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El PGOU de Marbella aún no ha sido aprobado y ya empiezan las querellas contra él. Esta será la primera de una larga lista que se está fraguando por agravio comparativo. La comunidad de propietarios de la urbanización Banana Beach, cuya normalización no se contempla en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobará el próximo viernes, presentará una querella por prevaricación contra los concejales del PP que ya han dado su visto bueno al citado documento. Además, advierte que estudia denunciar por el mismo delito al consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, como responsable último aprueba también el PGOU.

Los vecinos han adoptado esta decisión en una junta general extraordinaria al entender que, si el PGOU no incluye sus viviendas por no ser legalizables, tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias. Entienden que, en este caso, habría que hablar de ilicitud.

Los propietarios ya manifestaron el pasado viernes su voluntad de impugnar en su totalidad el PGOU, basándose en un informe de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU), presentado a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y que constata la discriminación que sufre Banana Beach. La impugnación también tiene que ver con un defecto de forma, al no abrirse un plazo de exposición pública tras las modificaciones sustanciales realizadas por el Consistorio.

Los 300 vecinos afectados entienden que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales, ya que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento de Marbella no han propuesto soluciones para el complejo urbanístico desde 2005.

Los vecinos y propietarios de Banana Beach han expresado su malestar con las autoridades municipales. Y es que el apoyo inicial a sus reivindicaciones no se ha traducido en presión a la Junta de Andalucía y ha derivado en una aceptación de facto del nuevo PGOU y, por tanto, de la exclusión de la urbanización de las zonas que legaliza el documento.

Además de estas acciones judiciales, los vecinos han pedido por carta que se les permita intervenir el próximo viernes ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA), órgano que abordará la aprobación definitiva del nuevo planeamiento marbellí. En esa reunión, los propietarios quieren exponer personalmente los argumentos utilizados en el informe urbanístico que prueba que están siendo discriminados, ya que no hay diferencias sustanciales entre su caso y el de numerosos edificios cuyas licencias habían sido impugnadas y que, sin embargo, sí serán legalizados.

Encuentro en Sevilla con el consejero

El dictamen, redactado por un equipo de técnicos urbanistas dirigido por Ángel Díaz del Río, presidente de AETU, fue entregado la pasada semana al consejero Juan Espadas, en un encuentro que mantuvo con una representación de los vecinos en Sevilla. El informe estima que algunas medidas planteadas en el PGOU son arbitrarias y carecen de base legal.

El estudio pone de manifiesto que, por ejemplo, el nuevo planeamiento aprobado por el Ayuntamiento legaliza cuatro edificios que ocupan parcelas reservadas para espacios libres, y otros doce levantados en suelos para equipamientos generales. Pese a ello, estos edificios son declarados legales en el PGOU, y a Banana Beach se la condena con las mismas circunstancias. Los técnicos urbanistas concluyen, además, que la urbanización cumple la Ley de Costas, al contrario que numerosas edificaciones que serán legalizadas.

La junta general, por último, recordó sus dudas sobre la legalidad del Plan redactado por Manuel Ángel González Fustegueras a instancias de la Junta de Andalucía. Los vecinos entienden que el Gobierno autonómico estaría invadiendo una competencia municipal, ya que corresponde a los ayuntamientos el diseño de los planes urbanísticos.