Facturas falsas y formación: el juez apuntilla a una patronal valenciana en quiebra

Golpe de gracia a la patronal valenciana. Un juzgado de Nules ha concluido la instrucción contra la organización autonómica Cierval por un presunto fraude en subvenciones de 1,8 millones de euros y falsificación de documento mercantil. La instructora ha apreciado que el que fue secretario general de la franquicia de la CEOE en la Comunidad Valenciana, Rafael Montero, que actualmente tiene el mismo cargo en la patronal de Castellón (CEC), participó en una trama para desviar a terceros fondos de los servicios de empleo (Servef) destinados a cursos de formación mediante la simulación de facturas falsas.

La instrucción comenzó en julio de 2015 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y le ha costado el cargo al presidente de la patronal de Castellón, José Roca, que finalmente ha sido desimputado en el procedimiento. Roca dimitió la semana pasada tras casi 30 años al frente de los empresarios castellonenses. Junto a él dejaron el puesto tres vicepresidente. Pero no ha hecho lo mismo todavía Rafael Montero, considerado el verdadero factótum en la organización durante años, un hombre que también ha sintonizado con el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en tercer grado penitenciario tras una condena por fraude a la Hacienda Pública.

Según el auto conocido este viernes, durante el mandato de Montero se transfirieron en 2010 a cuentas de la CEC fondos recibidos por Cierval para ejecutar planes de formación intersectorial. De los 2,4 millones recibidos en total, la jueza ha detectado irregularidades en la justificación de 1,8 millones de euros.

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Entre los investigados figura también el exdirector de Economía y Formación de la patronal de Castellón, José Antonio Espejo. Del mismo modo, por serán procesados los empresarios Rufino Martínez Nieto, Elodia Benedito Salvador y Elodia Salvador Benedito, además de las sociedades Centro de Estudios la Vall, Restaurante el Palau de la Vall, Centro de Formación del Alto Palancia y el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón.

El procesamiento de la patronal autonómica Cierval, que pretende recurrir el auto, coincide con el peor momento de la organización que ahora preside José Vicente González, también vicepresidente de la CEOE. El año pasado perdió casi un millón de euros y su situación financiera es crítica. Aunque ha realizado varios procesos de ajuste económico, con expedientes de regulación de empleo incluidos, el impago de cuotas por parte de sus patronales inferiores, principalmente la de Castellón y la de Alicante, ahoga su cuenta de resultados. El balance de Cierval presenta un fondo de maniobra negativo de 575.000 euros y unos fondos propios, también en negativo, de 515.459 euros. A González le ha tocado bregar con un cuadro complicado heredado de los gestores anteriores, que fiaron su existencia a la percepción de ayudas públicas hasta que se cortaron de cuajo.

El problema de la patronal autonómica es que sólo la organización de la provincia de Valencia, Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que preside Salvador Navarro, puede inyectar oxígeno financiero. El proceso judicial y los problemas económicos atenazan a la de Castellón y la de Alicante, Coepa, está en pleno concurso de acreedores.

Reconversión del modelo patronal

La solución pasa por una reconversión del entramado patronal autonómico. Navarro ha tratado de impulsar una fusión de organizaciones para optimizar recursos y gestión, pero las tensiones y presiones de las otras dos organizaciones provinciales, que no quieren perder autonomía y voz propia, han bloqueado las soluciones.

La situación es similar a la que viven otras patronales autonómicas como la madrileña o la gallega, donde los excesos de gasto, el corte del grifo de las aportaciones de dinero público por la crisis y procesos judiciales sobre sus antiguos gestores han dejado atados de manos a los representantes de los intereses empresariales de estos territorios, cuya capacidad de influencia es cada vez menor.