ElConfidencial.com

El coste que supone para el erario público algunas de las prebendas económicas de que gozan nuestros diputados y senadores seguirá siendo secreto para los ciudadanos. La Mesa del Congreso, en la que están representados los principales partidos del arco parlamentario, ha rechazado la solicitud de este diario (realizada hace ahora un mes) para que informara de la cuantía de alguna de dichas prestaciones, que figuran recogidas en el “Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los ex parlamentarios” aprobado en julio de 2006 por las mesas de ambas cámaras.

Este diario requirió el pasado 2 de febrero el importe anual que pagan las Cortes por los planes privados de pensiones de los parlamentarios de la presente legislatura, que asciende a un 10 por ciento de sus emolumentos. Otro de los datos solicitados era el importe de la indemnización de transición que se pagó a sus señorías tras la disolución de las Cortes en 2008 y en las legislaturas anteriores (2004 y 2000), que tiene por objeto cubrir el periodo que va entre la disolución de las cámaras para la convocatoria de elecciones y la constitución de las surgidas de los comicios. Se trata de una cantidad cuya cuantía deciden las mesas del Congreso y del Senado y que se abona en un único pago.

Indemnizaciones y otros pagos

También se reclamó el importe de las indemnizaciones por cese (y número de beneficiarios) tras los comicios de 2008. Esta indemnización tiene por objeto compensar la prestación por desempleo, a la que sus señorías no tienen derecho una vez dejan el escaño, y equivale a una mensualidad (3.125,52 euros) por cada año como parlamentario, con un límite de 24 mensualidades.

Finalmente, este diario solicitó el número de altas a la Seguridad Social que pagan las Cortes por diputados cesados que no tienen trabajo por cuenta propia o ajena, y el monto económico a que asciende. Según el reglamento antes citado, si el cese del diputado se produce cuando tiene 55 años cumplidos, o los cumple en el año en que se produce la disolución de la cámara, y carece de actividad laboral permanente, las Cortes corren con el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que completen el periodo de cotización necesario para tener derecho a la jubilación.

Carta a los señores diputados

José Bono, presidente del Congreso de los Diputados, remitió el pasado 10 de febrero una carta a todos los diputados para salir al paso de las críticas periodísticas por las prebendas de que gozan sus señorías, justo cuando el Gobierno había lanzado la propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. Bono minimizaba las mismas y eludía informar de los datos que solicitó este diario.

El presidente del Congreso señalaba en su carta que “desde 1977 ha habido 3.609 parlamentarios, de los que solamente 70 tienen reconocido un complemento de pensión, con una aportación media de 1.066 euros mensuales”. Este complemento, que se denomina en realidad “pensión parlamentaria”, que consiste en que si la jubilación que le correspondería al diputado como consecuencia de su actividad profesional no le da para llegar a la pensión máxima (2.466,20 euros en la actualidad), la diferencia hasta llegar a ella la pagan las Cortes Generales con cargo a su presupuesto, siempre que haya mantenido el escaño durante al menos 7 años.