Investigan pagos irregulares en la Cámara de Castellón, último reducto de Carlos Fabra

La Sindicatura de Cuentas ha recibido un amplio informe de la ex secretaria general de la Cámara de Comercio de Castellón María Jesús Arenós, en el que se ponen de relieve posibles pagos irregulares de la entidad al asesor legal de la actual presidenta, María Dolores Guillamón, persona cercana a Carlos Fabra. El escrito señala que la entidad cameral podría haber vulnerado la normativa de contratación en el último reducto del expresidente de la Diputación de Castellón, de la que fue secretario general hasta que se vio forzado a abandonar el puesto en diciembre de 2013 tras ser condenado a cuatro años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública. Arenós es la persona que le sustituyó.

El informe fue entregado el pasado 5 de diciembre por registro de entrada al órgano fiscalizador del sector público en la Comunidad Valenciana (homólogo autonómico del Tribunal de Cuentas), y recoge las advertencias que Arenós hizo al comité ejecutivo de la Cámara de Castellón como responsable de la gestión interna y el cumplimiento de la legalidad de la entidad hasta que fue despedida el pasado 9 de noviembre. Su cese como secretaria general, primero, y su despido posterior han motivado cuatro demandas contra la Cámara por modificación de condiciones de trabajo, despido improcedente y hostigamiento psicológico por parte del comité ejecutivo presidido por Guillamón, que accedió al cargo cuando Carlos Fabra ocupaba el puesto de Arenós.

Según el relato entregado a la Sindicatura de Cuentas, Arenós fue apartada tras denunciar las posibles irregularidades en los pagos al asesor de Guillamón

Según el relato aportado a la Sindicatura de Cuentas, a finales de 2014, el comité ejecutivo decidió contratar como asesor externo a Adade Castellón, firma ligada a Jesús Ramos, un abogado que había ejercido de asesor personal de Guillamón y también del vicepresidente de la Cámara, Leopoldo Monfort. Tras las advertencias de Arenós sobre la necesidad de cumplir con la normativa en materia de contratación, la entidad convocó dos concursos sucesivos abiertos a los que solamente acudió Adade, que se llevó la adjudicación por 52.000 euros entre enero y junio de 2015 y por 66.000 euros más IVA entre junio y mayo de 2016.

Sin embargo, en marzo de este año, la Cámara realizó otros dos pagos de 21.780 y 14.520 euros (36.300 euros en total) a la sociedad Jesús Ramos Abogados SL, vinculada al mismo abogado pero ajena al contrato sujeto al concurso público. Los fondos salieron de un préstamo de 200.000 euros otorgado por Bankinter y negociado por el propio Jesús Ramos, “que se iba a destinar para que la Cámara se pusiera al día en sus obligaciones con sus trabajadores, puesto que, durante un año, las nóminas no se han pagado de manera puntual”, dice el escrito presentado en la Sindicatura de Cuentas.

Estos abonos suscitaron las dudas de Arenós, que en mayo remitió un burofax señalando posibles irregularidades de contratación con las firmas ligadas a Jesús Ramos. “El problema que se presenta en este caso es el de la utilización de fondos de una corporación de derecho público para pagos a empresas afines y con los mismos administradores, sin ningún control”, según reza en el informe que obra en poder de la institución fiscalizadora que dirige desde este verano Vicent Cucarella y al que ha tenido acceso El Confidencial.

Según el relato de Arenós, estas quejas motivaron que la entonces secretaria general fuese víctima de “hostigamiento psicológico”. Fue apartada de su despacho y situada en una zona “sin privacidad”, hasta que el 6 de julio de este año perdió el cargo para ser sustituida por el propio Ramos, con un contrato a tiempo parcial. Finalmente, fue despedida de la institución el 9 de noviembre como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario.

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Agencias

Facturas dudosas en el Hospital Provincial

Las facturas y pagos de la Cámara de Comercio de Castellón no son las únicas sobre las que han puesto la lupa los órganos fiscalizadores en lo que se refiere a organismos bajo la tutela directa o indirecta de Carlos Fabra en sus distintas etapas como responsable de instituciones públicas. Este lunes, la Conselleria de Sanidad ha informado de la entrega a la Fiscalía Anticorrupción de nuevas facturas presuntamente irregulares del Hospital Provincial de Castellón, por un valor total de 7,8 millones de euros entre los años 2003 y 2005, después de que en junio ya hiciera lo mismo con 4.700 facturas valoradas en 25 millones.

"De la continuación del estudio de las facturas de PIAF [empresa ligada también al caso Gürtel] entre los ejercicios 2003 y 2005 se han detectado nuevas irregularidades que podrían ser constitutivas de ilícito penal", desde el departamento que dirige la socialista Carmen Montón. Se trata de más de 2,6 millones de euros en facturación irregular, con facturas en las que no consta expediente de contratación o en las que se supera la facturación acordada.

También se ha enviado en la misma fecha documentación relativa a las actividades económicas mantenidas entre el Consorcio Hospitalario Provincial y las empresas Domo Estudi Proyectos Integrales, Domotecnic Gestión y Servicios, Domótica Castellón Cooperativa Valenciana, y Domótica y Técnicas de Integración. En este caso, se facturaron 5,2 millones de euros "sin tener el adecuado soporte legal", han explicado desde Sanidad.