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Viaje de ida y vuelta en la financiación autonómica. Si hace apenas un trimestre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el nuevo sistema de financiación autonómica, que traía bajo el brazo recursos adicionales por valor de más de 10.421 millones de euros, ayer llego la temporada de rebajas. El Gobierno y las comunidades autónomas decidieron crear un Grupo de Trabajo encaminado a lograr “una reducción  efectiva del gasto”, tal y como aparece en el Plan de Estabilidad remitido por el Gobierno español a Bruselas. Aunque por el momento no hay cifras concretas sobre la intensidad del recorte, lo que está fuera de toda duda es que se trata del primer ajuste presupuestario serio desde que hace poco más de 30 años la Constitución dio carta de naturaleza a la existencia de las comunidades autónomas.

 

El Grupo de Trabajo tendrá como objetivo prioritario sacar adelante “un acuerdo marco” sobre cómo reducir el déficit público. Y para ello, y con carácter trimestral, las comunidades autónomas (además de Ceuta y Melilla) deberán enviar al Consejo de Política Fiscal y Financiera un informe que recoja “la totalidad de los gastos realizados y pendientes de aplicar al presupuesto de cada ejercicio”. Es decir, se trata de crear un sistema de seguimiento continuo del gasto público. La propuesta de la vicepresidenta Salgado, igualmente, se dirige a crear un segundo Grupo de Trabajo que tendrá como objetivo “la elaboración de propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las comunidades autónomas, con especial atención en los campos de la sanidad y la dependencia”. Y en este sentido se propone, incluso, la creación de “mecanismos de colaboración entre las CCAA para optimizar los recursos disponibles”.

 

Se trata, como se ve, de un cambio cualitativo en el sistema de financiación autonómica, que en las tres últimas décadas se ha basado en la entrega de nuevos recursos por parte de la Administración central a los entes regionales. Con la crisis económica, todo eso ha cambiado, y ello explica el interés del Gobierno es reconducir la situación. No es para menos teniendo en cuenta que de cada cien euros que gasta el sector público (excluyendo pensiones, clases pasivas y variación de pasivos financieros) 43 dependen directamente de las regiones, 39 euros los gasta la Administración central, y los 18 restantes las corporaciones locales, lo que refleja que sin la participación de las comunidades autónomas es imposible reducir el gasto público.

 

Pero no solamente eso. Según las proyecciones presupuestarias que aparecen en el Plan de Estabilidad, las CCAA deberán ajustarse el año 2010 a un déficit equivalente al 3,2% del PIB, por debajo incluso del 4,2% previsto para el año próximo. Como se ve, cifras extraordinariamente elevadas que sólo pueden reconducirse con un pacto de Estado, capaz, entre otra cosas, de evitar que alguna comunidad autónoma tenga la tentación de bajar impuestos para captar recursos de otras regiones, lo que provocaría una auténtica guerra fiscal.

 

El acuerdo incluye el compromiso de aplicación de una política de contención de los gastos de personal, que se instrumentará, sostiene Economía, a través de "una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de las ofertas de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración". Este compromiso se engarza con el contenido del Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno, que establece una reducción de los gastos de personal de un 4% en términos nominales entre 2010 y 2013, aplicando una contención en los sueldos y unas tasas de reposición del 10%. Será casualidad pero lo cierto es que ayer la vicepresidenta Salgado anunció que el déficit autonómico en 2009 fue dos décimas inferior a lo estimado inicialmente (2,2 puntos de PIB), por lo que el desequilibrio fiscal se ha quedado finalmente en el 11,2% del producto interior bruto.

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según datos del Ministerio de Economía, las comunidades autónomas tendrán este año unas necesidades de endeudamiento equivalentes a 26.933 millones de euros, con una caída brutal de los recursos. Mientras que la recaudación por impuestos directos caerá un 18,47% (presupuesto inicial) los ingresos por impuestos indirectos mermarán nada menos que un 19,28%. Por el contrario, partidas de gasto tan importantes como las de personal crecerán todavía un 2,11% pese a la crisis, mientras que el gasto corriente aumentará un 1,96%. Contando todos los capítulos del presupuesto, eso significa que el déficit se situará en el 16,2% de los ingresos no financieros de las comunidades autónomas. Prácticamente el triple que en 2009.

 

Los últimos datos del Banco de España muestran que el endeudamiento total de las comunidades autónomas asciende a 86.260 millones de euros, lo que supone un crecimiento de nada menos que del 41% desde que comenzó la crisis (primer trimestre de 2008).

 

El nuevo sistema de financiación autonómica fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 15 de julio en medio de la mayor crisis económica en cincuenta años, y ya entonces se levantaron algunas voces contra la oportunidad de ese gasto, toda vez que llegaba en los peores momentos desde el punto de vista de la solvencia presupuestaria del Estado. El tiempo les ha dado la razón y ahora es la propia Salgado la que impulsa un recorte para poder situar el déficit público en el 3% del PIB en el año 2013. Por entonces se habló de que el único objetivo de la reforma era atender las necesidades financieras de Cataluña, y no parece que esa impresión haya ido descaminada.

 

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP coincidieron ayer en la "filosofía de la austeridad" presupuestaria y el control del gasto, pero se abstuvieron a la hora de votar el plan del Gobierno para este fin al considerarlo "solamente propaganda y humo". Así lo aseguró, en declaraciones a los periodistas, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, momentos antes de finalizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera "Las comunidades autónomas estamos dispuestas a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública", dijo Beteta para justificar el voto negativo de las comunidades del PP a la creación de un grupo de trabajo que elaborará planes de racionalización y eficiencia del gasto público en el plazo de tres meses.