a través de un bufete especializado en paraísos fiscales

El magnate valenciano de las resonancias liquida su ‘offshore’ inactiva en Panamá

Saus, dueño de Eresa, encarga a un bufete panameño el cierre de la firma que decía usar para crecer en Latinoamérica. Un juez lo libera del delito fiscal sin descartar infracciones tributarias

Foto: Eresa participa en la UTE que presta las resonancias a la sanidad valenciana. (Eresa)
Eresa participa en la UTE que presta las resonancias a la sanidad valenciana. (Eresa)

Poco más de tres años ha durado la aventura caribeña del magnate de las resonancias magnéticas Vicente Saus y su familia. El empresario propietario de Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), la principal beneficiaria del jugoso contrato de imágenes para diagnósticos del sistema sanitario de la Generalitat valenciana, disolvió y liquidó a finales del año pasado la sociedad ‘offshore’ que mantenía en Panamá y que creó recurriendo al uso de testaferros de despachos especializados en el país, conocido por sus ventajas fiscales y sus facilidades para ocultar los movimientos financieros.

El proceso de extinción de la sociedad anónima panameña Desarrollos Servicios Sanitarios Latam comenzó a fraguarse en Valencia el 2 de noviembre del año pasado, apenas seis meses después de que El Confidencial revelase la existencia de la mercantil. Ese día, Vicente Saus, como presidente, y su hija Lorena, como secretaria, se reunieron como junta de accionistas en la capital del Turia y acordaron la disolución. El acta de esa reunión fue protocolizada ante el notario caribeño Roberto René Rojas por Fernando Antonio Arias, socio del despacho Arias, Fábrega & Fábrega (Arifa), bufete especializado en gestión y creación de sociedades para terceros en Panamá y en montar 'holdings' internacionales vinculados a paraísos fiscales, con oficinas también en Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Suiza o Luxemburgo.

Vicente Saus. (Eresa)
Vicente Saus. (Eresa)

La liquidación definitiva de Desarrollos Servicios Sanitarios Latam se produjo un par de semanas después con el mismo mecanismo. Los Saus se constituyeron como junta de accionistas en Valencia el 7 de diciembre y, tras declarar que “todas las cuentas por pagar han sido pagadas, todas las cuentas por cobrar han sido cobradas y los activos de la sociedad han sido distribuidos por los accionistas”, daban por completado el proceso de liquidación. Cinco días después, el bufete Arifa, que actuaba como agente “residencial”, presentaba el acta ante el mismo notario para proceder a registrar la desaparición definitiva de la empresa, según las escrituras a las que ha tenido acceso El Confidencial a través de los registros panameños.

El cerrozajo a la mercantil puede revelar al menos dos cosas. O que los planes de “expansión en el continente americano”. con los que los propietarios de Eresa justificaron en mayo del año pasado la existencia de la mercantil a preguntas de este periódico, no han resultado como esperaban. O que la mercantil tenía un uso distinto al de poner en marcha negocios ligados a la actividad sanitaria como los que Eresa desarrolla en España. El documento inicial de constitución de la sociedad panameña, de hecho, fijaba un objeto social amplio y abierto en el que no se hacía referencia alguna a la actividad sanitaria. Portavoces de los Saus admitieron en mayo que Latam no desempeñaba ningún tipo de actividad empresarial en Panamá. “Se está trabajando en determinados proyectos que todavía no están en firme, hasta que no se inicien no es necesario activar la sociedad ni tener cuenta corriente”, explicaron entonces.

Un imperio a la sombra de la Generalitat

Vicente Saus ha construido un pequeño imperio económico gracias a sus contratos con la Generalitat en la externalización de las resonancias magnéticas. Eresa lidera una UTE, Erescanner, adjudicataria desde 2008 de un macrocontrato con ingresos estimados en 10 años de 475 millones de euros, y en la que también participan Ribera Salud y Beanaca. El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ya ha anunciado que rescatará el servicio para la gestión pública directa en septiembre de 2018, cuando finaliza el contrato. Al contrario de lo que ha concluido la Sindicatura de Cuentas en el caso de la gestión privada y área de salud de Manises, el auditor de la Generalitat señaló en un informe de 2015 que el contrato con Erescanner podía ser económicamente lesivo para las arcas públicas, algo que los Saus niegan.

Eresa facturó en 2015, último ejercicio depositado en el Registro Mercantil, algo más de 66 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 2,3 millones. La empresa controlada por la familia presentaba ese año una situación financiera de lo más saneada, con un patrimonio neto de 124 millones de euros y 84 millones en reservas. Actualmente, además de en la Comunidad Valenciana, la compañía controla el radiodiagnóstico en los centros privados Clínica Moncloa, Hospital Beata María y Centro de Medicina Deportiva y Salud Integral MDS 360, los tres en Madrid. En Cataluña, la compañía opera bajo la marca Cetir Grup Mèdic.

Marta Saus, una de las responsables de Eresa. (EFE)
Marta Saus, una de las responsables de Eresa. (EFE)

Los responsables de Eresa no han escapado a las polémicas judiciales, aunque acaban de salir indemnes de la causa por delito fiscal y fraude en subvenciones abierta contra ellos en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. El juez dictó sobreseimiento provisional del caso el pasado mes de marzo, a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, por considerar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de una infracción tributaria, pero no del delito fiscal que se imputaba a los directivos de la empresa de radiodiagnóstico. El instructor considera que para que exista delito fiscal, "no basta el mero impago, ya que tal delito requiere, además, un elemento de mendacidad" (vea aquí el auto completo).

En la resolución, el magistrado insiste en que "el simple impago, sin mendacidad, podría constituir una infracción tributaria pero no un delito" porque "la responsabilidad penal surge no tanto del impago sino de la ocultación de bases tributarias". Tras el auto judicial, los Saus podrán resolver sus problemas con Hacienda por la vía administrativa.

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