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Viernes, 13 de noviembre de 2009

Cien metros resulta insuficiente. Una distancia mínima. La Ley de Costas se ha quedado corta, claramente superada por la masiva construcción de las dos últimas décadas. Estas ideas las podría suscribir cualquiera que conozca el Sur de España. Y el Defensor del Pueblo Andaluz, el sacerdote José Chamizo, no sólo las confirma, sino que propone cambios para preservar lo poco que queda intacto, sin enladrillar: “Los valores naturales de la franja litoral no son reconocibles en su mayoría de su trazado”, se lamenta. Las denuncias abundan en el demoledor informe de 557 páginas sobre la destrucción de la costa andaluza.

“¿Por qué no dejamos en suspenso la norma y discutimos si no sería conveniente proteger el territorio hasta los 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar?”, se pregunta el cura algecireño en conversación con El Confidencial. “No sabemos cómo van a crecer las mareas en el futuro y esta sería una buena medida”, insiste. ¿Precedentes? “Creo que hasta ahora no lo había planteado nadie, ni en España, ni en la Unión Europea. Quizá algún grupo ecologista, no lo sé”.

En las conclusiones del estudio se precisa “ordenar” esta zona con criterios “extraordinariamente restrictivos” respecto de posibles intervenciones urbanísticas que repiten los “modelos” residenciales y turísticos ya existentes. Veinte años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas, Chamizo lanza otro dardo: “Todavía queda por aprobar el deslinde definitivo, aproximadamente del 15 o 20% de nuestro litoral”. E insta  a las administraciones a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para recuperar el dominio público usurpado”. Si es precios, con las compensaciones necesarias.

Otra denuncia. Esta procede de la financiación municipal, casi exclusivamente vía urbanismo. La Oficina del Defensor del Pueblo alerta que el “grave y estructural déficit” de los ayuntamientos de Andalucía no pueden “pretender enjugarse en gran medida con los ingresos procedentes de la actividad urbanística”. El informe deja claro que el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras generan “nuevos gastos”. Y es más, años después, “ningún servicio público supone un superávit en su gestión, sino que más bien termina por originar más déficit”.

Las urbanizaciones ilegales suponen otro quebradero de cabeza para el equipo de Chamizo. En Andalucía, concreta el estudio, existen 1.000 construcciones de este tipo. Y este problema “muy pocos municipios lo han abordado con el rigor necesario”. Por ello, solicitó cuando se trate de parcelaciones en la que no haya prescrito la infracción administrativa, las autoridades “impidan la consolidación de las infracciones”, llegando incluso a su demolición si fuera necesario. En el caso de que dicha infracción haya prescrito, instó a que se acometa su regularización y que los costes de la misma recaiga sobre los promotores o los residentes de las edificaciones “nunca las arcas municipales”.

Reforma “urgente” del Código Penal

Chamizo también exige una “urgente” reforma del Código Penal que refuerce las penas por comisión de delitos urbanísticos. La intención es perseguir “más eficazmente” estos delitos, ya que, en experiencias compartidas con la Red de Fiscales Medioambientales, se evidencia la existencia de no pocas “imprecisiones técnicas y lagunas en el actual texto en lo que concierne a los delitos de ordenación del territorio”.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz también ha detallado en este informe las infracciones urbanísticas en suelo no urbanizable. “Con independencia de que tales actuaciones pueden ser, además, constitutivas de delito a tenor de lo previsto en los arts. 319 y 320 del Código Penal, revisten una especial gravedad por el daño que ocasionan en un suelo que debe ser preservado por motivos ambientales”. Añade el estudio: “Se trata de una tipología de infracción en la que, a la hora de su denuncia, ha tomado un importante papel el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que contrasta con la actitud de no pocos responsables municipales que ni tramitan expedientes sancionadores, ni cursan denuncias a los juzgados cuando tienen conocimiento de la ejecución de obras de esta naturaleza en su término municipal”.

Por ello, el estudio no duda en criticar la labor de las autoridades municipales: “Carece de justificación hablar de obras clandestinas cuando se trata de edificaciones que se realizan en el término municipal, sobre el que el Ayuntamiento puede y debe ejercer sus competencias, y son perfectamente detectables por cualquier ciudadano y, desde luego, por los agentes de la Policía Local”. Aquí va al remate: “Y, por supuesto, carece de justificación que tantos responsables públicos municipales se amparen en que carecen de medios para perseguir estas infracciones cuando, al tratarse de conductas presuntamente delictivas, basta con que trasladen las denuncias de los hechos de los que tienen conocimiento –lo cual además constituye una obligación «ex lege»- a las autoridades judiciales”. Eso sí, para Chamizo, todavía hay un 90% del territorio interior de Andalucía “salvable”. En el litoral, no.

