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El PSOE y el PP se comprometieron hace ahora un año a estudiar cómo recortar las vacaciones parlamentarias y ampliar los periodos de sesiones del Congreso. Pero su promesa ha caído en el más absoluto olvido. Los 350 diputados de la Cámara Baja no volverán a ocupar sus escaños en la Carrera de San Jerónimo hasta el próximo 9 de febrero. Para entonces, la inmensa mayoría de ellos habrá disfrutado de 48 días de vacaciones navideñas, ya que el último pleno se celebró el pasado 22 de diciembre, cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado.

El 25 de febrero del pasado año, y ante la creciente presión de la opinión pública y los medios de comunicación por las privilegiadas vacaciones de los diputados y las habituales escenas de un hemiciclo semivacío, la Junta de Portavoces se comprometió a encargar un informe a los servicios jurídicos del Congreso para abordar la ampliación de la actividad de la Cámara a enero y julio, considerados meses inhábiles. Pero ese informe, según confirmaron ayer a El Confidencial fuentes parlamentarias solventes, ni siquiera llegó a solicitarse. Y ningún grupo parlamentario ha demostrado desde entonces el menor interés en resucitar tan incómodo asunto.

La falta de voluntad política para emprender esa reforma es más que patente. La Presidencia del Congreso, el PSOE y el PP no supieron explicar ayer a este periódico si el mencionado informe había sido ya redactado o aún era objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos. Ni siquiera sabían que no llegó a encargarse porque la Junta de Portavoces olvidó trasladar su acuerdo a la Mesa -el órgano de gobierno que preside José Bono- para que tramitase la petición.

Reforma constitucional o cambio del reglamento

Los servicios jurídicos debían determinar si para ampliar el periodo de actividad del Congreso era necesario modificar la Constitución o bastaba con reformar el reglamento de la Cámara. El artículo 73 de la Carta Magna fija dos periodos ordinarios de sesiones al año: el primero de febrero a junio y el segundo de septiembre a diciembre. El principal obstáculo para la reforma constitucional es que, cuando menos, requiere el apoyo de los dos grandes partidos -PSOE y PP-, ya que es imprescindible una mayoría de tres quintos para que salga adelante.

En cuanto al anquilosado reglamento del Congreso -que desarrolla fielmente lo estipulado en la Constitución-, lo cierto es que todos los gobiernos, desde Felipe González, se han comprometido a cambiarlo, pero ninguno se ha atrevido jamás a hacerlo.

Una semana antes de que la Junta de Portavoces acordase que los servicios jurídicos elaborasen ese informe fantasma, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que su grupo parlamentario estaba estudiando "seriamente" plantear una reforma de la Constitución para que los meses de enero y junio sean periodos ordinarios de trabajo y puedan convocarse sesiones plenarias. Sáenz de Santamaría argumentó, entre otras razones, que los continuos paréntesis en la actividad de la Cámara impedían a la oposición ejercer su labor de control del Gobierno.

Sin embargo, los socialistas nunca recogieron el guante de la reforma constitucional lanzado hace un año por los populares, y éstos no han vuelto a desempolvar su propuesta. Los grupos minoritarios del Congreso tampoco han presentado ninguna iniciativa para acortar las vacaciones parlamentarias. 

El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, también apoyó el pasado año que los servicios jurídicos del Congreso estudiasen cuál es la alternativa más viable para alargar los periodos de sesiones. Alonso se mostró reticente a una reforma de la Constitución, y dijo que era más partidario de cambiar el reglamento del hemiciclo para reforzar el papel de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los meses inhábiles. Pero los socialistas ya no han vuelto a airear esa propuesta.