Acciona, FCC, Vaersa: las víctimas del 'supersimpa' de la visita del Papa a Valencia

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia (FVMF) operó al margen de la legalidad en las contrataciones realizadas para la organización dela visita del Benedicto XVI a Valencia en 2006, y afloró un agujero de casi cinco millones de euros en 2010, cuando se vio forzada a admitir la procedencia pública de parte de su patrimonio y a reconocer deudas con constructoras contratistas. La entidad, que ha estado bajo el foco de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por el eje de una de las tramas del caso Gürtel, recurrió a la ingeniería contable durante años para no computar gastos y deuda contraídos con algunas empresas y retrasar a su vez el reconocimiento de su naturaleza pública con el objetivo de escapar del control y fiscalización de los técnicos de la Generalitat valenciana.

Un nuevo informe elaborado por la Intervención de la Administración autonómica desvela que, en 2010, el Consell de Francisco Camps entregó a la fundación dos millones de euros en concepto de “dotación fundacional” con la intención de equilibrar un balance que presentaba un patrimonio neto negativo de más de casi siete millones de euros. La inyección se produjo pocos meses después de que estallara el caso Gürtel, cuando los investigadores comenzaron a desentrañar la operativa de la red de Francisco Correa.

La Intervención de la Generalitat advierte de un "incumplimiento de la legalidad" en la operativa y contrataciones de la FVMF entre 2010 y 2014

Pese a haber recibido un dinero que en la práctica elevaba la participación de la Generalitat al 98%, la fundación, presidida por el Arzobispado de Valencia, siguióoperando y realizando contratos de servicios profesionalesdurante cuatro años al margen del control público, lo que es constitutivo de “un incumplimiento de legalidad”, señala el informe de la Intervención. No fue hasta 2014, ya con Alberto Fabra en la presidencia autonómica, cuando se procedió a reconocer por el patronato la aportación pública fundacional.

El 'cepillo' millonario a los contratistas

La ausencia de control público permitió a la fundación, en la que jugó un papel activo el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector de la PolicíaJuan Cotino, tratar de negociar con sus acreedores soluciones a algunas de las deudas contraídas por los trabajos realizados años antes con motivo de la visita del Papa. El informe de la Intervención recoge cómo conel reconocimiento de esos dos millones la FVMF no logró tapar un agujero de 4,9 millones de euros derivado principalmente de compromisos adquiridos con las empresas Acciona Infraestructuras, FCC, Cavaltur y la empresa pública Vaersa.

La fundación ligada a la Iglesia ya se había cuidado de firmar con algunos de sus contratistas acuerdos de donación de fondos al acontecimiento, tal como desveló 'El Mundo'. Lo que no se conocía hasta ahora, y consta en el informe al que ha tenido acceso El Confidencial,es el alcance económico de ese ‘cepillo’ por el que las empresas tuvieron que pasar, y que además se produjeron quitas posteriores a cambio de pagar deudas acumuladas. El caso más flagrante fue el de la empresa que ahora controla Carlos Slim y que entonces estaba en manos de Esther Koplowitz. FCC fue una de las dos empresas encargadas de ejecutar la obra del altar para Benedicto XVI por importe de 1,5 millones de euros. Cinco años después, en 2011, la constructora seguía sin pagar y recibió un burofax del entonces director de la fundación, el obispo Esteban Escudero, en el que mostraba su discrepancia con una factura de 941.165 euros. La solución por parte de FCC fue transformar ese adeudo en 'donación'en favor de la FVMF, lo que permitió reducir el agujero patrimonial de la entidadde 4,9 a 3,9 millones.

La puntilla a la quiebra de Cavaltur

Un procedimiento similar se produjo en el caso de Cavaltur, la agencia de viajes de la antigua Bancaja y Orizonia,que se encargó de tramitar alojamientos de asistentes al encuentro papal por importe de 1,4 millones de euros. La compañía, ante la resistencia de la fundación a pagar el total de las facturas, optó por presentar una demanda judicial. En 2013, las partes llegaron a un acuerdo para realizar una quita de la deuda de 400.000 euros. Cavaltur logró recuperar 600.000 euros. Unos meses después, con sus accionistas intervenidos o en concurso de acreedores, la agencia tuvo que echar el cierre.

La que tuvo que apuntar en su balance un 'simpa'de casi 800.000 euros fue Acciona Infraestructuras. La compañía firmó en 2006 un contrato de suministro, instalación, mantenimiento y limpieza de más de 6.000 sanitarios móviles para atender a los asistentes al evento religioso. El importe del encargo ascendió a más de 3,1 millones de euros. El propio contrato establecía una clausula con una primera quita en concepto de 'donación' de 550.000 euros, lo que redujo la deuda a 2,6 millones.

Sin embargo, no fue hasta 2013, siete años después de ejecutarse el encargo, cuando la Fundación reconoció contablemente su deuda con Acciona. En diciembre de ese año, las partes llegaron a un primer acuerdo por el que la empresa contratista se veía obligada a una nueva “donación irrevocable” por valor de 1,29 millones de euros. A cambio,cobró cerca de 700.000 euros a través de cheques con cargo a Bankia. Sin embargo, en el momento de la liquidación de la fundación en 2014, aún tenía pendientes por cobrar 787.885 euros.

Posible malversación de fondos en Vaersa

También se quedó con una mano delante y otra detrás la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento de Residuos (Vaersa), que en 2006 había firmado con la Fundación contratos de suministros por valor de 519.000 euros. Pese a haber realizado dos requerimientos de pago, según consta en el informe de la Intervención, la empresa pública no llegó a cobrar y en 2014, coincidiendo con la extinción y liquidación de la FVMF, aceptó subrogarse la deuda. Un juzgado que investiga irregularidades en la empresa pública ha remitido al Decanato de los Juzgados de Valencia datos sobre la relación de Vaersa con los contratos del Papa por considerar que hay indicios de malversación de fondos públicos.

Tras decretar la apertura de juicio oral por los contratos que la Fundación y RTVV hicieron con la trama Gürtel, la Audiencia Nacional ha ordenado abrir una pieza específica por malversación y prevaricación referida a la gestión en la FVMF y se ha inhibido en favor de un juzgado de instrucción de Valencia.