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José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, ha decidido salir al paso de las críticas periodísticas por las prebendas de que gozan sus señorías con una carta remitida a todos los diputados en la que puntualiza y minimiza las mismas. Este diario informó de las ventajas de que gozan los parlamentarios en relación con el resto de trabajadores, justo cuando se debate la ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y solicitó a la Mesa del Congreso información económica sobre las mismas,  que ésta no ha decidido aún si contestará.

La misiva de Bono comienza con un “Apreciad@ diputad@” antes de explicar el motivo de la misma: “He considerado conveniente poner a tu disposición algunos datos en relación con los Presupuestos de la Cámara y el sistema de protección social de los parlamentarios aprobado en 2006”. A partir de aquí empieza a desgranar algunas, que no todas, las ventajas que se derivan de la condición de parlamentario. Dice el presidente del Congreso que sus señorías no disfrutan de ‘pensión parlamentaria’, sino de un ‘complemento’ para que la percepción que reciben tras su jubilación sea la máxima, aunque en su actividad profesional no hayan cotizado para tener derecho a ella.

El propio reglamento que regula esos ‘complementos’ se denomina ‘Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios’ aprobado por las mesas del Congreso y del Senado el 11 de julio de 2006; su capítulo primero tiene como enunciado ‘Pensiones Parlamentarias’, y ninguno de sus seis artículos contiene la palabra ‘complemento’.

Siete años como diputados

Tienen derecho a la pensión parlamentaria quienes hayan tenido la condición de diputados o senadores durante al menos siete años, hayan cumplido 65 años y hayan obtenido la jubilación, o 60 años si han cotizado durante 40. Un trabajador necesita para recibir la misma prestación económica haber cotizado al menos 35 años y los 15 últimos de su vida laboral (de los 50 a los 65) por la base máxima.

José Bono señala que “desde el año 1977 ha habido 3.609 parlamentarios (diputados y senadores),  de los que solamente 70 tienen reconocido un complemento de pensión, con una aportación media de las Cortes de 1.066 euros mensuales”. La misiva elude que las Cortes Generales costean también a sus señorías un plan privado mientras mantengan su escaño por importe del 10% de sus emolumentos. El sueldo de todos los parlamentarios asciende a 3.126,52 euros brutos mensuales por 14 pagas. Una cantidad a la que se añade una ‘indemnización’ por gastos indispensables para el cumplimiento de su función: 870,56 euros para los electos por Madrid, y 1.823,86 para los del resto de circunscripciones. Importes que están exentas de tributación.

Presidentes, portavoces y otros cargos parlamentarios cobran cantidades adicionales según su responsabilidad. José Bono, por ejemplo, tiene un complemento de 3.605,38 euros como miembro de la Mesa del Congreso; 3.915,16 euros para gastos de representación y 3.210,08 euros de gastos de libre disposición. En total 13.857,14 euros mensuales.

Indemnizaciones

El presidente del Congreso dice que las ‘indemnizaciones por cese de la actividad’ “se debe a que el diputado no tiene derecho al subsidio de desempleo como otros colectivo del ámbito público. La indemnización, cuando hubiere lugar, (es incompatible con el complemento de pensión y otras retribuciones públicas) es de una mensualidad de 3.125,52 euros por cada año como diputado, con un límite máximo de 24 mensualidades y un periodo de carencia mínimo de dos años para poder percibir la indemnización”. Nada dice José Bono de la ‘indemnización de transición’ que cubre el periodo que va entre la disolución de la Cámara para la convocatoria de elecciones y la constitución de la surgida de los comicios. La cuantía de la misma la deciden las mesas del Congreso y Senado (no es una cantidad fija) y se hace efectiva en un único pago.

Finalmente, José Bono alude a los ‘complementos de ingresos’, como “un sistema específico para casos muy concretos (ex parlamentarios, viudas y huérfanos) en razón a sus ingresos y patrimonio. Este sistema sirvió para que ex parlamentarios muy veteranos que en su día llegaron del exilio sin haber cotizado pudieran tener una asignación de la Cámara”. Se trata de una ayuda equivalente al 60% de su asignación constitucional hasta que complete el periodo de cotización necesario para tener derecho a la pensión de jubilación.

La carta remitida a los parlamentarios tampoco alude a que si su señoría pierde el escaño cuando tiene 55 años cumplidos y no tiene una actividad laboral permanente, las Cortes corren con el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para tener derecho a la jubilación.

Austeridad parlamentaria

El presidente Bono hace un primer apunte referente al Presupuesto del Congreso para aclarar que el de este año se ha reducido en unos 200.000 euros en comparación con el de hace dos años, que ascendía a 98.404.718,8 euros, pese a que en ese periodo el coste de la vida se ha incrementado un 2,9%. “Como bien sabes –les recuerda a sus señorías- todos los sueldos a parlamentarios llevan dos años congelados. La Sección 02 (Congreso, Senado, Cortes Generales, Defensor del Pueblo y Junta Electoral Central) representa el 0,09% del Presupuesto del Estado”. Como ejemplo de austeridad el presidente del Congreso dice que la relación entre el número de funcionarios y diputados es de 1,26, “dos veces por debajo de Francia e Inglaterra y tres veces por debajo del Bundestag alemán. En el Parlamento Europeo la relación diputado-funcionario es de 5,96”.

Bono se despide: “Espero que esta información te resulte útil, en primer lugar, para tener constancia cierta, real y transparente del gasto que se genera por los conceptos mencionados y, en segundo, para que me puedas hacer las aportaciones o sugerencias que consideres oportunas”.

Este diario ha solicitado de la Mesa del Congreso la siguiente información, a la que no hace referencia el presidente de la Cámara: el importe anual que pagan las Cortes por los planes privados de pensiones de los parlamentarios de la presente legislatura; el importe de la indemnización de transición que se pagó a los diputado tras la disolución de las Cortes en 2008 y en las legislaturas anteriores (2004 y 1996); el importe de las indemnizaciones por cese (y número de beneficiarios) tras los comicios de 2008 y, finalmente, el número de altas a la Seguridad Social que pagan las Cortes por diputados cesados que no tienen trabajo por cuenta propia y ajena, y el monto económico a que asciende.

Una puntualización final: nuestro Parlamento está entre los más baratos de Europa.