Compromís se estrella contra los tribunales con su política lingüística y de conciertos

Compromís no consigue estabilizar su modelo de política educativa y lingüística dos años después del cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana. Los planes diseñados para reducir los conciertos con centros de enseñanza privados y fomentar el uso del valenciano en los colegios se han topado con una resistencia que, de momento, ha encontrado un aliado en los tribunales en forma de suspensiones cautelares. El 'conseller' de Educación, el nacionalista Vicent Marzà, se ha llevado el último disgusto este mismo lunes. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia autonómico ha dejado temporalmente sin efecto dos resoluciones de la 'conselleria' que negaban la renovación del concierto educativo a dos centros escolares de Valencia, el Colegio Saint Patrick School y el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Ambos están en Valencia y habían presentado sendos recursos ante el tribunal.

La Sala apela a la doctrina del Tribunal Supremo como ya hiciera en dos resoluciones anteriores, en las que ordenaba la prórroga provisional de los conciertos educativos con los colegios Domus y La Purísima-Franciscanas. Ahora, se pronuncia en el mismo sentido por “seguridad jurídica y unidad de doctrina”. Los magistrados se basan en un auto del Supremo, que en junio de 2015 ya avaló la suspensión cautelar de la denegación de un concierto educativo que “pone fin a una situación jurídica preexistente y favorable para el particular” (…) “para evitar que la interrupción de la ventaja de la que venía disfrutando el particular no resulte irreversible y haga así perder la efectividad a una eventual sentencia estimatoria”. En definitiva, vienen a decir que hasta que no se resuelvan los recursos, no debe modificarse la situación de la que disfrutaban los centros.

Marzà ha justificado la retirada de varios conciertos de Bachillerato en que, al no tratarse de enseñanza obligatoria, la Generalitat no debe destinar recursos públicos a cubrir módulos cuando en los mismos distritos educativos hay aulas y plazas vacantes en institutos públicos. En esto ha recibido el respaldo de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, y también del 'president', Ximo Puig. La Generalitat ha retirado para los próximos cuatro años 27 aulas de Bachillerato concertado y financiará 377, el 86,8% de las 404 que concertaba el anterior Ejecutivo del Partido Popular. El hachazo no es muy elevado, pero los centros concertados han recurrido y las suspensiones cautelares dictadas por el TSJ han puesto al 'conseller' en el punto de mira de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, y lo han convertido en el blanco de las críticas de las asociaciones de padres de colegios católicos y patronales de centros de enseñanza subvencionados con fondos públicos.

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Estas decisiones judiciales se suman a la suspensión por parte del TSJ del decreto de plurilingüismo que modificaba el sistema anterior de líneas y creaba itinerarios únicos en que los colegios que optaban por niveles avanzados de valenciano obtenían como premio mejores certificados de inglés al final de los ciclos. Este cambio normativo desató una tormenta entre los colectivos más reacios a la enseñanza en lengua autóctona, que consideran el decreto una imposición contra la libertad de enseñanza. Aunque Marzà alcanzó un acuerdo con el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, para elevar las horas de inglés en los colegios con prevalencia de castellano y evitar un choque institucional, la Diputación de Alicante, que preside el popular César Sánchez, presentó un recurso contencioso que fue aceptado a trámite y que derivó en una paralización de la aplicación del nuevo modelo.

La suspensión coincidió con el proceso de matriculación y ha generado confusión entre los padres y centros, que no saben cómo enfocar los itinerarios el próximo curso. Educación se inclina por que los centros adopten línea en valenciano o en castellano ponderada en función de si habían elegido prevalencia de una lengua u otra. Marzà sostiene que la paralización afecta al sistema de certificados de lenguas, que es lo que se ha recurrido. Sin embargo, Sánchez ha reclamado el bloqueo de todo el decreto, ha pedido la ejecución del auto judicial y ha advertido al 'conseller' de que puede cometer un delito de prevaricación.

Mónica Oltra critica a los jueces

La batalla judicial tiene atado de pies y manos a Compromís, que ve cómo no puede desplegar sus planes y sus promesas en materia de política lingüística y educativa. Mónica Oltra ha llegado a lanzar reproches al TSJ, señalando que "un tribunal no puede ser una segunda cámara". "Para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, y es obvio que los magistrados del TSJCV no se han presentado a elecciones, sino a oposiciones, que aunque rima no es lo mismo".

Su crítica a la actuación del TSJ ha llevado a Oltra a recibir a su vez la censura del Colegio de Abogados de Valencia, que ha denunciado "presiones políticas", y de Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Joaquim Bosch, ha defendido la separación de poderes y recordado a la vicepresidenta de Compromís que "las resoluciones pueden ser cuestionadas, pero con argumentos jurídicos y no atacando a los jueces". "En un Estado de derecho, solo los jueces pueden valorar jurídicamente los pleitos, porque no son parte interesada. Si hay discrepancias, está la vía del recurso, pero no se debe deslegitimar el sistema de Justicia", ha afirmado el magistrado adscrito a esta asociación progresista.