Suez vs. Aguas de Valencia: nuevo duelo por 500 millones en contratos de depuradoras

No ha pasado un año desde que Caixabank y Suez sellaron la paz con la familia Calabuig con la venta del 30% que aún conservaban en Aguas de Valencia y ambos grupos ya vuelven a velar armas como competidores en el mercado en pugna por contratos millonarios. La Generalitat valenciana, a través de la empresa Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), ha iniciado la renovación de contratos de su red de más de 400 instalaciones depuradoras repartidas en otros tantos municipios de la autonomía. Se trata de un negocio millonario que se financia a través del llamado canon de saneamiento, un concepto incorporado al recibo del agua que pagan empresas y particulares que sirve a la Epsar para recaudar fondos y atender la gestión de sus plantas de depuración, en su mayoría cedidas por convenio o licitación pública a terceros.

Una veintena de empresas participa ahora en la gestión de esas infraestructuras, aunque en realidad son cuatro las que concentran el grueso de la facturación en la Comunidad Valenciana: Suez (a través de distintas filiales, principalmente las de la marca Hidraqua en solitario o con sociedades mixtas municipales), Global Omnium (Aguas de Valencia), la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) y Facsa (Grupo Gimeno). Las filiales de servicios de firmas del Ibex 35 como Ferrovial o Acciona tienen una presencia muy modesta, con contratos en instalaciones de poblaciones de menor tamaño, aunque ahora también podrán intentar ganar espacio con los nuevos concursos.

Suez, Aguas de Valencia, Facsa y SAV se reparten el negocio de suministro y tratamiento de aguas en la Comunidad Valenciana

La Epsar viene de acumular sospechas de corrupción durante legislaturas anteriores bajo la gestión del Partido Popular. Uno de sus exgerentes, José Juan Morenilla, ha sido procesado en la causa del presunto saqueo de la depuradora de Pinedo (Valencia), valorado en 23 millones de euros y conocido como Caso Emarsa.

Tras el cambio de gobierno en 2015, la Conselleria de Medio Ambiente pasó a estar controlada por Compromís, que impulsó el nombramiento de un ingeniero de caminos, Enrique Lapuente, profesor también de la Universidad Politécnica de Valencia. La intención del nuevo equipo es revisar los pliegos, activar los mecanismos para renovar contratos vencidos y caducados y licitar el máximo de depuradoras posibles antes de finalizar la legislatura, hasta 25 instalaciones solamente en 2017, según señalan fuentes del departamento que dirige la consellera Elena Cebrián. Se trata de un negocio para las empresas adjudicatarias con contratos que garantizan cifras de facturación conjunta de más de 500 millones de euros y que ha puesto en alerta a los clásicos protagonistas del sector, que ya tienen a sus técnicos preparando proyectos. Solo en 2017, la Epsar tiene partidas reservados en su presupuesto de gasto dedicado a la gestión de plantas más de 170 millones de euros.

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Los contratos más jugosos son los de depuradoras en capitales de provincia y poblaciones turísticas y más pobladas. Suez, a través de Hidraqua, tiene garantizada cierta estabilidad en su tradicional feudo alicantino, porque gestiona las plantas de Alicante y Elx con sociedades mixtas municipales que tienen convenios propios firmados con la Epsar y que la empresa autonómica no contempla suspender, de momento. La madre de las batallas va a ser la de las depuradoras dedicadas al saneamiento de Valencia y el área metropolitana, cuya licitación está prevista para el año que viene. Ahora están en manos de Aguas de Valencia, en UTE con SAV y Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM). Aquí la pelea va a ser a cara de perro, según auguran fuentes del sector.

También va abrirse juego en Castellón, un territorio controlado tradicionalmente por una de las familias más influyentes de esta provincia, el Grupo Gimeno, que controla las plantas más importantes, como Benicàssim o la propia Castellón de la Plana, a través de su empresa de servicios Fomento Agrícola de Castellón (Facsa). Los Gimeno están emparentados con los Calabuig (son primos). El origen de sus fortunas está en la enseña Viuda de Gimeno.

Las familias decidieron repartirse los negocios en la tercera generación. Los Gimeno se quedaron Facsa y muchos de los negocios de agua y basuras de Castellón, mientras que los Calabuig, con Eugenio Calabuig al frente apostaron, por Aguas de Valencia a través de su matriz Fomento Urbano de Castellón (Fucsa). Fue una aventura arriesgada porque Suez no renunciaba a tomar el control de esta compañía centenaria. Calabuig se alió con el Banco de Valencia y forjó una mayoría accionarial que Caixabanx (aliado de Suez) trató de romper cuando el FROB le entregró el banco valenciano tras su intervención en noviembre de 2011.

Estabilidad tras dos décadas de pugnas

Tras una dura batalla judicial, finalmente los Calabuig, Caixabank y Suez sellaron un pacto por el cual la familia valenciana se comprometía a adquirir a precio de oro el paquete de sus competidores en Aguas de Valencia. Este traspaso concluyó el pasado 20 de julio y se estima que ha supuesto para los propietarios de la concesionaria valenciana un desembolso superior a los 100 millones de euros. Atrás quedaban dos décadas de inestabilidad accionarial y de luchas por el control de Aguas.

Suez Environnment y Caixabank han vivido su propia reorganización del negocio de gestión y tratamiento de aguas con el intercambio de activos por el que los franceses son ahora propietarios de Aguas de Barcelona (Agbar) y sus filiales. Ángel Simón, máximo ejecutivo de Agbar, se ha convertido en el hombre fuerte de Suez en España y ha ganado además influencia en Francia. Por su lado, Criteria Caixa se ha quedado con el 7% de capital de Suez y se ha convertido en socio estratégico y financiero de la enseña gala.

Ahora Suez y los Calabuig volverán a verse las caras en la competición por los nuevos contratos en liza en la Comunidad Valenciana, un mercado en el que ambas compañías tiene posiciones estratégicas e intereses millonarios no solamente en gestión de aguas residuales, sino también en contratos de suministro de aguas potables en municipios, algunos de los cuales deben renovarse también a corto y medio plazo.