prórrogas superiores a los dos años

Eso cuando, directamente, no se alargan los contratos más allá del plazo permitido por ley. “Asimismo, se han detectado un número elevado de expedientes en los que se ha vulnerado la prohibición de que el período de prórroga supere los dos años, establecida en la norma sobre fraccionamiento aprobada por Aena”. Para tener más control sobre los contratos, Fomento también recurrió a fraccionar determinados contratos de suministros y servicios para tramitarlos como pedidos. “Si hubieran sido realizados de acuerdo con las normas aplicables, habrían dado lugar a la apertura de un procedimiento negociado o abierto, según la cuantía”, subraya el IGAE.

La Intervención también cuestiona la falta de rigor de AENA en la gestión de sus ingresos comerciales en el aeropuerto de Barajas, debido al “insuficiente control sobre los concesionarios”. Una ausencia de supervisión provocada porque “el único elemento que se tiene para efectuar el cálculo de los cánones a aplicar son las declaraciones de los concesionarios, que no son contrastados debido al a inexistencia de los instrumentos técnicos adecuados o a su deficiente funcionamiento”. Las tiendas y los restaurantes suponen un 41,6% de los ingresos de AENA, que superaron los 607 millones en 2008.

Fuentes de Fomento explicaban ayer a este diario que “la intención del Ministerio es modificar las cosas que haya que modificar y hacerlas bien”. Sin querer mirar hacia atrás, explicaban que, “si hay que actuar de otra manera, se actuará de otra manera, pero hay problemas, como el de los controladores, que es la primera vez que acometemos”. Según avanzaba ayer El Confidencial, el informe del IGAE censura a Aena por llevar años abonando los sueldos de los controladores aéreos, incluidas las horas extra, sin la aprobación de la Comisión Interministerial de Retribuciones e incumpliendo “de manera sistemática” la normativa salarial del personal de la administración.