Una directora general de Compromís endosa a la Generalitat la limpieza de su gasolinera

El erario público asumirá el coste de la descontaminación de una polémica gasolinera ubicada en el corazón de la localidad valenciana de Alzira propiedad de la familia de la directora general de Internacionalización de la Generalitat, Mònica Cucarella, de Compromís. El Ayuntamiento, del que es alcalde desde hace un año Diego Gómez, también adscrito a la formación valencianista, ha remitido a la Conselleria de Medio Ambiente la solicitud para incluir la estación de servicio en un nuevo Plan de Sellado de Vertederos y Espacios Degradados que está en fase de elaboración.

En virtud de este plan, la Generalitat se hará cargo de los trabajos de limpieza de una gasolinera cuya propietaria, la empresa La Industrial Constructora, está siendo investigada por un juez por haber desobedecido la orden de proceder a su descontaminación. La mercantil tiene como administradora única a la hermana de Mònica Cucarella. La propia directora general figura en las bases registrales como apoderada desde 2005 junto a su padre. La Conselleria de Economía, de la que depende la responsable de las políticas de comercio exterior de la Generalitat, no aclaró ayer a preguntas de El Confidencial si Cucarella mantiene en vigor esos poderes ni las razones por las que la empresa no se ha hecho cargo de la limpieza. Dentro de Compromís, esta alto cargo está alineada con el ala nacionalista del Bloc.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige la independiente Elena Cebrián, también por designación de Compromís en el reparto de área pactado con los socialistas, alegaron que la solicitud de inclusión de esta estación de servicio en el plan viene del Ayuntamiento de Alzira y que en cualquier caso la intención es reclamar posteriormente a sus propietarios el coste de la descontaminación.

La polémica de la gasolinera de La Industrial Constructora viene de lejos y es producto de la negativa de la familia de la directora general de la Generalitat a hacerse cargo de la limpieza completa de una hipotética fuga sufrida hace más de una década. En el año 2002, los vecinos de la localidad presentaron una denuncia por el olor a gasoil que emanaba de la instalación. Tras una revisión en la que los técnicos municipales detectaron fugas en dos tanques, el Ayuntamiento ordenó el cierre, lo que motivó una denuncia por daños y perjuicios del entonces administrador único, Francisco Cucarella, padre de Mònica. La demanda, por la que reclamaba 2,6 millones de euros, no prosperó. Después de tres años de cierre, la Industrial Constructora reabrió la gasolinera, cuyo subsuelo fue declarado espacio contaminado por la Generalitat en 2008.

Acumulación de pérdidas

Tras varios requerimientos administrativos exigiendo a los propietarios que asumiesen el coste de la descontaminación, Medio Ambiente (entonces en manos del PP) optó por llevar el caso a la Fiscalía la pasada legislatura. Coincidiendo con los comicios que provocaron el cambio político tanto en el Ayuntamiento de Alzira como en el Gobierno autonómico, la gasolinera, que venía acumulando pérdidas económicas pese a facturar más de 800.000 euros al año, cerró sus surtidores y dejó de prestar servicio. El Gobierno municipal ha abierto un expediente sancionador a la empresa por cerrar sin comunicar el cese de actividad ni informar de si ha procedido a la retirada de los depósitos de combustible.

La solución planteada por los nuevos responsables municipales ha sido endosar a la Conselleria de Medio Ambiente la responsabilidad de la descontaminación con el argumento de que posteriormente este departamento podrá reclamar a los propietarios. No obstante, está por ver cuál es la capacidad real de la Administración para recuperar esos fondos. Pese a haber mantenido su actividad hasta 2015, La Industrial Constructora no presenta cuentas en el registro desde el año 2013. Y en esas fechas, la sociedad tenía un patrimonio neto negativo cercano a los 300.000 euros.

También el vertedero del Caso Brugal

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente justificaron la actuación de limpieza por razones medioambientales y señalaron que el Plan de Sellado de Vertederos y Espacios Degradados contempla actuar sobre otros emplazamientos también polémicos, como es el caso del basurero de La Murada, en la frontera entre la Comunidad Valenciana (Orihuela) y Murcia (Abanilla). Este vertedero, sellado por la Justicia, es propiedad de Proambiente, ligada al empresario Ángel Fenoll, uno de los procesados como consecuencia de la operación Brugal, el caso de corrupción que ha salpicado a dirigentes del Partido Popular de Alicante.

Las mismas fuentes señalaron que el plan ha recibido una treintena de solicitudes, de las cuales solo tres o cuatro (como la gasolinera) no son vertederos. En un mes se cerrará el listado para proceder a la firma de acuerdos con los consorcios de comarcales de residuos y ejecutar las descontaminaciones.