12.  Les Informo»13/11/2009, 22:32 h.

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas aboga por la transparencia e INFORMA sobre las gestiones de su antigua presidenta Carmen del Amo.
Reconociendo la importancia de la transparencia en la gestión y la unidad en la defensa colectiva de los perjudicados, la PNALC ha visto necesario publicar un comunicado aclaratorio sobre las malas prácticas de la antigua presidenta de la PNALC, Carmen del Amo. Descarguen el comunicado [pdf] en:
http://hechos.pnalc.com

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11.  Ofiuco»12/11/2009, 20:30 h.

Este Sr. vive en los mundos de ¡yupi!... a ver si baja a la tierra y ve los problemas reales de la gente normal esos a los que les quieren expoliar sus viviendas, construidas con la complicidad de todos los poderes políticos, que en su momento miraban a otro lado y ahora resulta que somos ilegales, y ¿si somos ilegales, porqué nos cobran un IBI? no es ilegal también? luego entonces Uds. son cómplices el debería ayudar según su cargo, a buscarle una solución a esos afectados, por la Ley de costas, a los que quieren dejar sin sus propiedades compradas legalmente, pero claro como él tiene lo que tiene seguro y acosta de todos los que pagamos su sueldo es difícil así ver la realidad de los más humildes. Qué pena de País no tenemos a nadie que de verdad haga algo por los más desfavorecidos y después hay que aguantar que creen más y más puestos de trabajo para defendernos a los ciudadanos, a eso se le llama chupar del bote Sr. Chamizo.

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10.  corsa»11/11/2009, 17:16 h.

Sr, Chamizo: es increible que una cargo como el suyo que se supone que esta para defender al pueblo haga tan descaradamente una defensa de la administracion en nombre de un pretendido bien general y medioambiental, porque eso es lo que usted esta haciendo, promocionando el expolio, confiscacion al ciudadano de su bien privativo como lo es una vivienda digna [derecho constitucional] Usted sabe muy bien que la compensacion por el atropello al arrebartar y derribar una vivienda legalmente adquirida con sus debidos permisos y licencia es tan ridicula que no da ni para la compra de un garaje. Pida mas bien que se le de al ciudadano otra vivienda de igual caracteristicas, aunque no este en el litoral donde se pueda uno refugiar una vez cometido el expolio. O diga tambien que se condene a la administracion que ha dado su permiso para la construccion de esas viviendas ahora confisc, eso se llama prevaricacion, si es que no se debio de dar dicho permiso. Lo que se esta haciendo es aplicar una ley con retroactividad creando enorme inseguridad juridica, despojando al ciudadano de su vivienda con indemnizacion minima, lease 10.000 [diez mil Euros]por una cuyo precio seria 500.000 Euros

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9.  gato-fede»11/11/2009, 13:09 h.

-¿Qué distancia hay desde el "PISIÑO DE PEPIÑO"a la playa?
-¡¡PUÉS ES LA DISTANCIA REGLAMENTARIA.!!

-Son las normas de un gobierno ¡¡¡sociaLISTA!!!,o el gobierno de las prohibiciones.



SALUDOS.

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8.  taraza»11/11/2009, 11:40 h.

¡500 metros!. Pues, oye, Defensor, a mí, en Galicia, me "soplaron" un terreno a más de 500 metros de la ola más alta de la marea más alta. Y otro, a 400 metros.
Que conste que estoy a favor de la medida: prohibido edificar a menos de 500 metros, salvo en el caso de poblaciones ya asentadas. Donde hay un nucleo consolidado de, mínimo, 50 casas, por ejemplo, se puede seguir ampliando ese núcleo sin problema alguno para la ecología.
Levantar urbanizaciones a partir de 50 metros del mar, en terrenos rústicos desde siempre, como pretendían algunos en Galicia, éso sí debería prohibirse. A 500 metros del mar, mínimo. Que conste, que las casas pegadas al mar, en Galicia, son menos sanas que las que están a 1000 metros, por ejemplo.

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