¿Y las hormigoneras? Mal arranque de CCAA y el Estado en ejecución de inversiones

Las grúas y las hormigoneras con cargo a la caja pública se han quedado en el garaje en los cinco primeros meses del año. Las comunidades autónomas y el Gobierno central han mantenido prácticamente congelados los capítulos de inversiones y trasferencias de capital entre enero y mayo, como consecuencia del tradicional arranque al ralentí de las administraciones a principios de año y el fuerte recorte inversor provocado por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que no vieron la luz hasta el pasado 1 de junio y llevaban adosado, además, un hachazo inversor en sus previsiones de gasto.

La consecuencia de este cóctel de circunstancias es que las autonomías apenas habían ejecutado a 1 de junio el 14,65% de los gastos de capital (inversiones+trasferencias) previstos en sus cuentas de 2017, según refleja el resumen ejecutivo que ha publicado esta semana el Ministerio de Hacienda. En conjunto, el gasto había ascendido a 2.162 millones, lo que, pese al escaso porcentaje de ejecución, supone un 20% más que en el ejercicio anterior, lo que permite salvar la cara a los gobiernos territoriales en cuanto a que han mejorado algo su tarea inversora.

Las cifras de ejecución fluctúan por barrios con importantes diferencias. Aragón (4,54%), Extremadura (7,64%) y Andalucía (8,27%) son las autonomías con un menor grado de cumplimiento en los compromisos presupuestarios asumidos para 2017. Baleares (24,76%), Canarias (24,65%) y Cantabria (21,57%) son las más cumplidoras, mientras que la Comunidad Valenciana (14,73%), País Vasco (15,39%) y Murcia (16,18%) se acercan a la media, que está en el 14,65%.

Las bajas cifras reflejan que las inversiones van camino de ser de nuevo las víctimas de la presión de los territorios para cumplir con las obligaciones de estabilidad presupuestaria que marca el Ministerio de Hacienda. El margen para el ejercicio es del 0,6% del producto interior bruto (PIB). El año pasado, las CCAA cerraron el ejercicio con un 32% de las inversiones sin ejecutar, casi un tercio. Las obligaciones reconocidas sobre unos presupuestos totales de 13.626 millones de euros fueron de 9.201 millones.

Aragón, Extremadura y Andalucía están a la cola en ejecución de inversiones y trasferencias de capital, por debajo del 10% de lo presupuestado hasta mayo

El problema para el sector de la obra pública en España es que tampoco el Gobierno central puede presumir de motor de generación de contratación. Según el último informe de ejecución de la Intervención General del Estado (IGE), este había acumulado pagos en mayo de 858,7 millones de euros correspondientes al capítulo 6 de inversiones reales, muy lejos (un 36,9% menos) de los 1.359 millones comprometidos en obras en el mismo mes del año anterior, cuando la ejecución ya fue de por sí especialmente baja. Lo mismo puede decirse de las trasferencias de capital, con un gasto acumulado en los cinco primeros meses del año de 2.434 millones, un 16,8% menos que en 2016.

El ‘lobby’ de los contratistas, Seopan, advirtió el pasado mes de marzo de que 2016 había sido especialmente malo en licitación de contratos públicos, con un desplome del 32%. El año 2017 lleva el mismo camino como consecuencia de la presión en el cumplimiento del déficit y el carácter casi transitorio de los Presupuestos del Estado para este año.